Cargos a exsecretarios de Seguridad de Cali por aparente omisión para corregir fallas del sistema de video vigilancia en la ciudad
Cargos a exsecretarios de Seguridad de Cali por aparente omisión para corregir fallas del sistema de video vigilancia en la ciudad
Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de los exsecretarios de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas Cruz (2020 – 2021) y Carlos Javier Soler Parra (2021 – 2022), por una presunta omisión en su deberde garantizar el debido funcionamiento de las cámaras de seguridad de la ciudad.
Al parecer, los entonces funcionarios no habrían adoptado de manera oportuna los correctivos contractuales necesariospara lograr el funcionamiento eficiente del servicio de cámaras de video, así como de los bienes que se adquirieron para cumplir con esa finalidad.
Las fallas en el funcionamiento del sistema fueron advertidas en su momento por el Grupo de Telemática de la Policía Metropolitana de Cali, a través de comunicaciones enviadas a la Secretaría de Seguridad y Justicia de la ciudad entre 2020 y 2021, sin que desde esa dependencia se hubiesen adelantado procesos de incumplimiento o actuaciones administrativas tendientes a conseguir la ejecución de las pólizas de garantía de los equipos.
Para el Ministerio Público “se está en presencia de una conducta omisiva, de carácter permanente para los años 2020 a 2022, la cual es imputable al competente contractual que por delegación y rol funcional asumió el deber de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia, esto es el secretario de Seguridad y Justicia de Cali”.
En el pliego de cargos, el órgano de control precisó que los comportamientos omisivosde los disciplinados, al no asumir las acciones relacionadas con la aplicación de la garantía, “están descritos como violación a los deberes generales de los servidores públicos, en este caso del secretario de Seguridad y Justicia de Cali”.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta de los entonces funcionarios como una falta grave cometida con culpa grave.