DNE: Carlos Albornoz pagará 19 años de cárcel y fiscales del caso serán investigados
DNE: Carlos Albornoz pagará 19 años de cárcel y fiscales del caso serán investigados
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
Carlos Albornoz, exdirector de la Dirección Nacional Estupefacientes, irá a prisión tras ser hallado culpable de irregularidades en la venta del centro comercial Villa Country, en Barranquilla. Por el caso pasaron cinco fiscales, y el juez ordenó investigar las decisiones que tomaron cuatro de ellos durante el proceso.
Carlos Albornoz pagará 19 años de cárcel y una multa de $5.336 millones por el torcido negocio de la venta del centro comercial Villa Country, en Barranquilla. Durante su gestión como director de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), una serie de acciones y omisiones de Albornoz llevaron a la venta del reconocido inmueble, ubicado en una exclusiva zona de la capital del Atlántico, en $18.362 millones. Sin embargo, la Fiscalía pudo demostrar con el avalúo catastral que la propiedad valía, por lo menos, $3.643 millones más. Además, fue absuelto por otras tres ventas de predios que habían sido señaladas de irregulares.
El juez 37 penal del circuito de Bogotá sentenció a Carlos Albornos por el delito de peculado por apropiación, pues a pesar de que la Fiscalía lo había investigado por otros cuatro crímenes más, todos prescribieron. Luego de que por el caso pasaran cinco fiscales, contando el actual, el juez pidió, además, investigar posibles irregularidades de estos funcionarios en el manejo que le dieron el caso. Por ejemplo, el fiscal Santiago González “depuró” decenas de pruebas que había en el expediente, omitiendo llevarlas a juicio, y esto, dijo el juez, condujo a que Albornoz resultara absuelto por otras tres ventas posiblemente ilegales.
De la DNE, el Villa Country pasó a manos de Leo Eisenband Gottlieb, dueño de la tienda de productos de belleza Fedco. De acuerdo con el testimonio de Camilo Bula, antiguo fiscal y exliquidador de la DNE, la venta irregular del inmueble se pactó en Miami, a través de conversaciones que incluyeron a la firma inmobiliaria Araujo&Segovia. Eisenband también está siendo investigado formalmente investigado por la Fiscalía, que le imputó en 2019 los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y fraude procesal.
Pero, a pesar de ser el inmueble más famoso, Villa Country no fue el único que se vendió por debajo del precio, con la anuencia de Albornoz. Otros tres inmuebles que pertenecían a la Sociedad Promociones y Construcciones del Caribe Ltda., Promocon, entre otras, y pasaron a manos de particulares en ventas aparentemente irregulares: una oficina, una lujosa casa y un lote en el barrio el Prado. No obstante, Albornoz fue absuelto por el peculado del que se le señalaba en esas tres ventas y solo condenado por la transacción del centro comercial.
Según el relato del juez, el papel de Camilo Bula fue crucial en estos negocios, según él mismo admitió: fue contratado en 2007 por el propio Albornoz para que se convirtiera en agente liquidador de las sociedades, sin que cumpliera los requisitos mínimos para esas funciones, por ejemplo, estar inscrito como liquidador ante la Superintendencia de Sociedades. Bula venía de la Fiscalía y, por una amistad personal que tenía previamente con Albornoz, se saltaron los procedimientos necesarios para nombrarlo en la DNE.
Actualmente, Bula cumple una condena de 18 años por los delitos de cohecho (soborno) y peculado (fraude) a favor de terceros. Sus declaraciones fueron vitales para lograr la condena de Albornoz, ya que contó cómo pactaban con agencias de avalúo que le pusieran un valor inferior del real a los predios para así lograr sus cometidos. Y sus dichos no se quedan ahí. El exliquidador le explicó a la Fiscalía que se pactaron diversos negocios, en reuniones clandestinas en restaurantes y en el apartamento del exdirector de la DNE, en los cuales se recibieron comisiones por liquidar bienes a favor de reconocidos empresarios.
Según Bula, en este caso Albornoz, “dijo que quería $800 millones, dinero que se le entregó por concepto de la venta del Centro Comercial Villa Country. Se le entregaron en varios contados. Fue un negocio de palabras y en esto no había garantías. Una vez vendido, a mediados de 2009, Albornoz se retira de la dirección”. Lo mismo ocurrió con los otros tres bienes, que le fueron extinguidos a la familia Nasser Arana, una poderosa organización de narcotráfico que delinquió en la Costa Caribe.
El juez, en la audiencia de sentido de fallo, le dijo directamente al exdirector de la DNE: “Señor Albornoz, usted de forma indecorosa, de forma indecente, dispuso de bienes del Estado. Allá afuera hay personas que sufren para acceder al pan, usted creyó que accediendo a un cargo público podría enriquecerse. Esa entidad era una guarida de ladrones ¿Cuántos miles de millones de pesos se habrán perdido?”.
El exdirector de la DNE ya estuvo involucrado en otro proceso por supuestamente ofrecer un inmueble como una verdadera ganga. El 6 de septiembre de 2019, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó su absolución por la supuesta venta irregular del predio Granja 32, ubicado en Cota (Cundinamarca). La propiedad solía ser del narcotraficante tolimense Guillermo Ortiz Gaitán, requerido además por la justicia italiana, pero cayó en manos del médico Tito Arcadio Perilla y su esposa en 2007, luego de que Carlos Albornoz aprobara su venta por $1.200 millones. Según la Fiscalía, ese preció corresponde a una venta irrisoria.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá replicó las consideraciones del Juzgado 33 Penal de Circuito de Bogotá, el cual el 6 de agosto de 2019 absolvió en primera instancia al condenado, ahora, por el caso Villa Country. “Para el juzgado, Carlos Salvador Albornoz Guerrero no prestó ningún aporte al supuesto delito de peculado por apropiación y prevaricato por omisión (…) la Fiscalía no probó, en el curso del juicio oral, el denominado valor del inmueble Granja La 32”, consideró el juzgado. En su momento, la Fiscalía planteó un detrimento patrimonial de $1.500 millones, pero no aportó las pruebas para sostener esa hipótesis.
