Anomalías en libros de salvoconductos de IV Brigada pruebas contra investigados

Se trata del libro en el que quedaban las constancias de las armas y los permisos de porte otorgados a ciudadanos. En este aparece el número de registro de la solicitud, el nombre y apellido de quien recibía el permiso, su cédula, la clase de arma autorizada con sus números y series asignadas, la fecha de vencimiento del permiso y la firma y huella de quien reclamaba el arma.

El registro se llenó a mano y es la base de la investigación “Galicia” del Comando de Apoyo de Combate para la Contrainteligencia Militar CACIM, a la que tuvo acceso BLU Radio y que involucra a más militares en el escándalo de corrupción del Ejército que ya deja cinco personas capturadas y un general removido de su cargo.

Según consta en la investigación “Galicia”, contrainteligencia militar revisó el libro de registro y concluyó que “tiene espacios en blanco con la firma y huella, pero no hay información sobre el ciudadano que recibió o al que fue asignado el permiso”.

La Fiscalía encontró otra irregularidad. “Hay un alto porcentaje de permisos especiales que fueron otorgados en la Cuarta Brigada en el lapso analizado, que no están registrados en el sistema�que administra el Departamento de Control Comercio de Armas”. Esas son las armas que terminaron en manos de los cabecillas de “La Oficina” y sus escoltas.

Y esa irregularidad coincide con otra evidencia de corrupción en el otorgamiento de permisos en la Cuarta Brigada.

“Se consultaron 100 personas registradas en los libros de permisos especiales otorgados en la Cuarta Brigada entre 2016 y 2018, encontrando que el 60% tiene algún tipo de anotación o antecedente en la Fiscalía General de la Nación”, se lee en la investigación en poder de BLU Radio.

Con estas irregularidades evidenciadas por contrainteligencia militar, la Fiscalía abrió la investigación que ya deja cinco personas capturas y se prevé que sean al final nueve detenidos: cuatro militares activos, un militar retirado y cuatro civiles contratistas y tramitadores de la Cuarta Brigada y el departamento de Control Comercio y Armas en Bogotá y Medellín.

Ya ha reconocido la Fiscalía que esta red de corrupción al interior de la Cuarta Brigada quedó en evidencia con las capturas de cuatro cabecillas de La Oficina conocidos con los alias de ‘Tom’, ‘Lindolfo’, ‘Pichi Belén’ y ‘Chicho’,�quienes tenían armas con salvoconductos y permisos de porte, pese a que eran los hombres más buscados del Valle de Aburrá.

Según la investigación a la que tuvo acceso BLU Radio, esas armas llegaron a los capos de La Oficina a través de un coronel vinculado al departamento de Control Comercio y Armas en Bogotá�y a un mayor del Ejército adscrito en su momento a la oficina de control de armas en Usaquén. Ellos tenían como enlaces en Medellín a dos coroneles que hacían parte de la cúpula de la Cuarta Brigada cuando estaba al mando el general Romero.

Fuentes de la Cuarta Brigada confirmaron que uno de esos dos coroneles tuvo una investigación interna en la unidad por la emisión de salvoconductos, investigación que inició hace 3 años y en 2018 fue remitida a la Séptima División.

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En esta investigación también hay civiles involucrados. El primero es un jugador de fútbol profesional quien tiene 16 armas asignadas por la Cuarta Brigada y el dueño de un establecimiento comercial�cercano a esa unidad militar en Medellín, donde se venden prendas de uso exclusivo del Ejército. Su representante legal aparece con 42 armas a su nombre.

Al final la investigación “Galicia” revela que, tras analizar al libro de registro de los permisos especiales otorgados por la Cuarta Brigada del Ejército entre los años 2016, 2017 y 2018, se encontraron 65 casos de permisos especiales otorgados para porte de armas a personas que tenían antecedentes.

Ahora la Fiscalía terminará con la primera fase de capturas por estas irregularidades que contempla nueve detenciones, de las cuales ya ha ejecutado cinco y deberán responder por malos manejos en salvoconductos y gastos reservados en la Cuarta Brigada.

En la segunda fase, el ente acusador va a solicitar órdenes de capturas de al menos cuatro personas más, dos de ellas militares activos, involucrados en el otorgamiento ilegal de permisos especiales de porte de armas.