CNE abre investigación a Petro por financiación en campaña presidencial
CNE abre investigación a Petro por financiación en campaña presidencial
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
De acuerdo con la investigación preliminar, el excandidato presidencial recibió aportes a su campaña de personas que estaban inhabilitadas para hacerlo debido a que eran funcionarios públicos. Un nuevo capítulo en las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2018. Esta vez el salpicado es Gustavo Petro. Este jueves se conoció que el Consejo Nacional Electoral le abrió investigación al actual senador por presuntamente recibir aportes a su campaña de personas que estaban inhabilitadas por hacerlo al ser funcionarios públicos. Por estos mismos hechos se vinculó al proceso a la gerente de la campaña, Blanca Inés Durán; al auditor, Dylan Fabián Fragua; al partido MAIS, que avaló la candidatura; y a la representante legal de dicha colectividad, Martha Peralta Epieyú.
El proceso en contra del líder de la Colombia Humana comenzó por una denuncia ciudadana ante el CNE que indicaba que en la campaña Petro Presidente había entrado dineros irregulares. Según la denuncia, la empresa Monómeros, con sede en Barranquilla pero con participación mayoritaria de Pequiven -filial de la petrolera venezolana PDVSA-, donó varios millones a la campaña de Gustavo Petro, avalada en ese momento por el MAIS.
Según el denunciante, el gran caudal electoral que tuvo Petro en la costa caribe venía de esa colaboración de Monómeros, que presuntamente tenía el aval de Nicolás Maduro. Esto debido a que “nunca ni el Partido Comunista, ni el Polo Democrático, ni la Alianza Verde, ni la Unión Patriótica u otro movimiento afín a la izquierda ha sacado semejante caudal electoral en la historia del país” en la zona norte del país.
Vale recordar que, según el ordenamiento colombiano, ninguna persona o empresa extranjera puede donar a las campañas electorales en el país. Esta prohibición también cubre a las empresas cuyo domicilio está en Colombia pero su capital es extranjero.Como parte de la investigación, el CNE le pidió a la empresa Monómeros S.A sus libros contables y a la Superintendencia de Sociedades un informe sobre los movimientos de esta empresa. Además, pidió los registros de la campaña de Gustavo Petro para establecer cuáles habían sido sus donantes. En ninguno de estos documentos o registros se encontró un dato que indicara que Monómeros u otra empresa con accionistas extranjeros diferente a la colombiana donó a la campaña del ahora senador.
De acuerdo con el CNE, “no se evidencia que la sociedad Monómeros, ni las sociedades Ecofértil (parte del grupo venezolano), Sociedad Portuaria Monómeros colombo venezolanos S.A y la Fundación Monómeros para el Mejoramiento de la Calidad de Vida hayan realizado aportes de manera directa o indirecta a la campaña presidencial de primera vuelta del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego”.
Sin embargo, al estudiar la contabilidad de la campaña, el tribunal electoral descubrió que algunos aportantes de la campaña no estaban habilitados para hacerlo, debido a que eran trabajadores del sector público. Por esta razón, el CNE abrió investigación formal en contra de Petro, la gerente de la campaña, el auditor y el partido MAIS para determinar qué pasó y por qué estos dineros supuestamente irregulares entraron a esta campaña presidencial en 2018.
Tras revisar los libros contables de la campaña Petro Presidente y compararlos con los registros del SIGEP se encontró que seis de los donantes habían trabajado para el Estado. Con esta información, el tribunal electoral entró a precisar cuántos de estos aún estaban en el sector público y, por ende, estaban inhabilitados para aportar a cualquier campaña electoral.
Tras la verificación, el CNE determinó que un funcionario de la Contraloría, un profesor de la Universidad Pedagógica y una funcionaria de la alcaldía de Cartagena habían aportado a la campaña de Gustavo Petro cuando aun ejercían sus cargos. Es decir, la ley colombiana les prohibía a estos entregarle dinero a la campaña y esta no podía recibir dichos recursos.
“El ordenamiento jurídico colombiano ha establecido una serie de mecanismos tendientes a garantizar la transparencia, igualdad, pluralidad política y moralidad pública de las campañas electorales; es así como se determinó prohibir que personas que desempeñen funciones públicas realizaran contribuciones a candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular”, declaró el CNE en el auto para abrir investigación a Petro y a los otros vinculados en la presunta financiación irregular.
Como las campañas políticas son consideradas bajo responsabilidad solidaria, el CNE no solo le abrió investigación a Gustavo Petro, como principal responsable de la campaña, sino que también fueron incluidos Blanca Inés Durán, gerente de la campaña; Dylan Fabián Fragua, auditor; y al MAIS por haber dado el aval a Petro. En esa línea, Martha Isabel Peralta Epiayú, presidente del MAIS, también fue vinculada a la investigación como representante legal de la colectividad.
Según el CNE, la sanción en contra del senador Petro, la gerente de la campaña y el auditor sería una multa que va entre los $13.432.480 y los $134.324.804. Por otro lado, a Peralta Epiayú le cabría un castigo que va desde la suspensión, pasando por la destitución del cargo, hasta la expulsión del partido. Y al MAIS podrían suspenderle la personería y hasta quitársela, además de la posibilidad de suspenderle el derecho a inscribir candidatos en la circunscripción en la que habría cometido la falta.
Además de abrir la investigación formal, el CNE remitió el expediente de Gustavo Petro para que establezca si amerita abrir una investigación penal esta instancia. De manera similar, el expediente fue remitido a la Fiscalía para que establezca si abre investigación contra la gerente de la campaña y los aportantes que estarían inhabilitados para donar a la iniciativa presidencial.
Se preguntó a Gustavo Petro sobre esta investigación, pero este aseguró que no ha sido notificado. Lo cierto es que, a pesar de que la decisión es de febrero, solo hasta el 1 de julio de 2020 se emitió el aviso de notificación al excandidato y este mismo se despublicó el 10 de julio.