Detalles de un saqueo por $35.000 millones al fondo público de pensiones
En 2014 se empezó a descubrir un millonario saqueo a las arcas del fondo de pensiones público. Un poco más de 1.600 profesores de Cundinamarca habrían pasado documentación falsa (certificaban sueldos 20 % más altos de los que obtuvieron durante su carrera) a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) para lograr una mayor cotización de su pensión. Bajo esta modalidad, se habrían robado un total de $35.535 millones del erario por el sobrecosto en la cotización de las mesadas. Las cabezas de esta estafa fueron dos abogados: Carlos Eduardo Ochoa Moreno y Juan Carlos Solaque, que montaron una empresa con el único fin de asesorar a los maestros de forma irregular.
Para determinar las posibles responsabilidades en este caso disciplinario, la ITRC contó con material probatorio de primera mano —números de cuentas, registros de los sistemas de la UGPP y correos electrónicos— y testimonios de varios de los implicados. Entre los testigos están el abogado Ochoa Moreno y uno de los reclutadores. De acuerdo con el encargado de contactar a los profesores, para lograr la reliquidación de estas pensiones, los abogados les pagaron coimas “a funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca para la expedición de certificaciones salariales falsas, así como también a un funcionario de la firma encargada de efectuar la validación de autenticidad de los documentos para la UGPP”.
Esta persona, cuya identidad se protege por ser testigo importante en el proceso penal, señaló a Quiza Lozada como la persona de la UGPP “que ayudaba en la agilización de los trámites”. Aunque en las investigaciones no se pudo comprobar ese papel, ya que esta necesitaba de un supervisor para agilizar cualquier trámite, la ITRC determinó que la funcionaria fue una pieza fundamental para que el entramado liderado por Ochoa Moreno lograra tener éxito en las reclamaciones pensionales. Quiza Lozada, según las pesquisas de la agencia, hacía un minucioso seguimiento a los casos presentados por los dos abogados y les indicaba los pasos a seguir para que sus solicitudes recibieran un concepto positivo.
La funcionaria, sin embargo, negó la supuesta alianza con el abogado Ochoa, y señaló a la ITRC, secundada por su esposo, que la relación con el jurista databa de 2008, cuando coincidieron funcionarios de Cajanal. La mujer contó que ellos se reunieron en una ocasión en un centro comercial de Bogotá y que allí el abogado le ofreció dinero para que cambiara un concepto que había dado sobre un aumento de mesadas pensionales, pero que ella no aceptó. Desde entonces, relató, el abogado la visitó en múltiples ocasiones en su apartamento, aprovechando que su esposo vendía seguros de carros, para insistirle en su propuesta. Sin embargo, la mujer asegura que nunca cedió ante las pretensiones.
El abogado Ochoa dio una versión distinta. Este contó que la reunión en el centro comercial sí existió y que fue allí donde acordaron que ella recibiría cierta cantidad de dinero por su seguimiento a los procesos. Para probar esta versión, el abogado suministró la clave de su correo electrónico y permitió que la ITRC accediera a varias comunicaciones entre él y la pareja de la mujer, Rodrigo Bermúdez Góngora. Las comunicaciones entre Quiza y Ochoa se dieron a través de esta cuenta, para así evitar cualquier tipo de control o intromisión en su correo corporativo. Fueron estas comunicaciones las que evidenciaron la participación de la funcionaria en el entramado de corrupción.
En las comunicaciones electrónicas, que la funcionaria aseguraba que eran de mera amistad entre su esposo y el abogado, también quedó consignado que Ochoa le reportaba cuando las solicitudes eran radicadas, para que ella comenzara a hacerles seguimiento. De igual manera, en varios correos se lee que Quiza Lozada detalló instrucciones para que sus solicitudes tuvieran éxito. En uno de ellos, el más revelador, indica el nombre de la procuradora a quien tenían que dirigir el reclamo, los argumentos que debían dar para que su solicitud fuera tramitada y hasta le entrega el número de cédula de una mujer para pedir los antecedentes y poder entablar otra demanda.
Quiza Lozada basó en su defensa en que no se podía probar que los hubiera favorecido, ya que “no tenían como prueba el recibo del cheque” u otro comprobante que demostrara que había recibido dinero por su supuesto favorecimiento. Sin embargo, la ITRC encontró un correo en los que la mujer y el abogado hablan sobre el giro de un cheque de gerencia por $30 millones, pago que, según Ochoa, se terminó haciendo en efectivo ante la posibilidad de que las cuentas de ambos fueran intervenidas. En la investigación disciplinaria se encontró que de la empresa de ambos abogados salieron millonarias sumas, catalogadas como préstamos, que habrían sido el pago de los múltiples sobornos, incluido el de la funcionaria.
