Corrupción: el gran robo de Córdoba
Corrupción: el gran robo de Córdoba
Fuente: REVISTA SEMANA (Ver Noticia Original)
El polémico exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons mostró el grado de corrupción al que llegó la política y el Estado en este departamento, que amenaza con una nueva barrida de la dirigencia similar a la ocurrida durante el proceso 8.000 y la parapolítica.
La maniobra que hizo el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, al fugarse a Estados Unidos y aliarse con la DEApara desenmascarar al entonces director nacional anticorrupción de la Fiscalía, muestra hasta dónde están dispuestos a llegar algunos políticos de este departamento como él, con el fin, en especial, de ocultar el saqueo que lideró durante su administración.
Para que le salga bien esta jugada, que ya tiene al exfiscal Gustavo Morenoad portas de la extradición, Lyons deberá entregar toda o gran parte de la valiosa información que tiene sobre personas y hechos relacionados con los numerosos casos de corrupción que se adelantan en su contra. Desde sus más allegados colaboradores hasta sus más acérrimos adversarios están con el credo en la boca, sin saber qué contará o qué callará este político de 37 años.
El caso Lyons, unido a las investigaciones que adelantan los organismos de control, ha dejado en claro el deplorable estado al que ha llegado la política y la administración pública en Córdoba. Hoy más de 50 funcionarios, exfuncionarios, abogados, jueces, contratistas y dirigentes políticos están presos, y en la mira están muchos más, entre ellos los senadores Bernardo Elías Náder y Musa Besaile. Todo indica, según varios conocedores, que por tercera vez en los últimos 25 años buena parte de la clase política de ese departamento terminará en la cárcel o con muerte política, tal y como ocurrió en los tiempos del proceso 8.000 y la parapolítica.
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Sin duda, lo que está pasando en Córdoba es aterrador. Allí, un grupo de políticos convirtió al Estado en un negocio para sacarle todos los recursos posibles con el fin de financiar sus millonarias campañas electorales, pagar favores y enriquecerse, todo esto con la complicidad de contratistas y funcionarios públicos. Y para hacerlo crearon carruseles, carteles o sofisticados esquemas de contratación de enfermos, estudiantes, maestros, beneficiarios fantasmas; programas y obras para quedarse, ya no con una comisión o un porcentaje, sino con el ciento por ciento de los recursos públicos. El país debe entender lo que allí está pasando, en su gravedad y complejidad, si quiere evitar que este peligroso fenómeno se replique en otros departamentos, tal y como ya se está viendo en Sucre o con duplicidad de estos esquemas en Huila, La Guajira o Boyacá. ¿Qué fue lo que ocurrió para llegar a un caso como el gran robo de Córdoba?
Primer relevo
La Constitución de 1991 puso en marcha importantes cambios en la política, como la circunscripción nacional para llegar al Congreso de la República. Estos, unidos a otros como la elección popular de alcaldes y gobernadores, hicieron que en el terreno las campañas fueran más complejas, y por supuesto, mucho más costosas.
Anteriormente los políticos y grandes caciques centraban su poder en alimentar una clientela para obtener los votos suficientes que los llevaran al Congreso en representación de su departamento. Esto les permitía mover, desde el poder central de Bogotá, sus influencias para elegir alcaldes, gobernadores y funcionarios regionales o locales. Entre los últimos grandes políticos de esta especie había liberales como Edmundo López Gómez y Germán Bula Hoyos, o conservadores como Miguel Escobar Méndez y Amaury García Burgos. Salvo este último, estos caciques no eran hacendados ni adinerados. La mayoría vivía de sus salarios y del reconocimiento popular. “Su poder estaba en sentarse en sus casas para atender a decenas o cientos de personas y ayudarles en lo que pudieran. Favores que se pagaban con votos”, dice un reconocido investigador de Montería.
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Además, para finales de los años ochenta, tener grandes fincas no era el mejor de los negocios. Desde los años setenta el Ejército Popular de Liberación (EPL) se extendió por el Alto Sinú y San Jorge, y a finales de la década siguiente dominaban casi todo el departamento. Aunque en esta sociedad agraria la tierra ha sido la fuente del poder económico y social, el robo de ganado, la extorsión, el boleteo, el secuestro y la quema de fincas terminaron por convertirla en un problema.
Para defenderse de la guerrilla apareció una solución que terminó por penetrar y romper las bases de gran parte de la sociedad cordobesa. Por un lado, los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil compraron la Hacienda Las Tangas en la margen izquierda del río Sinú, así como otras fincas en la región de San Pedro de Urabá. Y para defenderlas, empezaron a ejercer control a través de sus grupos armados conocidos como los Tangueros. A su vez, hacendados y ganaderos decidieron armar grupos de autodefensas, en los que brillaría Salvatore Mancuso. Con la ayuda del Ejército, lograron desterrar al EPL, que finalmente se desmovilizó en 1990.
Sin embargo, las Farc entraron a ocupar este vacío, lo que terminó por desatar una guerra a muerte con las Autodefensas Unidas Campesinas de Córdoba, cuya violenta y terrible historia el país conoce. Así como la década de los ochenta fue para los políticos y los ganaderos cordobeses la de la ‘Vergüenza’, la de los noventa fue la del ‘Orgullo’, la demostración de que sí se podía pacificar la región. Durante este complejo periodo, la elite de Córdoba se vio beneficiada, pero muchos de ellos tuvieron que convivir y compartir, a las buenas o las malas, con los grupos de autodefensas.
Al tiempo que en los noventa se extendía el brazo armado del paramilitarismo, en la política hubo un relevo generacional que comenzó con las elecciones de 1991 y 1992. López, quien fue ministro de Comunicaciones, de Justicia y embajador en la Unión Soviética y República Dominicana, le dejó su curul a su sobrino Juan Manuel López Cabrales. Germán Bula Hoyos, exministro de Agricultura, permitió la entrada de José Francisco Jattin y Jorge Ramón Elías Náder. Mientras que el retiro de los patriarcas conservadores Miguel Escobar, quien estuvo en las carteras de Trabajo, Justicia, Comunicaciones y fue embajador ante el gobierno de Holanda y la Santa Sede, y Amaury García, ministro de Salud, dos veces gobernador de Córdoba y embajador en Suiza, permitió la elección de Julio Manzur.
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Plata por votos
Frente a las nuevas reglas que la Constitución y la realidad impusieron a los políticos a los comienzos de los noventa, esta nueva generación entendió que las prácticas clásicas clientelistas no eran suficientes para financiar campañas cada vez más costosas. Como solución, apareció a la mano la plata del narcotráfico. Por recibir dineros del cartel de Cali, terminó abruptamente la vida política de los senadores José Francisco Jattin, Jorge Ramón Elías Náder y el representante liberal Jaime Lara Arjona. Y cuando apenas se estaban asimilando las lecciones de escándalo del proceso 8.000, y se acomodaban los grupos a un nuevo escenario político, los paramilitares convocaron en 2001 a una reunión en Santa Fe de Ralito (Córdoba) para plantear un documento para refundar la patria y continuar su lucha armada por medio de la política. Los senadores y representantes que acudieron a esa reunión, la mayoría de Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar, dijeron en su defensa que los obligaron a asistir y firmar un documento. Al final, por afinidad o temor, muchos quedaron como cómplices o simpatizantes con el proyecto político de los paramilitares.
Como consecuencia de las investigaciones sobre la parapolítica, la Justicia capturó y condenó a los senadores Juan Manuel López, Miguel Alfonso de la Espriella, Zulema Jattin, Julio Manzur, Mario Salomón Náder y Reginaldo Montes, quienes habían reemplazado a sus padres, tíos o aliados políticos. También cayeron los representantes Eleonora Pineda -cuota directa de Mancuso– y Fredy Sánchez Arteaga. Esta segunda barrida de la clase política permitió el desembarco de una nueva generación, como Musa Besaile, Bernardo Elías y del exgobernador Lyons.
Para Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, lo que hoy ocurre “se debe en gran medida al paso de los paramilitares por ese y otros departamentos. Impusieron otra lógica: primero cobrar 10, 15 o 20 por ciento de comisión por los contratos y después apoderarse de la salud, la educación y las Alcaldías para obtener recursos para financiar la guerra y la política, especialmente la compra de votos”.
Esta lógica transaccional y extorsiva –muy similar a la que impuso el ELN en Arauca– se vio beneficiada por los procesos de descentralización del Estado y el aumento de los rubros del presupuesto nacional especialmente destinados a programas sociales. Incluso Ávila dice que los paras se tomaron algunas universidades públicas, como la de Córdoba. Pero no para matar a estudiantes subversivos, como lo anunciaron, sino para controlar los convenios interadministrativos que podían celebrar estos centros para hacer todo tipo de obras y contratos sin mayor vigilancia de los organismos de control.
Este aumento de los recursos públicos es evidente. En 1994 Córdoba recibió de la Nación 81.000 millones de pesos para educación, salud y otras inversiones sociales. En 2006, la cifra ascendió a 659.000 millones y este año este pequeño departamento recibirá del Sistema General de Participación 1,7 billones de pesos, de los cuales 964.200 millones van para educación, 417.400 para salud y 97.800 para agua potable. Esto, sin contar los presupuestos locales de los municipios, del departamento o de otros rubros, como la alimentación escolar.
Lo que ocurrió en Córdoba también se debe a la desaparición de las organizaciones sociales, barridas o capturadas por los corruptos. Hoy, salvo contadas excepciones, hay poca veeduría, fiscalización o control político, más si se sabe que los grandes políticos controlan las Contralorías, Procuradurías, Personerías y Veedurías locales o departamentales. Por eso, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, han tenido que ir desde Bogotá a hacer la tarea, porque los funcionarios y entidades locales y regionales también han sido capturados por los políticos.
Tras el paso de la parapolítica, en 2010 se consolidaron Musa Besaile, Bernardo Elías y Arleth Casado, la esposa de Juan Manuel López, como los nuevos grandes barones electorales de Córdoba. Mientras en las elecciones de 2010, Musa tuvo la décimosegunda votación de La U con 62.022 votos, en 2014 tuvo la primera de ese partido con 145.402. Por su parte, Ñoño Elías pasó de 74.188 votos en 2010 a 140.143 votos en la pasada, con el segundo lugar. También se consolidó Martín Morales Diz, quien obtuvo 69.818 votos en 2014 y hoy está detenido por orden de la Corte Suprema por concierto para delinquir y haber sido el determinador del asesinato de Wilmer Pérez, exalcalde de San Antero.
En las últimas elecciones parlamentarias, así como las de alcaldes y gobernadores, esa asociación entre contratistas y lobistas con políticos quedó en evidencia. El ejemplo más visible es Emilio Tapia, quien penetró la campaña de Samuel Moreno con recursos aportados por políticos de Córdoba, y una vez obtenida la victoria, apareció el carrusel de la contratación que saqueó en varios billones de pesos la capital de país. A cambio, también hubo beneficios: Iván Moreno Rojas obtuvo una alta votación en Córdoba en las elecciones de 2010. Se dice que Tapia pagó votos a 150.000 pesos, cuando el promedio era de 50.000 a 70.000 pesos.
No se sabe si es porque se vive apasionadamente la política o por beneficios económicos, o las dos, pero varios municipios de Córdoba, como Sahagún, cuna de numerosos parlamentarios, registran altísimos índices de participación en las elecciones.
Como lo reconoce un experto electoral, Musa Besaile y Ñoño Elías son el resultado más refinado de una nueva generación de políticos que han concentrado el poder a través de altas votaciones financiadas aparentemente con la contratación pública. Al contrario de los gamonales de antaño, estos nuevos dirigentes no sobresalen por sus discursos ni protagonizan duros debates de control político, pero en las urnas son más efectivos y tienen tanto o más éxito que otros reconocidos senadores como Jorge Robledo, el único que obtuvo más sufragios que ellos. Esa maquinaria, según un senador, se alimenta por el manejo de los cupos indicativos o la penetración de personas claves en entidades públicas, tal y como quedó al descubierto en el escándalo de Odebrecht con la Agencia Nacional de Infraestructura.
El arribo de Lyons
A pesar de los estragos del proceso 8.000 y de la parapolítica, el poder regional permanecía inmutable: Juan Manuel López seguía siendo el gran elector. Llegó a tener la Gobernación y 26 Alcaldías, gracias a una tradición familiar de casi 50 años, pues su padre Libardo López Gómez fue gobernador de Córdoba y el gran elector y manejador de los hilos del poder departamental. Su tío Edmundo López fue senador durante varios periodos. Su otro tío Jesús María López fue gobernador de Córdoba y alcalde de Montería. Sin embargo, en un golpe de mano, y de suerte, una coalición liderada por Musa Besaile, Ñoño Elías, Martín Morales y la exsenadora Zulema Jattin acabaron con la hegemonía de los López en 2011.
Una fuente consultada por SEMANA dijo que estos habían intentado convencer a varias personas para que se lanzaran, pero ninguno se le midió porque veían imposible derrotar a Juan Manuel López, que además de controlar la mayoría de Alcaldías tenía la Gobernación. El único que se atrevió fue el joven abogado Alejandro Lyons, puesto en la contienda como un distractor: la estrategia era arrebatarles las principales Alcaldías al exsenador liberal y a su esposa.
Alejandro Lyons obtuvo un triunfo muy reñido, en medio de rumores de la presencia de grandes cantidades de dinero. Y una vez en el poder, Lyons terminó armando su propio grupo político, lejos de los grandes barones, quienes también consideraron que no les había cumplido las cuotas que habían pactado. Si no hubiera sido por este enfrentamiento, los casos de corrupción que hoy tienen sorprendido al país difícilmente se habrían conocido.
Saqueo total
Una de las explicaciones de lo ocurrido en Córdoba está en el altísimo costo de las campañas políticas. Una para el Senado puede costar más de 6.500 millones de pesos. Si el salario de un parlamentario fuera de 28 millones y no tuviera ninguna retención ni gastos, no recogería más de 1.300 millones de pesos en cuatro años en el Congreso. ¿De dónde sale la plata para pagar lo que gastó más la siguiente? “Es de conocimiento en Montería que las campañas invitan a contratistas y empresarios a hacer millonarios aportes, que después les devuelven con creces al comienzo de las administraciones. Y una vez saldadas las deudas, viene lo que le corresponde al político”, dijo un reconocido líder de ese departamento que pidió mantener el anonimato. Para obtener esos recursos han surgido toda clase de mecanismos, carruseles o circuitos de contratación perversos, los mismos que hoy están en la mira de los organismos de control.
El triunfo de Lyons en las elecciones a la Gobernación de 2011 significó un relevo generacional en política cordobesa, en el que los nuevos barones electorales eran jóvenes políticos menores de 40 años, y el mismo Lyons, que para la época tenía 30 años. Sin embargo, el cambio generacional, en principio auspicioso, solo sirvió para profundizar la corrupción. Durante esta Gobernación estallaron los escándalos más aberrantes en la historia del departamento, como los carteles de las pensiones en la educación y de la hemofilia, la malversación de fondos en los proyectos del Fondo de Regalías, y la muerte de los funcionarios de su administración José Miguel Chica Chica y Jairo Zapa Pérez. Son tantos los escándalos que la prensa local ha afirmado que “Lyons es un delincuente y como tal se comportó durante los cuatro años en los que fungió como gobernador del departamento… Desde que asumió el mando en enero de 2012, puso en marcha una empresa criminal para el saqueo de su departamento, empezando por el robo de los recursos de las regalías”.
Un documento conocido en exclusiva por SEMANA, en el que la Fiscalía hizo un balance de las investigaciones por corrupción en Córdoba, señala a Lyons como presunto responsable de 20 delitos, la gran mayoría relacionados con el robo de millonarias sumas de dinero y por los que las autoridades capturaron a 54 personas. El resumen muestra que el saqueo, los contratos irregulares y la malversación de fondos se presentaron en todas las instancias del departamento. En salud se destaca el caso del cartel de la hemofilia, en el que la Fiscalía logró determinar, entre otras cosas, una malversación de 42.000 millones en pagos y entrega de medicamentos no incluidos en el POS a falsos pacientes de hemofilia.
Otro caso está relacionado con lo que en Córdoba se conoce como el cartel de las pensiones en la educación. Según las investigaciones entre 2007 y 2014, jueces, notarios, abogados y funcionarios judiciales habrían desfalcado al fondo de prestaciones sociales del Magisterio por más de 260.000 millones de pesos, al autorizar aumentos injustificados de mesadas pensionales. En medio de las indagaciones, alguien asesinó a José Miguel Chica Chica, que en 2014 era supervisor de la Secretaría de Educación departamental y en 2007 había sido secretario de Educación encargado. A Chica Chica se le acusó de firmar en 2007 resoluciones reconociendo los reajustes a pensionados, pero logró aclarar que en la mayoría de los documentos su firma era falsa.
Pero el caso más sonado es el relacionado con lo ocurrido en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías en Córdoba, en el que se malversaron 160.000 millones de pesos, en las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. Este escándalo también estuvo acompañado del asesinato de Jairo Zapa Pérez, en 2014 director de regalías del departamento.
Hay una expectativa en torno a si la fuga y tocata que compuso Lyons desde Miami va a permitir que se conozca toda la verdad del gran robo de Córdoba. En una entrevista que el periodista monteriano Toño Sánchez Jr. le hizo la semana pasada para la emisora Montería 38 Grados, Lyons dijo que las verdades que revelará serán dolorosas e inesperadas, y advirtió que la corrupción no es solo de los políticos. “Los entes de control son los principales extorsionistas y de esos extorsionistas voy a hablar”. Y el país espera que se conozca toda la verdad.
