Condenados a 7 años de prisión mayor retirado del Ejército y un particular por falsedad ideológica y peculado por apropiación

Condenados a 7 años de prisión mayor retirado del Ejército y un particular por falsedad ideológica y peculado por apropiación

Condenados a 7 años de prisión mayor retirado del Ejército y un particular por falsedad ideológica y peculado por apropiación

Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)Â

Se tiene que el mayor González Coronado contrató transporte de víveres para varias bases militares que cobraron personas que nada tenían que ver con los contratos. Los hechos se registraron en 2007.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia (Caquetá) condenó a 7 años de prisión al ex director de la Agencia Logística de las FFMM de Florencia, el mayor retirado del Ejército Nacional, Víctor Manuel González Coronado y a William Calderón Trujillo, extesorero de la misma, por su participación en los delitos de falsedad ideológica y peculado por apropiación.

Ninguno de los dos podrá ejercer cargos ni funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal y deberán pagar una multa de $10.870.000.

Los hechos

El director de la Agencia Logística para el año 2007, el mayor Víctor González, suscribió seis contratos de transporte de víveres para diferentes bases militares con el supuesto contratista Antonio Alvira.

En ese orden de ideas, se hicieron seis comprobantes de pago los cuales fueron firmados por el director y el tesorero para la época, Calderón Trujillo,  y el contratista.

A nombre supuestamente de éste último se presentaron seis cuentas de cobro por lo cual la Agencia emitió cinco cheques firmados por el director y el tesorero, los cuales fueron endosados y pagados a terceras personas con la que se creía era la firma del contratista.

Con el apoyo de investigadores peritos en grafología del CTI de la Fiscalía Seccional Caquetá e investigadores que recolectaron las evidencias documentales, sumado al testimonio del supuesto contratista, un fiscal de la Unidad de Administración Pública logró probar en juicio oral que el total de los 23 documentos suscritos para el pago de los contratos no correspondían a la realidad.

En términos técnicos y especializados propios del campo de la grafología, el gesto gráfico de Antonio Alvira no coincidía con su firma.

Por estos hechos fueron hallados penalmente responsables y se emitió la orden de captura para darle cumplimiento a la pena impuesta.

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