Capturan al alcalde de Nechí Antioquia quien era prófugo de la justicia
Capturan al alcalde de Nechí Antioquia quien era prófugo de la justicia
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
En un operativo conjunto, en el que participó el Ejército y la Fuerza Aérea, el CTI detuvo a Miguel Enrique Franco, quien está condenado por la Corte Suprema a cinco años de prisión por el nombramiento irregular de una funcionaria durante su primera administración.
En la vereda Trinidad de Nechí, Antioquia, fue capturado el actual alcalde de ese municipio, Miguel Enrique Franco, quien era prófugo de la justicia desde hacía tres meses. En un operativo conjunto de la Fiscalía, Ejército y la Fuerza Aérea, se pudo dar con el paradero del mandatario local, quien fue condenado por la Corte Suprema por el delito de prevaricato.
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Gracias a este cambio, Franco pudo nombrar a Everilda Liseth Osorio Martínez como secretaria de Hacienda y tesorera de Nechí, quien, según su hoja de vida, tenía un bachillerato técnico administrativo y su experiencia con el manejo de dinero era haber trabajado un año como cajera. Tras haberse emitido la condena, Franco se dio a la fuga. Tras no dar con su paradero, hace dos semanas, la Gobernación de Antioquia ofreció $20 millones por información que pudiera dar con la la captura del mandatario local.
Ante ese evidente favorecimiento, en septiembre de 2009, ante un juzgado de Caucasia (Antioquia), la Fiscalía le imputó el delito de prevaricato y luego lo llevó a juicio. Pasados cinco años, en 2014, al mandatario fue absuelto tanto en primera como en segunda instancia. Esto le permitió volver a ser candidato y a ser reelecto como alcalde del municipio, para el período 2016-2020, por el movimiento Opción Ciudadana.
El ente investigador llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, donde el proceso duró otros cinco años y en marzo pasado los magistrados encontraron méritos para imponerle una condena de cinco años de prisión y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante siete años y diez meses. Al ser la primera autoridad judicial en condenarlo, por ley, tiene derecho a impugnar la decisión ante la misma corporación.
