Confirman sanción de seis personas por “Cartel de la devolución del IVA”
Confirman sanción de seis personas por “Cartel de la devolución del IVA”
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
La sanción en contra de seis funcionarios y exfuncionarios de la DIAN tiene que ver con un proceso en el que recibieron dineros para facilitar el pago de las devoluciones del IVA favoreciendo a algunas empresas.
La Procuraduría, en un fallo de segunda instancia, sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años a seis funcionarios y exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales (DIAN) Seccional Bogotá, por el llamado “cartel de la devolución del IVA”. Según el Ministerio Público, se probó que las seis personas incurrieron en faltas disciplinarias al recibir dinero para favorecer a ciertas empresas.
La Sala de Disciplina de la Procuraduría confirmó la decisión, argumentado que entre 2010 y 2011, los exfuncionarios había recibido, “prestación económica periódica para facilitar el reconocimiento y pago de las devoluciones del IVA a favor de algunas empresas creadas y/o asesoradas para la organización R&B Consultores, entre ellas Medal Metal, Cirurtex S.A”. Los funcionarios sancionados por el ministerio público son Javier Navas Ballesteros, Alonso Viana Cubides, Jaime Enrique Silva Ballesteros, Edgar Pinzón Ardila, Diego Fernando Arturo Gaitán, y Omar Gaitán García.
Así mismo, la entidad aseguró que “encontró establecida la existencia de una empresa criminal conformada por particulares y funcionarios de la DIAN, que participaron en trámites de devolución de impuesto del IVA, solicitado por empresas ficticias o constituidas sin la infraestructura requerida, creadas o asesoradas por la sociedad R&B Consultores”. Según la Procuraduría, esta empresa era liderada por Blanca Jazmín Becerra Segura, durante los años 2008 y 2011. Según el Ministerio Público, la función era simular exportaciones, “obteniendo así de manera irregular la devolución de impuestos a las ventas, soportados en operaciones comerciales ficticias de empresas de papel”, dijo la Procuraduría.
En lo dicho por el Ministerio Público, los exfuncionarios de la DIAN actuaron de manera directa en los hechos, “brindando información; escribiendo y/o modificando el RUT de las empresas que requirieron fraudulentamente la devolución del IVA; sirviendo de puente para contactar a otros funcionarios; facilitando el trámite de las devoluciones; dando vía libre para avalar las operaciones comerciales que les servían de sustento, y evitando controles o verificaciones”. La entidad dijo encontrar probado que las seis personas actuaron con conocimiento y voluntad, “dado que tenían clara la ilicitud de su comportamiento y de los hechos y, aun así, se encaminaron de manera libre y consciente a concertar la comisión de ilícitos”.
Esta red de corrupción se desbarató el 13 de julio de 2011, cuando fue capturada Blanca Jazmín Becerra y 13 de sus trabajadores de R&B consultores, la empresa fachada que inició con el recobró ilegal del IVA. Fue entonces que empezaron a caer una a una las organizaciones de papel que se compraban y vendían entre sí productos ficticios de exportación como textiles, chatarras, metales y alimentos para justificar sus solicitudes de devolución. La red de corrupción llegó a constituir sociedades en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pereira y Santa Marta para no generar sospechas.
Según las autoridades, la red criminal funcionaba así: tras recibir los informes de los funcionarios que realizaban las visitas a las empresas fachadas, dejaban listos los trámites para las devoluciones del IVA, después de establecer que los falsos papeles estaban en regla. Por último, estaba el grupo que aparentemente se encargaba dar el visto bueno e impedir que las solicitudes ilegales terminaran en las manos equivocadas. Cuando se destapó el escándalo, se conoció que los funcionarios capturados, con una experiencia en la Dian de 10 a 15 años, asesoraban a 27 empresas fachadas y con el contacto en la Cámara de Comercio de Bogotá ayudaban a constituirlas sin los requisitos legales. En el papel, las sociedades aparecían como exportadoras a China, Venezuela y Panamá de material ferroso, textiles y cueros.
