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Asegurado exalcalde de Santa Fe de Antioquia por presunto peculado superior a 700 millones de pesos

 

Asegurado exalcalde de Santa Fe de Antioquia por presunto peculado superior a 700 millones de pesos

 

 

Asegurado exalcalde de Santa Fe de Antioquia por presunto peculado superior a 700 millones de pesos

 

Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original)

 

Por presuntas irregularidades en la compra de un lote para la construcción de un parqueadero que permitiera descongestionar el centro de la población y solucionar el problema de movilidad, la Fiscalía General de la Nación logró medida de aseguramiento domiciliaria en contra del exalcalde del municipio de Santa Fe de Antioquia Fredy León Rodríguez Vargas, y del contratista Guillermo Antonio Cantillo Vargas.

De acuerdo con  la investigación adelantada por un fiscal seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Antioquia, en noviembre de 2012, el entonces mandatario municipal firmó un contrato para la compra de un predio por valor de 1.450 millones de pesos, en el sector La Barranca de la mencionada población.  El avalúo del terreno fue realizado por una perito particular y no por un especialista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), como lo exigió el Concejo Municipal.

Varios meses después, y por solicitud de la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, se obtuvo un nuevo avalúo por parte de Igac, donde se estableció que el precio real del predio era de 727 millones de pesos.  En consecuencia, se determinó que hubo un detrimento patrimonial superior a los $722’000.000.

La Fiscalía descubrió que antes de la firma del contrato no hubo estudios de factibilidad y conveniencia, que hubo costos excesivos y que la compra del predio no solucionó los problemas de movilidad planteados.

En el marco del Plan Bolsillos de Cristal, cero tolerancia a la corrupción, a Rodríguez Vargas, alcalde elegido para el período 2012 – 2015, le fueron imputados cargos por los delitos de peculado por apropiación, en concurso con celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por acción. Entretanto, al contratista se le imputaron los mismos delitos pero en calidad de participante o interviniente. Los procesados no aceptaron cargos.

 

 

 

 

 

 

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