Aníbal Gaviria: las pruebas que ordenó la Corte Suprema en su caso

La defensa del gobernador solicitaba la nulidad al estimar que tramitar este caso bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, que se aplica a los aforados, vulnera sus garantías fundamentales, tal y como lo había advertido en ocasiones anteriores, cuando cuestionó la medida de aseguramiento que le dictó la Fiscalía

El alto tribunal negó tal pretensión al estimar que ya se ha pronunciado acerca del estatuto procesal aplicable al presente caso: «Es importante precisar que, contrario a los planteamientos del peticionario, que un proceso se rija bajo la Ley 600 de 2000 no implica per se el desconocimiento de garantías, pues tanto en el referido estatuto procesal, como en el consagrado en la Ley 906 de 2004, y que a la fecha coexisten, se deben garantizar plenamente los derechos fundamentales del procesado «, dijo la Corte.

«Si bien se ha dicho que es esta la oportunidad procesal para solicitar nulidades originadas en la fase de investigación, lo cierto es que el mero desacuerdo o reproche de decisiones en las cuales esta Sala ya ha tomado una determinación sobre la discusión acerca del régimen aplicable al presente asunto no habilita a la defensa para elevar otra vez el mismo pedimento», dijo la Corte.

Las pruebas que se ordenaron

Gaviria fue acusado por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por presunta irregularidad en el contrato de infraestructura 2005-CO-20-3351 para el mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz tramo La Cruzada-Caucasia, sector nuevo Oriente-EscarralaoÂcelebrado el 22 diciembre de 2005 entre la Gobernación y el Consorcio Troncal de la Paz.

Gaviria delegó para ello a la Secretaría de Infraestructura. El contrato fue pactado inicialmente en $41.663.432.778, con dos adiciones de $3.995.000.000 y $16.334.778.700, más la ampliación del plazo en 22 meses. Y se pagaron tres anticipos.

En concreto, se le cuestiona la falta de vigilancia al proceso pues, cuando se hizo, la cuenta bancaria destinada a su depósito no tenía inscripción de la firma de interventoría, entre otros.

A petición de la Defensa, la Corte ordenó la práctica en el juicio oral de los testimonios de Luz Elena Gaviria y Juan Fernando Meza, exsecretarios de Hacienda de la Gobernación de Antioquia para que expliquen el rol que ejerce el representante legal de una entidad pública de categoría especial en los trámites de pago y supervisión de anticipos.

Igualmente, hablarán sobre el conocimiento que tienen sobre el manejo de las autorizaciones y pagos de anticipos a favor de los contratistas, así como de las personas que funcionalmente ostentan la responsabilidad de garantizar su correcta destinación.

Se escuchará a Jesús Antonio Ruíz, profesional universitario adscrito a la Dirección Administrativa y Contractual de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia para la época de los hechos y que avaló el contenido del contrato 2005-CO-20-335.

Con su testimonio, la defensa de Gaviria pretende determinar el motivo por el que se modificó el porcentaje del anticipo al momento de la celebración del contrato, así como el conocimiento que este tuvo sobre el asunto y las órdenes que dio.

Se escuchará al ingeniero civil Jaime Bateman Durán; al exalcade El Bagre  Gumersindo Gómez Mendoza y al actual mandatario local Faber Enrique Trespalacios; a Víctor Darío Perlaza Hinestroza, alcalde de Zaragoza para el periodo 2008-2011 y 2020 -2023; a Jorge lván Valencia Rivera, alcalde de Caucasia para el periodo 2008-2011; a Félix Olmedo Arango Correa, alcalde encargado del municipio de Caucasia para el periodo 2020-2021; y a Santiago Cardona, Vicepresidente de Operaciones en Colombia de la compañía Mineros S.A.

Además, se ordenó hacer una complementación, adición y aclaración de un dictamen pericial de 15 de septiembre de 2020 ordenado por la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Y se solicitó al consorcio DIN-SEDIC, interventor del contrato 2005-CO-20.335, que diga a la Corte cuáles fueron las mayores cantidades de obra pagadas con su adición No. 1, así como para que aporte los informes de interventoría al contrato 2005-CO20-335 correspondientes a los meses de enero y marzo de 2008, diciembre de 2009 y junio de 2010.

A petición de la Fiscalía, la Corte ordenó los testimonios de  Juan Esteban Calle, Secretario de Hacienda para la época de los hechos; de Pedro Juan González, miembro del comité asesor de contratación; y de Héctor Fabio Vergara Hincapié, director Técnico Jurídico integrante del Comité de Contratación, para que hablen sobre el proceso de contratación, las funciones asignadas y la vigilancia ejercida por Gaviria.

Igualmente, se escuchará a Marta Lucía Acevedo Pérez, para que dé cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que dieron lugar a las adiciones del contrato principal objeto de investigación.

En el juicio también declarará Óscar España para que informe sobre los fundamentos de la adición y ampliación del objeto del contrato 2005-CO-20-335 correspondiente al diseño y construcción del puente del río Nechí ; Y luis Fernando Solarte Viveros, representante legal del consorcio Troncal de la Paz.

Además, serán escuchados José Ignacio Narváez Mora, gerente administrativo del proyecto Mejoramiento y Pavimentación de la Troncal de la Paz; Juan Diego Londoño Correa, director de Interventoría; y Nadia Maryori Maya Lopera, exdirectora de Desarrollo y Evaluación Contractual de la Secretaría de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia.

A petición de la defensa del Gobernador, la Corte aceptó como pruebas igualmente varios decretos que dan cuenta sobre las asignación de la planta de cargos del personal, así como de las funciones y requisitos de los cargos de nivel directivo de los diferentes organismos de la Administración; y de la estructura administrativa de la Gobernación.

Igualmente se aceptaron documentos que certifican el número de servidores públicos que anualmente estuvieron adscritos a la entidad entre los años 2001 al 2021, así como los sancionados en dicho periodo; así como el decreto que ordenó certificar las licitaciones públicas adelantadas por la Secretaría de Infraestructura Física durante el periodo 1997-2007.

En el proceso contará como prueba la respuesta a un derecho de petición de abril de 2021, con el que se solicitó copia de los estudios jurídicos, técnicos y financieros que soportaron la entrega del anticipo del 25% al adjudicatario del proceso licitatorio para el mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz; copia de los estudios jurídicos, técnicos y financieros que soportaron el incremento del anticipo al momento de la firma del contrato 2005-CO-20-335 y copia del cuadro de las mayores cantidades de obra allegados por la Directora de Desarrollo y Evaluación Contractual.

Igualmente, contará el pliego de condiciones del proceso licitatorio SCO-002-2001 Briceño – Tunja – SogamosoÂdel instituto Nacional de Vías; los contratos de interventoría y sus informes entre 206 y 2010; y los diseños de la fase 2 del puente sobre el río Nechí con la cual se pretende argumentar por la defensa que no fue improvisado y que sí tenía estudios previos, entre otros.