Con circular roja, la Fiscalía busca la captura de Luis Carlos Restrepo

A Restrepo, quien fue comisionado de paz durante el gobierno de Álvaro Uribe, y otras siete personas, la Fiscalía les imputó cargos en febrero de 2012 por su presunta responsabilidad en ese proceso, en el que se entregaron personas que en realidad no eran integrantes de la guerrilla y fueron recogidas incluso en la calle y llevadas en buses hasta el sitio de la supuesta dejación de armas.

El exfuncionario se encuentra fuera del país desde enero de 2012, no asistió a la audiencia de imputación de cargos en su contra y en todo el proceso ha estado representado por su abogada de confianza. Restrepo se ha declarado inocente de los cargos imputados por la Fiscalía.

Los vinculados a la investigación responden por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, fraude procesal, prevaricato por acción, tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado, y tráfico, fabricación y transporte de munición de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado.

Los otros procesados son los coroneles Jaime Joaquín Ariza Girón y Hugo Hernán Castellanos Jiménez, así como los hermanos Miguel Alcides, Flor Inés y José Alfredo Pacheco y Alejandro Salazar Pacheco, alias Biófilo, vinculados a la entrega de 64 supuestos guerrilleros el 7 de marzo de 2006 en Alvarado (Tolima).

Por ese proceso, que poco ha avanzado y por el que todos los vinculados se encuentran en libertad, Restrepo no tiene ninguna medida de aseguramiento.

Sin embargo, tres decisiones adoptadas por la Fiscalía lo volvieron a poner en el radar de las autoridades para lograr su captura, para que responda en investigaciones por presuntas irregularidades en otros procesos de  desmovilización.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que las medidas de aseguramiento fueron notificadas a Interpol para la expedición de circular roja con el fin garantizar la búsqueda del exfuncionario en 195 países.

Los procesos se adelantan por el viejo sistema acusatorio, por lo que la Fiscalía expide la medida de aseguramiento sin tener que hacer la solicitud ante un juez de control de garantías.

Los procesos

Las investigaciones las adelanta la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía y cuentan con declaraciones de exparamilitares�que dan cuenta de las supuestas irregularidades.

La primera medida fue impuesta el 30 de agosto de 2021 y está relacionada con presuntas irregularidades en la dejación de armas del Bloque Tolima de las Autodefensas, el 22 de octubre de 2005, en la vereda Tajomedio de Ambalema (Tolima).

Según la investigación, Restrepo habría avanzado en la desmovilización a pesar de que, al parecer, conocía que algunas personas no hacían parte de la estructura paramilitar.

Informes de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), organismo adscrito al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ya habían advertido que un centenar de personas fueron presentadas como paramilitares, aunque eran jóvenes y campesinos de la zona que fueron reclutados meses antes, solo para la ceremonia de entrega de armas y con el fin de aparentar una estructura de mayor capacidad.

El análisis de la DAV señala que la desmovilización de falsos paramilitares “no fue una operación improvisada” y reseña que alias Daniel (jefe del grupo) “se dio a esa tarea” en el 2005. “No nos pusieron a pelear sino a comer, dormir y esperar la voz del comandante”, dijo uno de los civiles colados en ese bloque de las Auc.

En este caso se investigan los delitos de prevaricato por acción agravado, fraude procesal y peculado por apropiación agravado.

En el segundo proceso que se le sigue a Restrepo en la Fiscalía se lo sindica de haber dado instrucciones al comandante del Bloque Catatumbo de las Auc de no entregar al ICBF a los menores de edad que hacían parte de dicho grupo armado, al momento de la desmovilización que se realizó de diciembre de 2004 en la vereda Campo Dos en Tibú (Norte de Santander), sino que, por el contrario, fueron entregados directamente a las familias.

Por estos hechos se investigan los delitos de prevaricato por acción agravado y
fraude procesal. El ente acusador resolvió su situación jurídica el 13 de octubre de 2021 y se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La tercera medida de aseguramiento se resolvió el 21 de diciembre de 2021 por
presuntas irregularidades en la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas de las
Auc, que se realizó el 12 y 30 de abril de 2006 y el 15 de agosto de ese mismo año.

En este caso también se investiga al funcionario porque habría dado instrucciones de no entregar a los menores de edad que hacían parte de esa estructura al ICBF, sino directamente a sus familias.

El ente acusador advirtió en la investigación sobre una vulneración a la protección de los niños. Por estos hechos, la Fiscalía impuso de nuevo medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de prevaricato por acción agravado, fraude
procesal y peculado por apropiación.