Condenan a falso testigo en caso por “falsos positivos” contra coronel (r) Hernán Mejía
Condenan a falso testigo en caso por “falsos positivos” contra coronel (r) Hernán Mejía
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
El exparamilitar Hugues Romero irá a prisión por intentar inculpar al coronel (r) Hernán Mejía en una investigación por paramilitarismo y “falsos positivos” contra el Batallón La Popa. El oficial, quien quiere ser presidente de Colombia, salió libre de este expediente, pero su futuro judicial continúa en la JEP.
Un expediente que el coronel (r) Hernán Mejía tenía en su contra acaba de resolverse a su favor, luego de que el exparamilitar Hugues Romero aceptara cargos por falso testimonio contra el militar retirado, quien está condenado a 14 años de prisión por aliarse con las AUC para presentar resultados como “falsos positivos”, patrullar de manera conjunta y proveerles de armas y uniformes de guerra. La Jueza 55 penal de Conocimiento de Bogotá acaba de condenar a Romero a nueve años de prisión, por señalar falsamente a Mejía.
El coronel (r) Hernán Mejía, antiguo comandante del Batallón La Popa del Ejército entre 2001 y 2002, está condenado desde septiembre de 2013 por nexos con el paramilitarismo, situación judicial que confirmó hace un par de años el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, tenía pendiente por resolver un proceso en el cual el exparamilitar Hugues Romero lo había acusado por paramilitarismo y “falsos positivos”, expediente que estaba en curso desde 2006.
De acuerdo con las primeras versiones de Hugues Romero, conocido como alias Augusto, el coronel (r) Mejía tenía responsabilidad por la muerte de dos personas en el Batallón La Popa en Valledupar, el 22 de junio de 2002, cuando los mismos intentaron ingresar a una garita del lugar. Asimismo, Hugues dijo que Mejía y otros altos mandos militares estaban involucrados en la muerte de 18 personas en la Finca El Socorro de Bosconia (César), el 27 de octubre de 2002, en medio de una operación de liberación de secuestrados.
El coronel (r) Mejía denunció por falso testimonio a Romero pues oficiales de alto rango como el coronel José Pastor Ruiz y Efraín Andrade Perea, entre otros 137 miembros del Ejército, han resultado afectados por las falsas declaraciones del exparamilitar. De hecho, Mejía denunció que Ruiz y Andrade fueron condenados a 19 años de prisión el 11 de octubre de 2013. En diversas entrevistas con Fiscalía, Romero aseguró que el Batallón La Popa acompañaba a las AUC en patrullajes y que negociaban “falsos positivos” a favor del Ejército.
De hecho, el 1 de marzo de 2006, ante un fiscal en Valledupar, Romero explicó que en las instalaciones del Batallón La Popa se habrían realizado reuniones con altos mandos de las AUC, para presentar como muertos en combate a miembros de la comunidad Kankuama, ubicada en cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ese mismo día dijo que supuestamente lo habrían delegado como guía y que le prometieron beneficios monetarios que nunca recibió. Sin embargo, en esa diligencia no puso de presente que había sido miembro de las AUC.
Esa es una de las inconsistencias que la Fiscalía venía advirtiendo en las declaraciones de Romero. En esa primera indagatoria aseguró que lo habían invitado a ser miembro de las AUC, sin embargo, el 25 de mayo de 2007, en la siguiente entrevista, explicó que era miembro del Bloque Norte de las Autodefensas. Incluso dio detalles como que ingresó al paramilitarismo en junio de 2003 y que durante los primeros tres meses de ese año estuvo en el departamento del Cesar recibiendo entrenamiento, para luego ser trasladado a La Guajira.
En otra diligencia, Hugues Romero dijo que militares del Batallón La Popa e integrantes de las AUC tuvieron una reunión a finales de 2004, donde asistieron alias 39, alias El Paisa, el mismo coronel (r) Mejía y un mayor de apellido Ruiz, con sus respectivos escoltas. Romero aseguró bajo juramento que ese día él fue escolta de alias El Paisa, sin embargo, la Jueza 55 penal de Conocimiento de Bogotá encontró que tal afirmación es falsa, pues el paramilitar ya estaba muerto para entonces. El mismo Ejército reportó su deceso el 26 de octubre de 2004.
Hugues Romero, por otro lado, señaló en marzo de 2006 que la supuesta alianza entre el Batallón La Popa y los jefes de las AUC habría decidido, en mayo de 2003, bajar de los carros a las personas que tuvieran nexos con la guerrilla y entregárselos a la tropa. Explicó que en 2004 bajaron a un muchacho de nombre Ildomar Montero, quien apareció muerto tiempo después. Sin embargo, para la época del crimen los militares acusados por el exparamilitar ya no estaban prestando servicio en el Batallón La Popa. De hecho, el coronel (r) Mejía salió del lugar a finales de 2003.
Y así, la Fiscalía fue pescando una a una las mentiras de Hugues Romero, quien se allanó a cargos para obtener disminución de la pena que podría enfrentar si seguía el juicio en su contra por falso testimonio. El exparamilitar fue condenado a nueve años de prisión y deberá pagar una multa de $590 millones por intentar incriminar al coronel (r) Mejía a través de declaraciones que no tenían correlación de tiempo y lugar.
Mejía está en libertad condicional desde el 2 de noviembre de 2017, tras presentarse ante la JEP. Aunque ganó el reciente pulso judicial por las declaraciones de Hugues Romero, desde su primera sentencia condenatoria para la justicia es claro que, como comandante del Batallón La Popa, cooperó con las autodefensas para recibir personas de grupos guerrilleros y paramilitares castigados para que fueran ejecutados extrajudicialmente. A cambio, las AUC no eran perseguidas por el Ejército, como lo explicó el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá en septiembre de 2013.
“Las Fuerzas Militares en cabeza de estos acusados no combatían a este grupo al margen de la ley sino que por el contrario lo promocionaba, los fomentaban y los potenciaba en los términos que ha establecido la jurisprudencia nacional. Conductas realizadas subjetivamente a título doloso por la situación fáctica en que se dieron los hechos (reuniones, entrega de armas y municiones, comunicaciones telefónicas, patrullaje conjunto, etc), que dada la función pública militar desempeñada por los acusados indican que las conductas se realizaban con conciencia y voluntad”, explicó el juzgado en primera instancia.
