Bienes de las Farc para reparar a las víctimas están en riesgo

El Estado no sólo tiene la difícil tarea de desmantelar las bandas criminales y disidencias que quedaron después de firmado el Acuerdo de Paz con las Farc, sino que también corre con urgencia para ganarles la carrera a las organizaciones ilegales que persiguen los bienes que esa antigua insurgencia reportó el año pasado como activos para reparar a las víctimas. Una fuente del alto gobierno manifestó que algunas de las disputas en los territorios�se originan en el interés por esas caletas.

“Varios grupos como el Eln están buscando información sobre depósitos de armas y de dinero de las antiguas Farc, y por eso han sido asesinados algunos excombatientes”, dijo el funcionario. De ahí que, siete meses después de que la exguerrilla entregara el listado de bienes, los cuales ascienden a $963.241 millones, la Sociedad de Activos Especiales�(SAE), designada para recibir, administrar y distribuir esos recursos, tan sólo ha recuperado $21.735 millones, representados en oro, dinero en efectivo y ganado.

El pasado 20 de marzo, el máximo líder de la FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko, informó al país de la entrega de 19.113 gramos de oro para reparar a las víctimas del conflicto armado. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter, con una foto de las 40 platinas. Explicó que con esta entrega su organización completaba 155.875 gramos de oro de los 267.520 reportados en el inventario que recibió Naciones Unidas en agosto pasado.

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Es decir, alrededor de 111.000 gramos de oro aún están en caletas en los antiguos territorios de guerra, que las organizaciones criminales hoy se disputan como un jugoso botín.

La recuperación de esos bienes empezó el 22 de septiembre de 2017, con la recolección de 197 gramos de platino, $1.000 millones en efectivo y 32.525 gramos de oro, equivalentes a $3.602 millones. Ese primer operativo se desarrolló, con apoyo del Ejército y la Policía, en la vereda Llano Grande del municipio de Dabeiba (Antioquia), previa entrega de las coordenadas por parte de los excombatientes a los funcionarios de la SAE.

De la misma manera se ejecutó otro operativo el 27 de diciembre de 2017, en la vereda La Plancha del municipio de Anorí (Antioquia). El resultado fue la recuperación de $509 millones en efectivo y 500 gramos de oro, equivalentes a más de $55 millones.

Antes de iniciar los operativos de 2018, el 12 de febrero, Pastor Alapesorprendió con una solicitud de 16 páginas al director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez, en la cual le pidió la adopción de medidas cautelares de protección para asegurar los bienes de la antigua insurgencia destinados a reparar a las víctimas. Y el argumento era el mismo: las disidencias, el Eln y otros grupos ilegales están detrás de las caletas con dinero en efectivo y oro.

“Los exmiembros de las Farc-Ep hemos advertido que en varias zonas del país existe riesgo de pérdida de los bienes por la dificultad de custodia de estos, pues ya estamos desarmados y sin capacidad de protección de los bienes en áreas de influencia de la disidencia y demás grupos al margen de la ley”, recalcó Alape en la carta, insistiendo en la necesidad de que el Estado agilice la recolección de dichos bienes.

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Posteriormente a esta advertencia se desarrolló otro operativo, el 14 y 15 de febrero de 2018, en La Macarena (Meta). Allá, según los reportes de la SAE, se recolectaron 102.737 gramos de oro, equivalentes a $11.380 millones. También recibieron US$450.000, equivalentes a $1.282 millones. En Caño Indio (Norte de Santander) se ejecutó otra operación el 15 de febrero y se hallaron $500 millones en efectivo.

A pesar de estos operativos exitosos, la misión de los dos días siguientes, 16 y 17 de febrero, en otra caleta de La Macarena, fracasó. Según reportes de la SAE, ese día no hubo hallazgo en las coordenadas que entregaron las Farc.

Sobre ese caso puntual, Alape explicó en su carta a la JEP que, “a pesar de la solicitud por parte de los exintegrantes de las Farc de continuar con la búsqueda, la SAE manifestó que no era posible al no existir los recursos presupuestales necesarios”.

Sólo el Estado y la FARC saben cuántas son y dónde están las caletas que están pendientes por desmantelar. Sin embargo, si se calcula la diferencia entre los bienes reportados y los entregados, se puede concluir que el monto de los bienes que está en riesgo de ser usurpado por organizaciones al margen de la ley podría llegar a los $14.396 millones en efectivo y 112.645 gramos de oro.

Eso por el lado de los billetes y el metal, pero si analizamos lo que sucede con activos como los semovientes, la situación parece más compleja. Según lo reportaron las Farc en agosto de 2017, la organización armada tenía cerca de 21.000 cabezas de ganado, búfalos y caballos, pero en el último reporte de la SAE figura que sólo se han recuperado 158 ejemplares.

En cuanto a los otros bienes, como medios de transporte, infraestructura vial, entre otros, Diego Morales Silva, gerente de proyectos especiales de la SAE y encargado de administrar este fondo, dijo que la entidad ha avanzado en la coordinación con otras instituciones del Estado para la respectiva recepción de esos activos. “Por ejemplo, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) diseñó y aprobó un procedimiento especial para la recolección de semovientes”, manifestó a través de un escrito, por solicitud de Colombia2020.

Explicó que estos bienes están en custodia del Estado así: el Banco de la República tiene el oro, Bancolombia resguarda el dinero en efectivo y el ICA los semovientes, a través de un contratista especializado.

Además de estos activos, el fondo para reparar a las víctimas recibirá los bienes de los supuestos testaferros de las Farc que ha incautado la Fiscalía General de la Nación. Sobre este particular, el funcionario de la SAE aclaró que este trámite sólo se surtirá una vez se cumpla el proceso de extinción de dominio en cada caso.

El riesgo sigue latente. Un ejemplo claro es lo que sucede en el Pacífico nariñense, donde las disidencias dejaron sin fluido eléctrico a todo el puerto la semana pasada, lo que dificulta la ejecución de los operativos para recuperar los bienes de las Farc en esa zona.

Este tema no es nuevo. Desde que las Farc entregaron los listados en agosto de 2017, advirtieron del peligro que corrían los activos que hicieron parte de lo que llamaron “economía de guerra”.

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En el anexo número seis a ese listado, la organización había denunciado que el ganado de los frentes 14, 15 y la columna Teófilo Forero se lo estaba llevando la disidencia.

Y complementó su advertencia con una consideración para el Gobierno Nacional: “se tiene información de que, respecto a los bienes reportados por los bloques Sur y Oriental, muchos de ellos podrían haber quedado bajo control de la disidencia de las Farc-Ep o que incluso pueden estar siendo apropiados por terceros. Por dicho motivo se solicita que el Gobierno adelante urgentemente las medidas�necesarias para la protección de la totalidad de los bienes incluidos en este inventario, así como para la recuperación de los que hubieran sido usurpados por terceros”.