Cabezas del grupo Solarte conocían de sobornos, dice la Fiscalía

 En el inicio de la imputación de cargos contra Carlos Alberto Solarte y su hija Paola Fernanda Solarte, cabezas de Cass Constructores, una de las más poderosas firmas de la construcción en el país, la Fiscalía�aseguró que los dos empresarios tuvieron conocimiento de los sobornos que se pagaron en el 2009 para que se adjudicara el contrato Tunjuelo Canoas al consorcio del que hacían parte.

Ese interceptor fue construido para descontaminar el río Bogotá y costó más de 45.000 millones de pesos. El negocio quedó en cabeza del Consorcio Canoas, del que hacían parte Odebrecht�y el grupo Solarte.�

Ante el juez 30 con control de garantías, la Fiscalía señaló a Carlos Solarte por interés indebido en la celebración de contratos, y a su hija Paola por el mismo cargo y el de cohecho. El delegado del ente acusador dijo que de ser hallados responsables por esos hechos podrían recibir una pena de entre 14 y 25 años de prisión.

Según la investigación, las cabezas del grupo Solarte –firma cuyos contratos de infraestructura superan los 10 billones de pesos, con proyectos claves en TransMilenio y de las vías 4G– estuvieron al tanto y aceptaron las maniobras ilegales que se realizaron para que la administración de Samuel Moreno entregara ese megacontrato.�

Según la Fiscalía, los Solarte actuaron con dolo porque “conocían que se estaban interesando indebidamente junto con los servidores públicos y particulares en el trámite y celebración de la licitación”. Agregó que lesionaron “la administración pública, afectando principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva propias de la contratación estatal”.�

Según la investigación, una vez la obra quedó en manos de Paola Solarte y Orlando Fajardo (contratista), “pagaron a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas la suma de 1.000 millones de pesos por la adjudicación”.