Condenado exalcalde de Cáceres (Antioquia) por compra irregular de terrenos para la construcción de viviendas de interés social
Condenado exalcalde de Cáceres (Antioquia) por compra irregular de terrenos para la construcción de viviendas de interés social.
Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
Con el actuar irregular del funcionario se generó un detrimento patrimonial de $850’000.000.
Una juez de conocimiento de El Bagre (Antioquia) avaló los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, y condenó al exalcalde de Cáceres (Antioquia), Ubaldo Enrique Pacheco Julio, a cinco años y cuatro meses de prisiónpor irregularidades en el proceso de compra de terrenos para proyectos de vivienda de interés social.
La decisión declaró al exfuncionario responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, le impuso multa de 66 salarios mínimos mensuales legales vigentes y lo inhabilitó por 80 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
La investigación de la Fiscalía demostró que, en 2013, el señor Pacheco Julio fue autorizado mediante acuerdo municipal para ejecutar un crédito por $1.600 millones de pesos para construcción de casas. Inicialmente, el entonces mandatario contrató por $8’000.000 a un perito para que realizara un evalúo sobre cuatro predios ubicados en la cabecera municipal y la vereda El Jardín. El estudio presentado por esta persona arrojó valores muy por encima del costo real de los terrenos; sin embargo, el exalcalde los compró.
El material de prueba evidenció que el perito estaba inhabilitado para ser contratado por la Alcaldía de Cáceres (Antioquia) porque era funcionario público. Adicionalmente, se estableció que en la valoración de los bienes no tuvo en cuenta los criterios definidos por las normas vigentes; y entregó el informe después del tiempo establecido en el contrato.
Con el actuar ilícito del exalcalde de Cáceres (Antioquia), Ubaldo Enrique Pacheco Julio, quedó al descubierto un detrimento patrimonial para el municipio por $850’000.000, representado en la compra de 80 hectáreas de terreno.
La condena conocida es de primera instancia y sobre la misma proceden los recursos de ley.
