Clanes de Bolivia, principales proveedores de cocaína hacia Brasil y Colombia

Clanes de Bolivia, principales proveedores de cocaína hacia Brasil y Colombia

Clanes de Bolivia, principales proveedores de cocaína hacia Brasil y Colombia

Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original)

La reciente extradición de un prominente narcotraficante boliviano a Brasil ha arrojado nuevas luces sobre cómo los clanes familiares del país andino sirven como proveedores de cocaína a poderosos grupos del crimen organizado en toda la región.

El 5 de mayo, Bolivia extraditó al presunto narcotraficante Jesús Einar Lima Lobo, supuesto líder del clan Lima Lobo, un grupo de narcotraficantes que por mucho tiempo ha operado en la Amazonía boliviana, en la frontera noreste con Brasil.

Lima Lobo enfrenta cargos de tráfico internacional de drogas, presentados en su contra en 2017 por las autoridades brasileñas.

El presunto narco fue detenido en octubre de 2019 durante una operación policial en Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz, en la frontera con Brasil.

Las autoridades bolivianas autorizaron inicialmente su extradición para diciembre de 2019, según el ministro del Interior, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio. Sin embargo, no se materializó durante el mandato de la expresidenta interina Jeanine Áñez.

Además, en septiembre de 2020, un tribunal de la capital, La Paz, ordenó el traslado del presunto traficante a arresto domiciliario por problemas de salud debido a que contrajo el coronavirus, según reportes de medios locales.

No es la primera vez que presuntos miembros del clan Lima Lobo se meten en problemas en el extranjero. En octubre de 2017, las autoridades brasileñas arrestaron a Fabio Lima Lobo, hijo del excabecilla del Cartel de Cali, Célimo Andrade Quintero y sobrino de Lima Lobo.

Fabio Lima Lobo fue detenido junto a Carlos Andrés Áñez Dorado, sobrino de la expresidenta interina Áñez, tras aterrizar en Brasil en un avión que transportaba casi media tonelada de cocaína.

Análisis de InSight Crime

El caso del clan Lima Lobo aporta nueva información sobre el papel que juegan los sigilosos clanes familiares de Bolivia en la dinámica del tráfico de cocaína en las fronteras de la región.

La familia Lima Lobo comenzó a ganar prominencia en los años noventa, estableciendo su base de poder en el municipio de San Joaquín, departamento de Beni, al norte de Bolivia, cerca de la frontera con Brasil. Desde allí comenzaron a suministrar cocaína a grupos narcotraficantes de Colombia y Brasil, entre ellos el Primer Comando de la Capital (PCC), según Interpol y el ministro del Interior de Bolivia.

Al parecer, el grupo contaba con una flota de aviones y pistas de aterrizaje clandestinas, así como con otras rutas terrestres y fluviales, para enviar cocaína a través de la frontera con Brasil, según el jefe de la policía boliviana, Jhonny Aguilera. Una vez allí, el producto toma dos direcciones: a las principales ciudades para consumo interno, y hacia puertos marítimos estratégicos, donde se carga en buques portacontenedores con destino al lucrativo mercado europeo.

El clan también tenía conexiones con narcotraficantes colombianos. Andrade Quintero, quien en 1992 fue detenido por las autoridades bolivianas en Chapare, una región cocalera, era presuntamente jefe de una facción del Cartel de Cali que operaba en Bolivia a principios de la década de los noventa. Las fuerzas antidrogas bolivianas dicen que Lima Lobo era el «heredero» de la poderosa red de narcotráfico que Andrade Quintero manejaba antes de ser capturado, como afirma El Deber, basándose en información del exministro del Interior de Bolivia, Carlos Romero.

Después de Colombia y Perú, Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en el cultivo de coca, el ingrediente base para la producción de cocaína. Su porosa frontera con Brasil contiene vastas franjas de territorios remotos, lo que dificulta el patrullaje y constituye un lugar ideal para las operaciones de los narcotraficantes. El país es además la principal fuente del tráfico y la venta de cocaína para el PCC, como le dijo el año pasado a InSight Crime un fiscal del estado de São Paulo, Marcio Sergio Christino.

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