Corte Suprema se opone a entrada de un “paramilitar puro” a la JEP y advierte de posible “fraude”

Por todo este prontuario fue que Arana pidió pista en la JEP y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas lo aceptó este año como agente estatal no integrante de la Fuerza Pública. Y es precisamente esa calidad la que cuestiona la Corte Suprema, pues a ojos del alto tribunal el exgobernador de Sucre fue combatiente de las Auc y un “paramilitar puro”, con lo que su juez natural no sería la JEP, sino la justicia ordinaria que ya lo condenó. En un fuerte pronunciamiento de 73 páginas, la Corte Suprema sustentó por qué considera que admisiones como ésta tienen “perjudiciales efectos” en la justicia.

“Por tratarse de un agente estatal cuya responsabilidad penal se enmarcó en su estrechísima relación con grupos paramilitares, el análisis del factor personal no puede reducirse a una irreflexiva y aislada constatación del ejercicio de un cargo público por Salvador Arana, en la época en que cometió los delitos por los que fue sentenciado. No. La particular naturaleza del grupo armado ilegal que, como se verá, aquél integró, obliga a examinar la competencia en razón de la persona articuladamente con el criterio material de competencia”, dice el documento judicial.

Esa es la condición de Arana, según la Sala Penal de la Corte, instancia que conoce a fondo su caso no solo porque lo condenó y estuvo a punto de llevarlo a juicio por el delito de falsedad en documento público, sino porque pidió en préstamo todos los documentos que tuvo en cuenta la JEP para admitirlo. Con todos estos elementos, el alto tribunal asegura: “Al margen de haberse desempeñado como gobernador de Sucre y haber ejercido desde ese cargo una función de patrocinador de las Auc, Arana fue fundador, financiador y líder de estructuras paramilitares, en las que tuvo y ejerció poder de mando para cometer, por intermedio de la organización, crímenes de lesa humanidad”.

Además, el alto tribunal asegura que, “en esa doble condición de paramilitar y servidor público fue más allá del acompañamiento político, el ofrecimiento burocrático y el apoyo ideológico a las Auc. En efecto, continuó financiando y apoyando a las estructuras armadas en cuya fundación participó, a las que, incluso, acudió para esquilmar el patrimonio público y cometer delitos de lesa humanidad”. Por eso, sobre la financiación de los paramilitares, la Corte explicó: “el exmandatario departamental, estando facultado por la Comisión Nacional de Regalías para administrar y ejecutar los recursos provenientes de regalías petroleras del municipio de Santiago de Tolú (Sucre), ordenó el doble pago de 15 contratos celebrados por el ente municipal, por la suma de $478.669.719”.

Estos pagos fueron efectuados a la representante legal de Invergolfo Ltda, María Angélica Esquivel Lora. “Aquélla cobró los títulos valores y, seguidamente, entregó el dinero en efectivo a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, por instrucción de Carlos Castaño Gil, quien tenía vínculos con Salvador Arana”, agrega la Corte Suprema. Y, en un supuesto último intento por efectuar un nuevo pago, “Fernando Alberto Puerta Toro, Tesorero Municipal de Tolú, expidió una certificación acreditando la existencia de la deuda a cargo del municipio y su estado de insoluta”. Aunque Toro ya fue condenado por estos hechos, Arana apenas iba a comenzar la etapa de juicio cuando fue admitido en la JEP.

Todos estos elementos deberán ser analizados por la Corte Constitucional, que tendrá la responsabilidad de dirimir a quién le corresponde juzgar a Arana. Ya en el pasado ha habido choques similares por parapolíticos y protagonistas de otros escándalos que han entrado a la JEP, en colisión con las investigaciones que les adelantan otros entes judiciales. Tal es el caso, por ejemplo, de Álvaro Ashton, cuyo futuro en la justicia especial también se debate en el máximo tribunal constitucional. No obstante, la Corte Suprema aprovechó la ocasión para sentar su posición sobre la entrada a la JEP de crímenes que no tienen una relación directa con el conflicto.

“El riesgo de avalar esos análisis laxos de competencia también conlleva el riesgo de atribuir a la JEP el conocimiento de fenómenos de criminalidad que, de entrada, carecen de conexidad material con el conflicto armado, como por apenas citar un ejemplo, eventos de corrupción judicial como el denominado ‘cartel de la toga’, donde se afirmó una conexidad consecuencial que, si bien puede predicarse del intento por evitar la judicialización de los crímenes cometidos en el marco del conflicto, carecen de nexo con el conflicto mismo, que es en relación con el cual se le otorgó competencia exclusiva a la JEP”, dijo la Corte. Por todo esto, la Corte enciende las alarmas por un posible “fraude” a la misión misma de esa autoridad judicial de cierre.

Sus actuaciones, según su jurisprudencia de la Sección de Apelación, cumplen con los factores de competencia que le dan vía a su admisión en la jurisdicción, pues fueron cometidos con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado: «Lo anterior, por cuanto: i) fueron cometidos por Arana Sus cuando ejercía como gobernador del departamento de Sucre, esto es siendo servidor público no miembro de la FP; ii) se cometieron antes del 1 de diciembre de 2016, y iii) los hechos delictivos por los que fue condenado por la H. Corte Suprema de Justicia hicieron parte de una estrategia de apoyo importante al esfuerzo general de guerra de los paramilitares, pues favorecieron los intereses financieros, políticos e ideológicos de ese grupo que en la época ejercía control territorial en esa zona del país».

Tribunal de Paz, agregó que el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, también solicitado por Arana Sus, fue negado por la Sala.