Carlos Mattos: advierten que delitos podrían prescribir por maniobras dilatorias

“La labor del juez de conocimiento en punto de garantizar el principio de celeridad igualmente los derechos de todos los intervinientes en desarrollo de una actuación judicial, se encamina básicamente a sopesar precisamente cuáles son los derechos en conflicto y cuáles serían las consecuencias de una extensión indebida en el tiempo de la actuación procesal,�yo he sido bastante claro en todas y cada una de mis intervenciones y es que en este caso particular la audiencia de imputación de cargos, se realizó el 3 de octubre del año 2018, lo que significa que al menos para algunas conductas punibles que tienen una pena privativa de la libertad de 8 años, estaríamos con un término de prescripción para el día 3 de octubre de 2022,�que solo se suspendería con la emisión de una sentencia de segunda instancia”, señaló.

El juez además señaló que se caracteriza por cumplir los términos exigidos y por no permitir que se dilaten los procesos.

“Lo cierto es que desde que se evacuó la audiencia de acusación, ha sido por demás significativo. No puedo desconocer que la Fiscalía General de la Nación, solamente pudo verificar que existían elementos de convicción en el pasado mes de noviembre y ello lo recalco no como un reproche sino como una realidad que se tiene que ponderar; en la segunda o tercera solicitud de aplazamiento de la señora defensora cuando me puso de presente esta situación, le indiqué que generalmente para mí el trámite de un proceso penal tiene que cumplir los términos y me caracterizo por ello”, reveló.

El funcionario judicial señaló que la abogada defensora Mildred Hartmann ha tenido dificultades con la recopilación de las pruebas a favor de Mattos, además de la supuesta negativa de un juzgado de garantías para realizar una audiencia preliminar.

Dijo además que nunca ha permitido que este proceso se dilate ni tampoco lo permitirá.

“Si yo no he compulsado copias en este caso es porque considero que la extensión del tiempo ha venido siendo justificada por lo que ocurrió con la Fiscalía y de otro lado, por lo que ocurrió con la que orden que impartí desde noviembre y es que el juzgado 68 de control de garantías, se niegue a hacer una audiencia preliminar”, manifestó.

Agregó que “no se entiende como un juzgado constitucional, se niegue a hacer una audiencia a sabiendas de que se trata de unos hechos que fueron imputados el 3 de octubre de 2018; no podemos seguir extendiendo en el tiempo y con ello no la estoy reprochando o cuestionando su actividad porque no es mi labor pero me parece que se podrían en la medida de las posibilidad evacuar una audiencia preliminar y hacerla de manera inmediata”

Anunció además que oficiará al Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao, con el objetivo que se agilice el proceso.

Por su parte, el abogado Francisco Bernate, representante de las víctimas dentro del proceso (Rama Judicial), señaló que es preocupante que se continúe dilatando el proceso.

“Una vez más se ha aplazado la audiencia preparatoria dentro de este proceso que están importante para nuestro país y particularmente para la Rama Judicial, sucede que dentro del sistema procesal penal colombiano pues esta audiencia preparatoria no se puede realizar hasta que la Fiscalía General de la Nación, no le haya entregado a la defensa todas las pruebas y una vez ha sucedido ello, se hace a la inversa, la defensa a partir de ahí comienza a buscar sus pruebas para entregarlas y muchas veces allí se encuentran con trámites con dificultades y pues lo que se ha expuesto y por ello el juez no voy a ninguna razón para compulsar unas copias y mucho menos, pues es que es un proceso que ha sido tedioso, que ha sido difícil”.

Bernate además enfatizó en el llamado de atención del juez sobre esta situación y dijo que el proceso podría volver al Tribunal Superior de Bogotá.

“Hizo un llamado de atención para que se agilice las diligencias y se fija una nueva fecha de manera que lo que viene ahora pues es esperar que toda esta labor de la defensa termine antes de la nueva fecha y que pueda darse inicio al juicio oral, sin embargo pasada esta audiencia, es posible que el proceso vuelva al Tribunal Superior de Bogotá, donde ya estuvo un año por lo que la situación ya empieza a ser un poco crítica en este proceso”.

El empresario le habría enviado 100 millones de pesos a la juez 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, después que ratificara una decisión judicial.

Según las investigaciones, el empresario Mattos habría contactado a un abogado para que se reuniera con la juez Ligia del Carmen Hernández, como «agradecimiento» por dejar en firme esas medidas judiciales.�La audiencia preparatoria se reanudará el 12 de marzo.