Cuatro congresistas electos bajo lupa por corrupción en campañas

La Fiscalía compulsará copias contra al menos cuatro congresistas electos el pasado 11 de marzo y citará a interrogatorio a una docena de dirigentes políticos regionales como parte de una ofensiva sin antecedentes contra personas vinculadas a delitos electorales en el país.

Este jueves, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, dará a conocer nuevas decisiones en la macroinvestigación iniciada hace menos de cuatro meses y que dejó al descubierto sofisticadas empresas electorales establecidas en varios departamentos y que acudían a la compra de votos para lograr cargos de elección popular. La Fiscalía detectó que algunas de esas redes ni siquiera tenían filiación política y terminaban ofreciendo sus servicio al mejor postor.

“Hemos descubierto una verdadera empresa, una organización criminal dedicada a la compra de votos. El país va a quedar escandalizado cuando conozca la dimensión de la corrupción electoral. Nauseabunda”, afirmó el fiscal Martínez Neira a finales de mayo en un evento de la Asobancaria pero añadió que solo revelaría los detalles de la investigación después de las elecciones para que no lo señalaran de intervenir en política.

Aunque la compra de votos no es una práctica nueva en Colombia, solo hasta ahora las autoridades le ponen la lupa a esas maniobras muchas de las cuales antes ni siquiera eran delito pero ahora están tipificadas en la le 1864 de 2017, que modificó el Código Penal, y que se estrenarán en esta investigación.

EL TIEMPO estableció que la investigación que tiene privadas de la libertad a ocho personas entre ellas a la electa senadora Aida Merlano Rebolledo es solo la punta del iceberg de una práctica que se extendió por varias regiones del país y que pondrán a responder ante la Corte Suprema de Justicia a poderosos políticos regionales.
El ente acusador identificó varias prácticas entre ellas la existencia de organizaciones con líderes locales que ofrecen a políticos los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero. Esa práctica ahora es delito con una pena de entre 4 y 9 años de cárcel.

Incluso se detectó en una de las investigaciones que se ofreció a una comunicad la entrega de electrodomésticos y tabletas, pero los beneficiados se tenían que comprometer a votar por un candidato al Congreso y presentar su certificado electoral.

Sofisticación de caso Merlano

En el caso que tiene presa a la electa senadora Aida Merlano, la Fiscalía detectó evidencias de que existió una red criminal “con permanencia en el tiempo” que incluso funcionó en las elecciones al Congreso del 2014, en las regionales para elegir mandatarios locales y departamentales, concejales y diputados en octubre del 2015 y que de nuevo fue usada en marzo pasado. El último propósito era elegir senadora a Merlano y representante a la cámara a su fórmula Lilibeth Llinás.

Según la investigación, la red estaba integrada por concejales de Barranquilla y una diputada del Atlántico que ya se habían visto favorecidos en 2015 con el carrusel de votantes que en marzo pasado apoyó a Merlano esperando un pago de 50 mil pesos por voto.

La Fiscalía detectó que líderes locales recibían pagos mensuales por su capacidad de conseguir votos en épocas de elecciones y su tarea era mantener esa caudal de votantes y evitar que fueran a vender el sufragio a otro grupo político.

Se evidenció la existencia de reclutadores profesionales que buscaban en los barrios o incluso municipios a los votantes y que ellos recibían pagos mensuales por su sostenimiento por los votos “que a futuro pudiera aportar a favor de la organización criminal o los candidatos que quisieran apoyar”.

Esa misma práctica detectada en el caso Merlano y que funcionaba desde su sede de campaña y otras sedes alternas también fue detectada por la Fiscalía en otras regiones del país.