Cambio de juez en tutela de Centros Poblados sobre caducidad de contrato en Mintic

La unión temporal Centros Poblados tiene en debate su primer avance en materia de tutela, luego de que ayer el Juzgado 1° Municipal de Puerto Colombia (Atlántico) suspendiera provisionalmente la caducidad del billonario y polémico contrato firmado con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Por un día, Centros Poblados logró que el Mintic no caducara, y así finalizara, el acuerdo de internet rural, sin embargo, el mismo juez tomó una nueva decisión de fondo y rechazó la tutela presentada por la unión temporal. Le entregó el expediente a otro juzgado, el cual decidirá si la demanda es procedente o no.

En menos de 24 horas, el Juzgado 1° de Puerto Colombia rechazó la tutela presentada por Centros Poblados. Ayer, como medida provisional, mientras se estudiaba la demanda de fondo, se decidió no aprobar la caducidad del contrato ordenada por el Mintic, cartera que el pasado 19 de julio y 13 de agosto dio por terminado el acuerdo por las probables irregularidades presentadas. Con un presupuesto de $1,07 billones, del cual se pagó un anticipo por $70.000 millones, se pretendía construir 10.000 centros digitales en zonas rurales del país. Sin embargo, la esperanza poco a poco se convirtió en un escándalo por presunta corrupción.

Aunque el despacho judicial no precisó si la suspensión de la caducidad del contrato sigue en firme, dejó claro que el expediente de tutela quedó en manos del Juez Civil de Circuito de Barranquilla, quien es el competente natural para resolver el debate. En el documento, Centros Poblados explica que su participación ha sido honorable dentro de la polémica y, además, tendría como probar que no tiene ninguna responsabilidad en la supuesta emisión de pólizas falsas, por las cuales el Mintic caducó el contrato. La unión temporal agregó que ninguna eventual irregularidad se le puede acusar.

La tutela tiene efectos de una importancia superlativa, pues el juez también ordenó se congelara toda actuación del Mintic, en cabeza de la ministra Karen Abudinen, relacionada con el contrato de internet rural. Entre esas determinaciones estaba el embargo de bienes, inmuebles y cuentas a Centros Poblados y sus integrantes, ordenado por la cartera el pasado 20 de agosto. Abudinen aseguró que se podrían recuperar los $70.000 millones del anticipo.

La Procuraduría General asegura que, desde el pasado 27 de julio, se abrió una indagación preliminar sobre el contrato 1043/2020 celebrado por el Mintic a finales del año pasado. Según se ha podido conocer, a corte de abril, Centros Poblados solo ha avanzado en un 1%. “Actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación”, explicó la Procuraduría. Asimismo, la procuradora Margarita Cabello afirmó en entrevista radial que se ha reunido personalmente, incluso en su propia casa, con Abudinen.

El fiscal general Francisco Barbosa, por su parte, ha anunciado que se le sigue la pista al expediente como un posible caso de “corrupción”. El jefe del búnker anunció que la investigación fue priorizada y es un encargo especial para el director nacional Anticorrupción de la entidad. “Existe la estructura de un grupo de tareas especiales, donde se involucra también al coordinador de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia (que investiga ministros), y tenemos las líneas investigativas para cada uno de esos hechos”, agregó Barbosa.

Entre los avances que ha tenido la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía está la inspección a la sede del Mintic, ayer 24 de agosto, con el objetivo de recaudar la documentación relacionada con el polémico contrato que tiene en el ojo del huracán a Abudinen. No obstante, la ministra defiende su inocencia y asegura que su cartera ha actuado correctamente. De su lado está el presidente Iván Duque, quien asegura que Centros Poblados actuó de manera desleal.