Boyacá: dos exalcaldes condenados por delitos contra la administración pública
Boyacá: dos exalcaldes condenados por delitos contra la administración pública
Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original)
Los acusados se enfrentan a condenas en establecimiento carcelario de entre 3 y 6 años. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer este lunes 3 de enero de 2022 que fiscales adscritos a la Unidad Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Boyacá de la Fiscalía General de la Nación lograron que jueces de conocimiento condenaran a los exalcaldes de los municipios de Caldas y Sáchica (Boyacá), responsables de delitos contra la administración pública. En una de las sentencias también se condena a un exsecretario de planeación y a tres contratistas.
El caso de Caldas
Según informó la entidad, el primer caso se relaciona con José Rubiel Páez, exalcalde de Caldas (Boyacá), quien estuvo en el cargo en el periodo 2008-2011 y fue condenado a 6 años y 3 meses. “En primera instancia un juez de conocimiento de Chiquinquirá determinó la responsabilidad del exmandatario en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con falsedad ideológica en documento público”, detalló.
Las pruebas de la Fiscalía demostraron que en diciembre de 2011 “Páez contrató la remodelación de la estación de policía del municipio de Caldas usando una modalidad que no aplicaba por la cuantía y el objeto del contrato”. También se encontró el hecho que el acusado “firmó las actas de recibo final y de liquidación del contratosin que el mismo se hubiera ejecutado”.
En este caso, el juez ya libró orden de captura contra el hoy condenadopara que cumpla la sentencia en establecimiento carcelario.
Cabe recordar que, en 2017 en fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a Rubiel Páez por irregularidades relacionadas con el incumplimiento de un contrato de crédito y cesión de derechos de los recursos del Sistema General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico por más de 1.300 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, “el 5 de noviembre de 2010 el municipio suscribió el citado contrato con la Alianza Fiduciaria S.A., en virtud de este, el entonces mandatario celebró un contrato de obra y otro de consultoría para el plan maestro de alcantarillado de Caldas (Boyacá)”. La entidad también precisó que dichos acuerdos debieron suspenderse porque el municipio no contaba con los predios en los cuales debía adelantarse la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
“Luego de que el Concejo Municipal autorizara al mandatario para la compra y adquisición de los predios necesarios, el entonces alcalde manifestó que no había sido posible negociar el terreno y, en consecuencia, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad absoluta del contrato de obra, razón por la cual el proyecto no se ha realizado (…) Rubiel Páez incumplió el contrato y las obligaciones previstas en las normas legales y reglamentarias asociadas al Sistema General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico”, detalló.
El caso de Sáchica
Héctor Antonio Amado es el otro de los exalcaldes condenados. Ejerció el cargo en el municipio de Sáchica (Boyacá) y fue acusado de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, y falsedad ideológica en documento público, junto a su secretario de planeación Fabián Augusto Aconcha y a 3 contratistas.
Tanto el exmandatario como el exsecretario y dos de los contratistas deberán purgar penas de 45 meses de prisión, cada uno. El tercer contratista fue sentenciado a 39 meses de cárcel.La decisión judicial fue proferida por el Juzgado Cuarto Penal de Tunja tras la aceptación de cargos por los procesados.
La información detalló también que, “las irregularidades investigadas se presentaron en la contratación para el mantenimiento de las vías veredales del municipio”, en un compromiso que representó la cuantía de 120 millones de pesos y la interventoría por 6 millones de pesos.
“Estas sumas fueron canceladas sin que se ejecutarán las obras respectivas”, precisó La Fiscalía y asimismo agregó que Amado presentó como soporte para el cobro de los recursos públicos actas, informes registros fotográficos y documentos falsos.
