Confirman renuncia de Dámaso Castro, exvicefiscal de Sinaloa señalado por EEUU de presuntos nexos con Los Chapitos
Confirman renuncia de Dámaso Castro, exvicefiscal de Sinaloa señalado por EEUU de presuntos nexos con Los Chapitos
Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original)
La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo reveló que el funcionario dejó el cargo tras concluir una licencia de seis meses. La fiscal general del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reveló en entrevista con medios de comunicación la renuncia del exvicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra, presentada el 5 de noviembre al concluir el plazo legal de seis meses de licencia sin goce de sueldo que el funcionario solicitó por señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos vínculos criminales con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hermanos Iván y Alfredo Guzmán Salazar.
“Él presentó su renuncia a la institución la semana pasada, el día 5 de noviembre”, declaró la fiscal.
Castro Zaavedra había solicitado la licencia en mayo para atender los requerimientos institucionales relacionados con las acusaciones en su contra por presuntamente recibir sobornos mensuales a cambio de protección y filtración de información sobre operativos, y por su presunta participación en una red de tráfico de narcóticos y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La fiscal detalló cómo opera la Vicefiscalía desde la licencia de Castro Zaavedra
Sánchez Kondo explicó que, desde el momento en que se autorizó la licencia sin goce de sueldo de Castro Zaavedra, se nombró a una persona encargada de la Vicefiscalía General del estado. Precisó que esa designación se mantiene vigente pese a la renuncia ya formalizada, y que la persona continúa al frente del despacho con el mismo carácter provisional.
Cuestionada sobre si habrá un nombramiento definitivo para la titularidad de la Vicefiscalía, Sánchez Kondo no dio una fecha ni adelantó un proceso para cubrir la plaza.
En agosto, la fiscal ya había adelantado que solo una renuncia voluntaria del propio funcionario podría adelantar su salida definitiva de la institución. “La licencia de él vence en noviembre de este año. Es una licencia por ley que son seis meses y se concluye en el mes de noviembre. Si se concluye y él no regresa, lo que procede legalmente es la renuncia”, declaró entonces.
El encargado del despacho de la Vicefiscalía General es José Roberto Quiñónez Coronado, designado al frente del área desde el 5 de mayo, fecha en que Castro Zaavedra se separó del cargo.
El Distrito Sur de Nueva York acusó a 10 funcionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador Rocha
El origen del proceso se remonta al 29 de abril de 2026, cuando el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por su presunta participación en una red de protección al Cártel de Sinaloa.
Encabeza la lista el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado como el principal operador político del acuerdo con el cártel. Le sigue el senador por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general del estado; el empresario Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y el propio Dámaso Castro Zaavedra, entonces vicefiscal general.

También figuran Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, quien ocupó el mismo cargo tras Avilés; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la policía municipal de Culiacán.
A todos los acusados se les imputan los mismos tres cargos: asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Juan Valenzuela Millán enfrenta, además, dos cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte y asociación delictuosa para cometer ese secuestro.
Estos son los cargos contra Dámaso Castro
El expediente S9 23 Cr. 180 detalla que, desde al menos 2021 hasta septiembre de 2024, Los Chapitos pagaron aproximadamente 11 mil dólares mensuales en efectivo a Castro Zaavedra. A cambio, el funcionario proporcionó protección contra detenciones y aviso previo sobre operativos con información de la DEA, dirigidos contra laboratorios y miembros de Los Chapitos, de modo que pudieran destruir o trasladar pruebas antes de las intervenciones.

El documento también señala que Castro Zaavedra ha ejercido como fiscal en México desde al menos 1998.
Según el expediente, los sobornos se distribuían a través del “jefe de plaza” de Culiacán, encargado de supervisar las operaciones del cártel en la ciudad y de gestionar las relaciones con los agentes corruptos del orden público.
Cada mes, ese operador recibía de los líderes del cártel una caja con dinero en efectivo, acompañada de una lista con los nombres de los funcionarios públicos corruptos y el monto que correspondía pagarle a cada uno.

En esas listas mensuales, obtenidas en México como parte de la investigación, Castro Zaavedra aparecía bajo el alias “Culiacán Regio” con un pago de aproximadamente 200 mil pesos.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Castro Zaavedra enfrentaría, de ser procesado y hallado culpable en territorio estadounidense, una pena de cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
La UIF bloqueó las cuentas de los 10 señalados mientras la FGR reconoce falta de pruebas
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó en mayo de 2026 el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de Rocha Moya y los otros nueve señalados, incluido Castro Zaavedra, como medida derivada de reportes emitidos por el propio sistema financiero mexicano tras la acusación de Estados Unidos.
La dependencia aclaró que la inmovilización de recursos no representa una determinación definitiva ni la acreditación de responsabilidad alguna, sino una acción preventiva de carácter administrativo, y que los afectados cuentan con garantía de audiencia y recursos jurisdiccionales para solicitar el desbloqueo.
La Fiscalía General de la República admitió en julio que la investigación contra los 10 señalados no ha reunido el parámetro probatorio mínimo que exige el derecho mexicano para proceder.
David Bone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, reconoció que “no ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano”, y precisó que la indagatoria se circunscribe exclusivamente a los delitos consignados por Estados Unidos en su solicitud original.
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos descartó que alguno de los señalados pueda ser entregado a Estados Unidos por la misma vía usada en más de 90 traslados previos bajo la Ley de Seguridad Nacional, ya que aquellos casos contaban con órdenes de aprehensión y procesos judiciales en curso, condición que no se cumple en este expediente.
Lo que presentó Washington fue una solicitud de detención provisional con fines de extradición, mecanismo distinto que requiere que Estados Unidos justifique la urgencia de la petición, requisito que hasta julio no había sido satisfecho.
El 26 de mayo de 2026, Castro Zaavedra se convirtió en el primer funcionario señalado en presentarse ante la Fiscalía General de la República, antes que el propio Rocha Moya y que el alcalde de Culiacán con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil. Al salir de las instalaciones, rechazó las acusaciones y se declaró inocente en entrevista con medios de comunicación.
De los 10 funcionarios acusados, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó a autoridades estadounidenses el 11 de mayo por la garita de Nogales, Arizona. De acuerdo con reportes no confirmados oficialmente, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, también se habría entregado en Nueva York, aunque versiones iniciales lo ubicaban en un consulado estadounidense en Europa.

