CNE no tiene claro si lo que investiga de Odebrecht caduca en dos días
CNE no tiene claro si lo que investiga de Odebrecht caduca en dos días
Fuente: REVISTA SEMANA (Ver Noticia Original)
Durante seis meses el tribunal electoral ha investigado las campañas de Santos y Zuluaga. Sobre el vencimiento aun maneja tres tesis. El magistrado Novoa advirtió que no hay voluntad para investigar.
En un comunicado, y faltando 2 días para que caducara las indagaciones contra las principales campañas presidenciales del 2014 por presunta violación electoral, tal como lo había advertido la Misión de Observación Electoral (MOE), el Consejo Nacional Electoral aseguró que no hay tesis única al respecto.
De acuerdo con el tribunal, las jurisprudencias expuestas han debatido tres teorías que aún no han quedado claras: “si el período de caducidad debe contar desde cuando el particular presentó sus informes de campaña, desde la fecha límite para presentar los informes o desde el día en que se registró la última modificación a los mismos”.
A pesar de lo que se creía, el CNE dejó en claro que la tesis de caducidad para estas investigaciones será elegida por los magistrados que llevan los procesos y quienes durante seis meses no han llegado a ninguna decisión, “máxime si se tienen en cuenta las especificidades normativas que regulan el control de la financiación de las campañas presidenciales”.
En el comunicado también se refiere a la carta que envió a esa corporación la Fiscalía General de la Nación el pasado 10 de julio en la que aseguró que tienen “certeza” de que Odebrecht sí “asumió costos” de las campañas presidenciales que en 2014 pasaron a la segunda vuelta.
Según ese tribunal electoral, el término “certeza” al que hizo referencia el ente acusador se refiere a las adelantadas “y no a los juicios de fondo que en el futuro tomen los jueces de la República”. “No es igual la certeza del investigador a la certeza del fallador”.
Manto de dudas
El 7 de febrero de este año el fiscal Néstor Humberto Martínez agitó el escándalo de Odebrecht que para ese momento, a casi 20 días de haber estallado, ya había salpicado a Óscar Iván Zuluaga y su campaña presidencial del 2014.
Ese día, el jefe del ente acusador realizó una rueda de prensa que retumbó en la Casa de Nariño al asegurar que también la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos habría recibido dineros de la multinacional brasileña por más de un millón de dólares y que estos habrían sido entregados por el excongresista Otto Bula a Roberto Prieto, gerente de esa campaña.
Al día siguiente, miércoles 8, a las 10 de la mañana, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, a raíz de la compulsa de copias del fiscal, anunció al país que abrió formalmente investigaciones para establecer si el dineros de Odebrecht ingresaron a ambas campañas y remató al decir que “el país quiere respuestas y tendrá respuestas”.
Las investigaciones cayeron en los despachos de la magistrada Ángela Hernández, del Partido Conservador, encargada de investigar al presidenteSantos, mientras que el magistrado Carlos Camargo, también conservador, investigaría a Óscar Iván Zuluaga.
Sin embargo, desde ese primer momento un manto de dudas cobijó a ese tribunal electoral en el sentido que ambas investigaciones dormirían el sueño de los justos y pasarían a la historia. El CNE es una institución de origen político. Los nueve magistrados que lo conforman son elegidos en conjunto por el Senado y la Cámara de Representantes y cada uno porta el sello de una colectividad.
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Para no ir lejos, los actuales funcionarios fueron elegidos por la Unidad Nacional, que es el partido del presidente Juan Manuel Santos, uno de los investigados. Por el Partido de la U (Alexander Vega y Bernardo Franco), dos del Partido Liberal (Emiliano Rivera y Héctor Helí Rojas), dos del Conservador (Ángela Hernández Sandoval y Carlos Camargo Assís), uno de Cambio Radical (Yolima Carrillo), uno del Centro Democrático (Felipe García) y uno de los Verdes (Armando Novoa).
Por ejemplo, para encontrar culpable a Santos por violaciones en su campaña a la ley electoral, mínimo cinco magistrados tendrían que acusarlo de un grupo en el que hay siete que hacen parte de su coalición de gobierno.
Durante los cinco meses siguientes los magistrados investigadores se pusieron en la tarea de escuchar a todos los involucrados en el tema. Solo pocos días después del aclamado anuncio, la primera en desfilar fue Nubia Stella Martínez, la directora ejecutiva del Centro Democrático, y así lo fueron haciendo los demás, desde Óscar Iván Zuluaga hasta el cuestionario que le enviaron al presidente Santos.
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Pero nunca hubo decisión en la sala plena. Armando Novoa, magistrado del CNE, advirtió desde un primer momento que la institución no podía con toda la investigación “ni tiene la voluntad de hacerlo”. Además, propuso que las audiencias fueran públicas y contaran con presencia de la ciudadanía para garantizar transparencia.
Por esa y otras afirmaciones en contra de ambas campañas y de sus compañeros, fue recusado de ambos casos, lo que quiere decir que no podrá dar su voto a favor o encontra de las sanciones en la sala plena.
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En una carta enviada por la Fiscalía General de la Nación a ese tribunal electoral el pasado 10 de julio, informó que “oportunamente” enviaron el material probatorio frente a ambas campañas.
Entre los documentos, el ente acusador dejó en claro que entregó la declaración de Eleuberto Martorelli, enviada a ese tribunal el pasado 7 de marzo. También envió material probatorio durante todo ese mes a la magistrada Ángela Hernández, entre los que se destacan la declaración juramentada del exsenador Otto Nicolás Bula y sus contratos con Odebrecht. También los interrogatorios a Roberto Prieto.
De la misma manera fueron enviados al magistrados Carlos Camargo.
La Misión de Observación Electoral, MOE, ya había advertido la fecha de la caducidad de los posibles hechos de financiación ilegal de Odebrecht a las dos campañas presidenciales del 2014, calificando el hecho de “impunidad”.
Para eso pidió con “urgencia” realizar una reforma a la institucionalidad electoral, con la que la autoridad “sea independiente de los intereses partidistas”.
