Casos como el del exgobernador Abadía o Kiko Gómez “pudieron quedar impunes”
Casos como el del exgobernador Abadía o Kiko Gómez “pudieron quedar impunes”
Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco,como parte de su más reciente visita al Eje Cafetero, recordó que la Corte Constitucional avaló la competencia para disciplinar a servidores públicos de elección popular, decisión que dio tranquilidad jurídica al país.
De los 91 procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que cursaban en la Sección Segunda del Consejo de Estado hasta junio de 2023, la Procuradora resaltó que se decidieron anular más de 50 sanciones disciplinarias impuestas a servidores públicos electos popularmente desde 2007.
“Dentro de estas decisiones se encuentran casos como el del exsenador Eduardo Carlos Merlano, el exgobernador Juan Carlos Abadía Campo, por irregularidades contractuales, e incluso el de Kiko Gómez”, que hoy están vigentes gracias a la Procuraduría.
Pidió respetar la institucionalidad y a los órganos de control, ya que “son fundamentales para preservar el Estado de Derecho y la democracia”.
Envió un mensaje a los tribunales y jueces que revocaron sanciones administrativas en los territorios, con la tesis de la inconvencionalidad, “para que, en derecho, evalúen si son válidas o no, pero apegados al derecho procesal”.
Recalcó que, en medio del ambiente de “polarización y desconfianza en las instituciones que vive el país”, el derecho disciplinario y la Procuraduría se convierten en esenciales para preservar el orden y la legalidad en Colombia.
Añadió que, como lo establece la Constitución de Colombia, “los órganos de control y de Gobierno deben trabajar de manera autónoma pero armónica, ya que, son instrumentos clave para proteger la democracia y garantizar que el Estado actúe en beneficio de todas y todos los ciudadanos”.
Finalmente, como primera mujer Procuradora pidió preservar su legado.“Continuar transversalizando el enfoque de género en la función disciplinaria, en todos los aspectos sustanciales y procesales, para asegurar que el mandato de igualdad entre hombres y mujeres se haga efectivo”.