Aplicó Duarte el sistema de lavado de dinero en el PRI

Aplicó Duarte el sistema de lavado de dinero en el PRI

Fuente: EL MEXICANO (Ver Noticia Original)

CHIHUAHUA, Chih.- Los recursos del Gobierno del Estado enviados al PRI en el sexenio de César Duarte podrían superar los 250 millones de pesos, pues la denuncia actual por la que ejerció acción penal la Fiscalía de Delitos Electorales de la PGR es de 79 millones de pesos, pero sólo corresponde a la administración centralizada, aún se investigan los organismos descentralizados, reveló la secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos.

Mensualmente, informó, se extraían del presupuesto del estado entre un millón y un millón 200 mil pesos, de los descuentos del 5 por ciento que se aplicaban a mandos medios y altos de la estructura estatal, por los cuales se giraba un cheque que era endosado al Servicio Panamericano de Protección y éste a su vez lo cambiaba para regresar el efectivo.

Pero estos recursos por los que se presentó una primera denuncia por peculado electoral, sólo corresponden al 31 por ciento de la estructura gubernamental, es decir la administración pública centralizada, donde laboran unos 29 mil empleados; pero actualmente se realiza una revisión a los organismos de la administración pública descentralizada, donde laboran unos 65 mil trabajadores, es decir el 69 por ciento de la plantilla burocrática.

“Suponemos, por la forma de operar que hemos detectado, que lo mismo que se aplicó en las dependencias centralizadas, se hizo en las descentralizadas, Juntas de Agua, Servicios de Salud y otros organismos”, señaló la secretaria. “Lo que se denuncia es el uso de la estructura de la Secretaría de Hacienda para favorecer a un partido político”.

La mayor parte del presupuesto de la entidad, dijo Olmos, se maneja a través de los organismos descentralizados del gobierno, por lo que el delito electoral se incrementaría a un nivel todavía desconocido, ya que precisamente es lo que se está haciendo para detectar en cuáles dependencias se siguió esta práctica y con qué montos, aunque se estima que fue similar en todo el aparato público.

EL ORGANIGRAMA

Entrevistada en su despacho, la secretaria de la Función Pública muestra el organigrama del Gobierno del Estado donde se contemplan todas las secretarías que dependen del jefe del Ejecutivo, las cuales conforman la administración centralizada, cuya nómina general es manejada por la Secretaría de Hacienda.

De esas dependencias centralizadas, dijo, es de donde sale la denuncia por peculado electoral en contra del exgobernador César Duarte y otros colaboradores de su administración, por los descuentos que se hacían en el sexenio pasado a los empleados que eran obligados a firmar una autorización para descontarles de sus ingresos determinada cantidad, un 5 por ciento de su ingreso, para entregarse al PRI.

En el organigrama aparecen los organismos descentralizados, que están sectorizados a alguna de las dependencias centrales, pero tienen autonomía y patrimonio propios, para administrarse. Es en esos organismos descentralizados donde ahora se investiga lo que se pudo haber desviado al PRI durante el sexenio 2010-2016.

Las dependencias de la administración centralizada apenas tienen el 31 por ciento de los empleados públicos que laboran en el Gobierno del Estado, el otro 69 por ciento trabaja en los organismos descentralizados y hay indicios sólidos en varios de estos de que se aplicó la misma técnica.

 

LAS APORTACIONES EN EFECTIVO AL PRI

 

Olmos Loya explica la forma en que se tomaban los recursos del Gobierno del Estado para entregarse al PRI, pero insiste en que no es delito que un militante de cualquier partido, tome de su sueldo y haga una aportación voluntaria para el organismo que quiera donar, pero en el caso de la pasada administración se utilizaba un sistema público para hacer dichas aportaciones.

Por un lado, señaló, se obligaba a los trabajadores a firmar una autorización de descuento y por otro, el sistema administrativo de la Secretaría de Hacienda se utilizaba con ese fin de hacer las aportaciones al PRI, para favorecer a un partido político, lo cual es indebido.

Explicó que según las investigaciones de la Función Pública que tomó la Fepade, se hacían las retenciones de la nómina que dispersaba la Secretaría de Hacienda a todo el personal en el sexenio pasado, por lo cual el monto global, que variaba entre un millón y un millón 200 mil pesos, debido a lo que variaba la plantilla de empleados, se concentraba en un cheque de la misma dependencia, a favor de la misma. “Eso es algo confuso, si yo giro un cheque lo hago para un tercero, no para mi misma”, comentó.

El cheque era endosado al Servicio Panamericano que maneja los valores del Gobierno del Estado, pagándose la cantidad en efectivo a la dependencia estatal, la cual a su vez la entregaba al secretario de Finanzas del PRI Estatal.

“Hay recibos firmados por el secretario de Finanzas, donde dice en el concepto que son aportaciones del Ejecutivo al PRI, ni siquiera de los empleados, del Ejecutivo”, señaló Olmos Loya.

 

EL PAPEL DE LA FEPADE Y LA PGR

 

“Nosotros estamos muy contentos del trabajo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR, pues tomó de forma muy seria y profesional el caso, lo investigó y ahora ha logrado una orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua para llevarlo ante un juez federal”, comentó la secretaria. “Para nosotros es muy importante que la Fepade lo haya validado e investigado, porque lamentablemente es una práctica común en el país y este caso sentará un precedente nacional, es de relevancia nacional este trabajo que comenzó en Chihuahua”.

Explicó que la Fepade consignó la investigación a un juez y se fijó como fecha el 23 de junio para que acuda el exgobernador y otras 7 personas involucradas en el ilícito, pero en vista de que Duarte Jáquez no ha podido ser localizado en sus domicilios en México y se presume que está en otro país, la Fiscalía de la PGR solicitó la orden de aprehensión que ha girado un juez federal para ubicar, detener y presentar al extitular del Ejecutivo.

La Fepade, señaló, en el curso de su investigación mandó personal a Chihuahua a verificar la denuncia de la Función Pública, hizo las periciales correspondientes, valoró los elementos de prueba, interrogó a empleados, para llegar a la presunción de un delito contra la administración pública. Unos empleados, aseguró, lo hicieron voluntariamente, aceptaron el descuento por ser militantes del PRI, pero aun así es ilegal. Otros denunciaron que lo hicieron bajo amenaza de perder su empleo o coaccionados por sus superiores, porque debían aportar para el partido.

Explicó también que la Fepade tomó como base de su acusación exclusivamente las aportaciones al PRI del año 2015, por ello se considera que el desvío de recursos es por 14 millones de pesos, en esa investigación; la denuncia de la Función Pública Estatal se contabilizó por 79 millones de pesos en todo el sexenio de Duarte, pero sólo por las aportaciones retenidas mediante las dependencias centralizadas del Ejecutivo, sin tomar en cuenta hasta ahora las descentralizadas, que es en lo que se centra actualmente.

 

CITA CON LA JUSTICIA

 

De no acudir el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez a la cita que le dio el juez federal para este viernes próximo, se libraría una nueva orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la causa penal federal 457/2017, dentro de la carpeta de investigación Fepade/UIL/B-VI-06172017.

En los libros electrónicos del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 310, 311 y 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en virtud de que la solicitud de cuenta reúne los requisitos formales mínimos que establece el artículo 141 de la Legislación Procesal Penal en Consulta, se fijan las quince horas (tres de la tarde) del 23 de junio del 2017 para que tenga verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación en la sala de juicios orales ubicada en la planta baja del Palacio de Justicia Federal ubicado en avenida Mirador número 6 mil 500, Residencial Campestre Washington.

El exgobernador César Duarte deberá de presentarse ante Eduardo Javier Sáenz Torres, juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el estado de Chihuahua, con funciones de control.

Cabe señalar que el 5 de diciembre del 2016, la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, para que se investigara la posible comisión de un delito electoral.

La denuncia que presentó la SFP, documentaba retenciones de 5 a 10 por ciento del salario de 700 empleados de mandos medios, recurso que se conjuntaba todo en un solo cheque, el cual se cobraba y en efectivo se entregaba a Pedro Mauli Romero Chávez, secretario de Administración y Finanzas del PRI en Chihuahua.

Durante el periodo de 2015 a 2016, la entonces administración estatal documentó al menos 14 millones de pesos que fueron aportados al PRI directamente desde la nómina estatal.

Aunque desde el inicio de la administración de César Duarte Jáquez se realizaron las retenciones de montos salariales de los trabajadores, que fueron a dar a las arcas del PRI, la investigación de Fepade detalla que del 2014 al 2016 se utilizó el recurso con fines de promoción electoral para distintas candidaturas.