Alias Otoniel Se frustra, otra vez, versión de ‘Otoniel’; Dijín tendrá que decir por qué
El capo iba a declarar ante JEP sobre falsos positivos. EL TIEMPO conoció detalles de la diligencia. Cuatro agentes con trajes especiales, pasamontañas y fuertemente armados llegaron hasta la sala del centro de reclusión donde permanece tras las rejas el cabecilla máximo del ‘clan del Golfo’, Dairo Antonio Úsuga David, y permanecieron en el recinto a pesar de que era de carácter reservado el testimonio que el capo iba a brindar ante dos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Aunque la diligencia -sobre el rol de la Fuerza Pública en los ‘falsos positivos’- alcanzó a ser instalada, tuvo que ser suspendida. Esto porque, para los togados, la Procuraduría, la defensa y hasta los representantes de víctimas, no habían condiciones para practicarle la prueba a ‘Otoniel’, a quien ni siquiera le retiraron el chaleco antibalas y las esposas de pies y manos para rendir su versión.
Según conoció este diario, el director del centro de reclusión alegó que por razones de seguridad nacional se debían mantener las medidas del cabecilla. Luego de la suspensión de la diligencia, la JEP le ordenó, en un plazo máximo de 48 horas, argumentar el por qué de estas medidas.
«Entre las intervenciones durante la diligencia se expuso jurisprudencia alegando que recibir el testimonio de ‘Otoniel’ bajo esas condiciones significaba una coacción psicológica y física, que impide el discernimiento del testigo», dijo una fuente cercana al proceso.
De hecho, se cuestionó que hubiera presencia no solo de agentes de custodia armados, sino de oficiales de la Policía, considerando que era un testimonio reservado y, sobre todo, que según ha contado el capo, involucrarían a generales en retiro y exfuncionarios del DAS que habrían participado en las ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’), cometidas en los Llanos Orientales.
En la versión participaron el magistrado Óscar Parra, quien investiga las ejecuciones en el departamento del Casanare, y el magistrado auxiliar Hugo Escobar, quien tiene la lupa puesta sobre los asesinatos cometidos en el Meta.
De acuerdo con las fuentes, los togados habrían solicitado garantías para adelantar la diligencia en otras condiciones. Por ahora, habrá que esperar a la respuesta del director del centro de reclusión de la Dijín para conocer una eventual reprogramación del testimonio.
