Carlo Vigna Taglianti, director de la multinacional Poligrow, va a juicio
Carlo Vigna Taglianti, director de la multinacional Poligrow, va a juicio
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
El empresario italiano, asegura la Fiscalía, es uno de los responsables de un fraude que se habría gestado para conseguir tierras en Mapiripán (Meta). Está citado el 18 de mayo próximo en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá.
A pesar de que ante la comunidad internacional ha negado tener procesos penales abiertos, el director de Poligrow en Colombia, Carlo Vigna Taglianti, tiene una cita en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, el próximo 18 de mayo para que se inicie un juicio en su contra. El hombre que dirige esta compañía italoespañola, que tiene 7.000 hectáreas sembradas con palma de aceite en Mapiripán (Meta), fue llamado a juicio. Los cargos en su contra son concierto para delinquir, estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público y privado. Cargos que él, en la audiencia de imputación, el 16 de septiembre de 2015, negó rotundamente.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, radicado en el Centro de Servicios de Paloquemao, el 10 de diciembre de 2015, se lee que el empresario de 49 años habría orquestado un engaño junto con la sociedad Mesa Cárdenas y Cía. y que, con “maniobras engañosas”, logró tejer todo un entramado para quedarse con las mil hectáreas de Alfonso Caro Venegas, dueño de una buena porción de la finca Barandales (Mapiripán). La otra parte de esa finca, 1.590 hectáreas, le pertenecían a José Argemiro Mesa Garcés, padre de los socios de Mesa Cárdenas y Compañía, quien le entregó las mil hectáreas a Caro Venegas como pago de una vieja deuda. Ambos ya murieron; la pelea ahora es entre herederos.
El origen de todo este embrollo es que Argemiro Mesa Garcés y Alfonso Caro Venegas no alcanzaron a oficializar las escrituras de las mil hectáreas que le correspondían al segundo. Cuando Mesa Cárdenas murió, lo que existía era el acta de un acuerdo de cesión de tierras que ambos firmaron ante notario, el 1 de marzo de 1991. Pero Argemiro Mesa Cárdenas falleció sin que el negocio se hubiera terminado de concretar y luego, para rematar, vinieron los años difíciles de Mapiripán: las guerrillas, los paramilitares, la guerra, las amenazas, las masacres. Después, la expansión de los cultivos de palma. Así fue como el italiano Carlo Vigna Taglianti llegó con la multinacional Poligrow a la región, en 2008.
De mano en mano
Barandales fue, en un principio, terreno baldío. Tierra de nadie. En agosto de 1982, el Incora le adjudicó a Argemiro Mesa Garcés las 2.740 hectáreas que él bautizó con ese nombre y, desde antes de recibirlas, ya le había prometido a Alfonso Caro Venegas las mil hectáreas que hoy son el epicentro de la disputa. Cinco años más tarde, en enero de 1987, en la Notaría Primera de Bogotá, fue registrada la sociedad Mesa Cárdenas y Cía. Sus accionistas eran Argemiro Mesa, su esposa Maruja Cárdenas y sus hijos Martín Fernando, María Juliana y José Gabriel Mesa Cárdenas. La finca quedó en escrituras a nombre de la sociedad familiar, incluida la parte de Caro Venegas.
En 1996, los Mesa Cárdenas le entregaron 150 hectáreas a un hombre llamado Ricardo Ladino y así la finca pasó a medir 2.590 hectáreas. Para esa época, afirman personas que conocieron a Alfonso Caro Venegas y a su familia, él vivía en Bogotá y desde allí recibía temeroso las noticias de esta región golpeada por el conflicto. En 2005, según la Fiscalía, Argemiro Mesa le contó a Alfonso Caro Venegas que había alguien interesado en comprar la finca porque “se estaba desarrollando un proyecto de aceite de palma”. Hacia 2008, resaltó el organismo, Caro Venegas conoció a Carlo Vigna Taglianti en una reunión en un café Oma del norte de Bogotá. Luego vinieron más reuniones en las oficinas de Poligrow.
El interés de Vigna Taglianti era por toda la finca Barandales, incluida la parte de Alfonso Caro Venegas, cuya propiedad sobre la tierra se confirmó en 2005. La Fiscalía tiene en su poder un documento firmado el 9 de abril de ese año, en el que todos los socios de Mesa Cárdenas y Cía. reconocen el traspaso de las mil hectáreas a Caro Venegas, traspaso que seguía sin escriturarse. El documento, además, aceptaba que “en caso de venta de la finca Barandales, el señor Alfonso Caro tiene pleno derecho a que se le participe y se le entregue el valor correspondiente a mil hectáreas sobre la base del valor de la venta”.
Alfonso Caro Venegas falleció en diciembre de 2015 por un cáncer de médula ósea. Diez meses antes, le había dado a la Fiscalía todos los detalles de cómo había perdido sus mil hectáreas en Mapiripán. Caro contó que, desde el inicio, Vigna Taglianti mostró interés en comprar la finca Barandales para adelantar un proyecto de palma de aceite. Manifestó, sin embargo, que el empresario ofreció la compraventa del lote a un precio “excesivamente bajo”. El negocio no le sonó. Él —le dijo al organismo investigador— sabía por los medios de comunicación “de las inversiones que estaba haciendo el Gobierno en infraestructura, con el propósito de responder a la avalancha de inversionistas” que estaban llegando a la región.
Oposición de Caro Venegas
Las reuniones con la presencia de Alfonso Caro Venegas se acabaron en casi un año y los Mesa Cárdenas siguieron negociando con Carlo Vigna Taglianti por su cuenta. De ello dejó constancia el propio Caro Venegas, el 27 de octubre de 2009, fecha en que él le escribió a Vigna Taglianti una carta, la cual quedó con sello de recibido de la multinacional, donde indicó que los Mesa Cárdenas podían “negociar solamente la parte de la cual son dueños, que son 1.590 hectáreas”. Y agregó: “Como quiera que los señores Mesa Cárdenas han adelantado esta negociación sin mi conocimiento, me permito comunicar a ustedes que yo no autorizo la venta de la parte de mi propiedad”.
El 15 de abril de 2013, en un intento más por llegar a Vigna Taglianti, Alfonso Caro Venegas le volvió a escribir: “Intenté hablar con usted en varias oportunidades, pero nunca me autorizaron a su oficina y se me informaba que usted estaba fuera del país”. Caro Venegas le reclamó por haber avanzado en las negociaciones de su terreno sin tenerlo en cuenta, rechazó la idea de hacer las escrituras “por un valor muy inferior al valor real de la negociación” y le dijo que no estaba interesado en venderle su lote a Poligrow sino más bien en arrendarlo. Y advirtió: “Tengo conocimiento que la finca Barandales ya está en poder de Poligrow a través de ITA Aceites Vegetales (…) Solicito a usted reunirnos para tratar el tema y buscar una solución”.
Cuatro días más tarde Carlo Vigna Taglianti, que firma como representante legal de Poligrow Colombia, respondió con otra carta en la que prácticamente tildó a Alfonso Caro Venegas de mentiroso. “Le informo que estas reuniones no fueron llevadas a cabo ni en 2008 ni en los siguientes años”. Agregó: “No hubo reunión alguna entre Poligrow Colombia Ltda., usted señor Alfonso Caro y los propietarios del bien objeto de discusión”. Luego, rechazó que Caro Venegas tuviera voz y voto en la negociación porque no estaba acreditado como dueño. Sobre la inscripción de la compraventa por un valor inferior al real, aclaró que en Colombia había una figura legal para realizar compraventas “sin afectar el patrimonio de ninguna de las partes”.
El empresario italiano hizo hincapié en que Caro Venegas no era propietario de Barandales, “tal como se lo ha manifestado la familia Mesa”, y pasó a sostener que “la empresa realiza un estudio de títulos, legislación, terreno, ubicación y demás factores para llevar a cabo la compraventa. Por ello, se tiene total claridad de los propietarios del bien Barandales y se tiene la seguridad que los únicos propietarios son los señores Mesa”. En esa fecha, no obstante, esa frase ya era verdad a medias. Barandales, incluida la parte de Caro Venegas, le pertenecía desde diciembre de 2011 a la sociedad Mesa Cárdenas & Garcés S.A.S.
Y en ese negocio había participado Carlo Vigna Taglianti.
Movidas entre sociedades
Este negocio de la finca Barandales pasa por una red de sociedades creadas y liquidadas que hacen que la historia sea difícil de entender a primera vista. Mesa Cárdenas & Garcés S.A.S., indican los registros de Cámara y Comercio, fue creada en noviembre de 2009. Los socios son los hermanos Mesa Cárdenas, con el 50 %, e Ita Aceites Vegetales, con la otra mitad. La transacción de Barandales y sus 2.590 hectáreas se registró en la Notaría 18 de Bogotá por $16,5 millones. Es decir, $6.370 por hectárea (o tres pasajes de Transmilenio). Ita Aceites Vegetales es la misma compañía que Alfonso Caro Venegas identificó ante Poligrow como la que explotaba Barandales. Según la Fiscalía, el valor real por hectárea era superior.
Ita Aceites, advirtió Caro Venegas y comprobó también este diario, tiene registradas sus oficinas exactamente en la sede de Poligrow, en Bogotá. En su carta a Caro Venegas de 2013, Vigna Taglianti aseguró que esa empresa no forma parte de Poligrow. Quizá, como afirmó el empresario italiano, estas compañías sean de dueños distintos, pero sí tienen en común al representante legal: el propio Vigna Taglianti. Ita Aceites se registró el 4 de septiembre de 2009, justo un mes después de que los Mesa Cárdenas nombraron liquidador para su sociedad familiar. Además, el representante legal suplente de Ita Aceites es Miller Preciado, quien, a su vez, ejerce como gerente de Mesa Cárdenas & Garcés.
Para la Fiscalía, todos estos movimientos comerciales entre sociedades no fueron más que una “maniobra engañosa” con un propósito ilegal: desconocer el derecho que Alfonso Caro Venegas tenía sobre mil hectáreas de Barandales, que para ese momento ya era a todas luces un gran cultivo de palma de aceite africana. Según el organismo, por medio de esas sociedades “se quiso ocultar la deuda que aún se tenía con Alfonso Caro Venegas”. Más grave aún, la Fiscalía aseguró: “Se han suscrito actas de asamblea de la sociedad Mesa Cárdenas y Garcés S.A.S. que no contienen la realidad”. De acuerdo con el organismo investigador, se falsificaron balances financieros “para quedarse con el patrimonio del denunciante”.
El 10 de mayo de 2013, tres semanas después de que Carlo Vigna Taglianti le hubiera dicho a Caro Venegas que él no era propietario de Barandales, los hermanos Mesa Cárdenas le comunicaron a este hombre que la finca había sido vendida y que a él le correspondían $180 millones por sus mil hectáreas. Caro Venegas se rehusó a aceptar esa cifra, que catalogó de “irrisoria”. Un año más tarde, en una agitada reunión en Bogotá, él les refutó a los Mesa Cárdenas que el arriendo durante un año en Mapiripán para cultivo de palma valía tres veces lo que ellos querían darle por hectárea, que eran $180.000. Al año siguiente, en 2015, el cáncer se lo llevó.
El Espectador contactó a los hermanos Mesa Cárdenas, quienes decidieron por ahora no dar declaraciones sobre este tema. Carlo Vigna Taglianti, director de Poligrow y representante legal de Ita Aceites Vegetales, tampoco quiso pronunciarse al respecto por el momento, pues, en el momento de ser consultado, se encontraba en Mapiripán. Indicó que a su regreso a Bogotá daría su versión de los hechos. Por ahora, lo que es un hecho es que un año y cinco meses después de que la Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra, este empresario italiano, considerado por el Gobierno como uno de los hombres clave en la expansión de megaproyectos en la altillanura, va a juicio.
Barandales, ¿una reserva forestal?
Un documento de la Secretaría de Desarrollo y Proyección Municipal de Mapiripán fechado el 27 de abril de 2015, señala además algo que podría darle un giro a la historia de la finca Barandales. Según el informe, esa entidad estudió la reglamentación de usos de suelo sobre el terreno y determinó que debería estar destinado para que se desarrollen actividades de recuperación ecológica y para el “restablecimiento del estado nativo de la naturaleza”.
A su vez, el documento de esa institución municipal sostiene que Barandales está destinado a ser área de reserva forestal, luego de considerarlo necesario para “el mejoramiento de las condiciones ambientales y de seguridad de los habitantes del municipio en virtud de sus características físicas topográficas, edafológicas, ubicación y de imposibilidad de explotación económica en términos de desarrollo sostenible o por considerarlas zona de alto riesgo”. Por último, la Secretaría estableció que era tarea del Concejo Municipal reglamentar el uso de esta tierra.
Una multa de Cormacarena
Hace dos meses, por daños ambientales en Mapiripán, Poligrow recibió una sanción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Especial de la Macarena (Cormacarena). Según esa autoridad ambiental, Poligrow se aprovechó de las aguas superficiales de la fuente Caño Macondo para uso doméstico e industrial. Cormacarena comprobó que esas aguas estaban siendo utilizadas “en beneficio de la planta extractora de aceite de palma y de las actividades domésticas de los predios Macondo I y II sin contar con la debida concesión de aguas” para ser aprovechadas.
Cormacarena también evidenció que la empresa arrojaba las aguas residuales industriales generadas por su planta extractora de aceite de palma, y de los lixiviados del área de compostaje a un relicto de bosque de galerías y moriches, sin contar con los permisos de vertimiento. Cormacarena le impuso a la multinacional una sanción de $47 millones. Carlo Vigna Taglianti le aseguró a este diario la multa ya fue cancelada.
