Dos entidades han invertido COP 2,7 billones para elecciones 2026: así se mueve el dinero

Dos entidades han invertido COP 2,7 billones para elecciones 2026: así se mueve el dinero

Dos entidades han invertido COP 2,7 billones para elecciones 2026: así se mueve el dinero

Fuete: EL ESPECTADIR (Ver Noticia Original)

Se han fir­mado 30 con­tra­tos millo­na­rios para garan­ti­zar que en 2026 se elija a un nuevo Con­greso Nacio­nal y al suce­sor de Gus­tavo Petro en la Casa de Nariño. En menos de ocho meses se han fir­mado 30 con­tra­tos millo­na­rios para garan­ti­zar que en 2026 se elija a un nuevo Con­greso y al suce­sor de Gus­tavo Petro en la Casa de Nariño. La mayor parte de los recur­sos se ha ido en gas­tos de logís­tica y tec­no­lo­gía. La mul­ti­na­cio­nal Tho­mas Greg & Sons maneja el con­ve­nio más grande.

En cues­tión de un mes y dos sema­nas, el país asis­tirá a las urnas para ele­gir a 284 con­gre­sis­tas que ten­drán en sus manos el futuro de varios cam­bios que la ciu­da­da­nía reclama desde hace varios años. La cita tam­bién será la ver­da­dera pri­mera vuelta de las pre­si­den­cia­les, pues ade­más de dejar claro qué fuer­zas polí­ti­cas con­tro­lan los votos y ten­drán mayo­rías en el Legis­la­tivo, selec­cio­nará el rami­llete de can­di­da­tos a la Pre­si­den­cia con las con­sul­tas inter­par­ti­dis­tas.

El regis­tra­dor Her­nán Pena­gos ase­gura que hay garan­tías para los comi­cios y que no se puede hablar de fraude.

Con las últi­mas movi­das de esta semana quedó claro que un sec­tor de la dere­cha, bajo la som­bri­lla de la “Gran Con­sulta”, bus­cará a un solo can­di­dato entre nueve aspi­ran­tes que alzan las ban­de­ras con­tra el ofi­cia­lismo, el cual, pre­ci­sa­mente, res­pon­derá con otra con­sulta en la que, hasta el momento, están Iván Cepeda, Roy Barre­ras, Daniel Quin­tero y Camilo Romero. Y mien­tras los par­ti­dos y las coa­li­cio­nes mue­ven sus fichas y pac­tan alian­zas, la Regis­tra­du­ría y el Con­sejo Nacio­nal Elec­to­ral (CNE) avan­zan en una billo­na­ria ope­ra­ción para ase­gu­rar el pro­ceso.

La apuesta ini­ció a fina­les de 2024, cuando ambas enti­da­des se movie­ron ante el Gobierno y el Con­greso para garan­ti­zar sus pre­su­pues­tos de 2025. Al final, tras varios meses de con­ver­sa­cio­nes y en medio de la ten­sión que generó la nega­tiva del Legis­la­tivo a apro­bar el monto que plan­teó la Casa de Nariño, la Regis­tra­du­ría quedó con COP 3,2 billo­nes y el CNE con un rubro his­tó­rico de COP 1,06 billo­nes, pero de los cua­les se apla­za­ron COP 600.000 millo­nes.

Con estas cuen­tas cla­ras, ambos des­pa­chos des­ple­ga­ron una estra­te­gia para adqui­rir los ser­vi­cios reque­ri­dos para las elec­cio­nes pre­si­den­cia­les y legis­la­ti­vas. Se gún enco­ni­tró El Espec­ta­dor, desde 2025 y hasta la fecha, pun­tual­mente en los últi­mos ocho meses, ambas han sus­crito con­ve­nios por un total de COP 2,7 billo­nes, una cifra mayús­cula que, por ejem­plo, duplica lo que al año mane­jan enti­da­des como el Con­greso o el Minis­te­rio de la Igual­dad.

La mayor parte de los recur­sos está des­ti­nada a la logís­tica, como la ins­crip­ción de cédu­las, la revi­sión de fir­mas y la digi­ta­li­za­ción de las actas. Pero tam­bién se han con­tra­tado ser­vi­cios de trans­porte, la divul­ga­ción de los resul­ta­dos de los comi­cios, el alqui­ler de Cor­fe­rias para la jor­nada en Bogotá, la segu­ri­dad infor­má­tica, la pauta en medios y varios pun­tos más.

A la hora de revi­sar los pro­ce­sos, lo pri­mero que salta a la vista es que los con­tra­tis­tas que se lle­va­ron la mayor can­ti­dad de recur­sos son vie­jos cono­ci­dos de estos pro­ce­sos y que, por la misma razón, se han desa­tado fuer­tes cho­ques con pode­res polí­ti­cos que han puesto a andar narra­ti­vas de desin­for­ma­ción sobre pre­sun­tos frau­des en las vota­cio­nes.

Los con­tra­tos de la Regis­tra­du­ría

La enti­dad que dirige Her­nán Pena­gos empezó a con­tra­tar los recur­sos para las elec­cio­nes a fina­les de abril de 2025, con un con­ve­nio de COP 5.860 millo­nes con la empresa JE Tours para el tras­lado de ser­vi­do­res públi­cos y con­tra­tis­tas que par­ti­ci­pan en los pro­ce­sos elec­to­ra­les. Esta com­pa­ñía ha con­tra­tado en otras opor­tu­ni­da­des como la Regis­tra­du­ría y enti­da­des como la Aero­ci­vil, la Rama Judi­cial, entre otras.

A media­dos de este año se adju­dicó el con­trato con­si­de­rado la joya de la corona de las elec­cio­nes, esto debido a su valor, que asciende a COP 2,1 billo­nes, monto para cubrir la mayo­ría de aspec­tos logís­ti­cos de las vota­cio­nes. La gana­dora de la lici­ta­ción fue Tho­mas Greg & Sons, mul­ti­na­cio­nal a la que el pre­si­dente Gus­tavo Petro le quitó el pro­ceso de expe­di­ción de pasa­por­tes y la misma por la que este año dijo que “des­con­fía” de la trans­pa­ren­cia de las elec­cio­nes de 2026.

Según el pre­si­dente, ade­más de una posi­ble opa­ci­dad en el soft­ware de escru­ti­nio, el hecho de que Tho­mas Greg maneje los kits elec­to­ra­les implica que todas las elec­cio­nes están en sus manos. Sin embargo, lo cierto es que, ade­más de que el soft­ware ahora es pro­pie­dad del Estado, los pro­ce­sos están divi­di­dos y requie­ren la con­tra­ta­ción de otras fir­mas.

De acuerdo con las auto­ri­da­des elec­to­ra­les, el con­teo de los votos, la clave de todo el pro­ceso, no está a cargo de nin­gún pri­vado, sino de los jura­dos y luego de los jue­ces en la etapa del escru­ti­nio. Eso sí, durante el pro­ceso de selec­ción de con­tra­tista, lo que generó ruido fue­ron los comen­ta­rios de otras fir­mas inte­re­sa­das que seña­la­ron que las con­di­cio­nes hacían casi impo­si­ble com­pe­tir con una empresa que lleva casi 20 años ganando con­tra­tos elec­to­ra­les. Al final, la Regis­tra­du­ría no encon­tró méri­tos en esos recla­mos y Tho­mas Greg fue el único pro­po­nente.

Otro de los con­tra­tos jugo­sos para 2026 es el de los ser­vi­cios para la con­so­li­da­ción y divul­ga­ción de las vota­cio­nes. Como lo anti­cipó este dia­rio, la favo­rita para que­darse con este pro­ceso de COP 47.900 millo­nes era la firma espa­ñola Indra, pues al igual que sucede con Tho­mas, ha sido la que en los últi­mos años ha con­tro­lado dicha etapa de los comi­cios. El pro­ceso con­tra­tado con­siste en veri­fi­car y con­so­li­dar los datos elec­to­ra­les obte

nidos del pro­ce­sa­miento elec­tró­nico del pre­con­teo para su pos­te­rior publi­ca­ción en la página web de la enti­dad.

Indra ha par­ti­ci­pado, entre otras, en las terri­to­ria­les de 2011, 2015, 2019 y 2023, las legis­la­ti­vas y pre­si­den­cia­les de 2014, 2018 y 2022, el ple­bis­cito por la paz de 2016 y la con­sulta anti­co­rrup­ción de 2018. Ade­más, fue la encar­gada de dise­ñar el soft­ware o “solu­ción infor­má­tica” para el escru­ti­nio elec­to­ral, que, como ya se indicó, fue com­prado por la Regis­tra­du­ría y entre­gado al CNE. Pre­ci­sa­mente, este año tam­bién se ganó otro con­trato, por COP 7.100 millo­nes, para la actua­li­za­ción y el man­te­ni­miento del sis­tema.

Como lo reveló El Espec­ta­dor, tres gran­des eje­cu­ti­vos de Indra visi­ta­ron la Casa de Nariño a fina­les de 2024, lo que llamó la aten­ción debido a la rela­ción de esta empresa con las elec­cio­nes y otros gran­des con­tra­tos con el Estado. La firma le dijo a este medio que la reu­nión se llevó a cabo con un ase­sor de Pala­cio y que fue exclu­si­va­mente para tra­tar temas de una alianza en temas de segu­ri­dad. Sin embargo, un docu­mento de la Pre­si­den­cia señala que tres direc­ti­vos “ingre­sa­ron a la Casa de Nariño para reu­nión con el señor pre­si­dente Gus­tavo Petro”.

Ade­más de estos pro­ce­sos, la Regis­tra­du­ría ha con­tra­tado el alqui­ler de Cor­fe­rias (COP 7.600 millo­nes), un paquete de segu­ri­dad infor­má­tica (COP 41.000 millo­nes con UNEEPM) y ha des­ti­nado cerca de COP 36.000 millo­nes para pau­tar en medios públi­cos y pri­va­dos, y fomen­tar la par­ti­ci­pa­ción ciu­da­dana. A la lista se suma un con­ve­nio con el Ins­ti­tuto Inte­ra­me­ri­cano de Dere­chos Huma­nos, por COP 25.000 millo­nes, para rea­li­zar una audi­to­ría externa a los pro­ce­sos elec­to­ra­les y a los sis­te­mas invo­lu­cra­dos. Así las cosas, en esta enti­dad se han fir­mado 27 con­tra­tos.

Las movi­das millo­na­rias del Con­sejo Nacio­nal Elec­to­ral

La con­tra­ta­ción de la máxima auto­ri­dad elec­to­ral enfo­cada en 2026 viene de la mano con su empo­de­ra­miento como una enti­dad que pasó de ser una exten­sión de la Regis­tra­du­ría a tener una casi­lla pro­pia en el Pre­su­puesto Gene­ral de la Nación. Luego de que el gobierno del pre­si­dente Petro inclu­yera un artí­culo al res­pecto en su Plan de Desa­rro­llo, el CNE se trans­formó en un orga­nismo autó­nomo e inde­pen­diente.

Como ya se indicó, ade­más de mane­jar su pro­pia plata, se trata de un monto abul­tado, como el de COP 1 billón para este año. De hecho, la semana ante­rior el CNE demos­tró esa fuerza de caja y firmó un con­trato por COP 384.000 millo­nes para adqui­rir ser­vi­cios de tec­no­lo­gía para la pos­tu­la­ción y acre­di­ta­ción de tes­ti­gos elec­to­ra­les, obser­va­do­res y audi­to­res de sis­te­mas para las elec­cio­nes de Con­greso, con­sul­tas inter­par­ti­dis­tas y pre­si­den­cia­les. Se trata del segundo con­ve­nio más caro para las pró­xi­mas elec­cio­nes.

La empresa gana­dora fue Link­tic S.A.S., que ha lla­mado la aten­ción por­que en el último año ha tenido un “boom” de con­tra­ta­ción con el CNE, pues ha fir­mado cua­tro acuer­dos que suman COP 54.000 millo­nes, todos des­ti­na­dos al mismo tema: brin­dar una solu­ción inte­gral tec­no­ló­gica, infor­má­tica y de ser­vi­cios para la acre­di­ta­ción de tes­ti­gos o el desa­rro­llo de fun­cio­nes de ins­pec­ción y vigi­lan­cia de la enti­dad.

En varios de estos pro­ce­sos, según cono­ció este dia­rio, se pre­sen­ta­ron obser­va­cio­nes de otros pro­po­nen­tes seña­lando que podría exis­tir un favo­re­ci­miento a Link­tic. “Dife­ren­tes empre­sas inte­re­sa­das mani­fes­ta­ron el favo­re­ci­miento al con­tra­tista actual de la enti­dad, al incluir una prueba de con­cepto de la solu­ción com­ple­ta­mente desa­rro­llada y al soli­ci­tar cer­ti­fi­ca­dos de expe­rien­cia en desa­rro­llo de un soft­ware con igual alcance. Se entiende que la enti­dad debe garan­ti­zar la ido­nei­dad de la empresa a con­tra­tar para pro­pen­der que los ser­vi­cios sean eje­cu­ta­dos a caba­li­dad y cum­pliendo todas las espe­ci­fi­ca­cio­nes y fun­cio­na­li­da­des reque­ri­das, pero lo que no se entiende es que se des­co­noz­can los tiem­pos de desa­rro­llo reque­ri­dos para una solu­ción como esta”, se lee en uno de los comen­ta­rios sobre un con­trato de COP 15.000 millo­nes.

El CNE res­pon­dió que el objeto del pro­ceso es una pres­ta­ción de ser­vi­cios inte­gra­les y no un desa­rro­llo de soft­ware, “por lo que no resulta acer­tada la afir­ma­ción: ‘Lo que no se entiende es que se des­co­noz­can los tiem­pos de desa­rro­llo reque­ri­dos para una solu­ción como esta’”.

Para las elec­cio­nes de 2026, el tri­bu­nal elec­to­ral tam­bién con­trató por COP 26.000 a la Empresa de Tele­co­mu­ni­ca­cio­nes de Popa­yán para imple­men­tar una solu­ción tec­no­ló­gica para la rela­to­ría de la cor­po­ra­ción, y firmó justo en la semana de Navi­dad otro por COP 34.000 millo­nes para hacer audi­to­ría de los com­po­nen­tes tec­no­ló­gi­cos y logís­ti­cos con­tra­ta­dos para la cita a urnas de 2026. De esta manera, por este lado de la orga­ni­za­ción elec­to­ral se han des­ti­nado COP 445.000 millo­nes en la mate­ria.

Estas billo­na­rias inver­sio­nes son un eje más de todo el pro­ceso elec­to­ral, pues más allá de los 30 con­tra­tos men­cio­na­dos, en medio de la cre­ciente ola de vio­len­cia en varias regio­nes, la Fuerza Pública, la Uni­dad Nacio­nal de Pro­tec­ción y otras enti­da­des han des­ple­gado sus recur­sos para inten­tar “blin­dar” el lla­mado a urnas. La UNP, por ejem­plo, ya des­tinó COP 30.000 millo­nes para garan­ti­zar vehí­cu­los blin­da­dos a los can­di­da­tos. Este con­trato lo ganó la empresa GMW Secu­rity Rent a Car, que apa­rece en la inves­ti­ga­ción de la Supe­rin­ten­den­cia de Indus­tria y Comer­cio (SIC) por supuesta car­te­li­za­ción de las camio­ne­tas blin­da­das. La enti­dad intentó fir­mar dos con­tra­tos simi­la­res, uno por COP 12.000 millo­nes y otro por COP 18.000 millo­nes, pero fue­ron decla­ra­dos desier­tos por­que los pro­vee­do­res no cum­plie­ron con todos los requi­si­tos jurí­di­cos, téc­ni­cos y finan­cie­ros reque­ri­dos.

Toda esta movida con­trac­tual se da en medio de los pro­ble­mas de caja del Gobierno para enviar­les los recur­sos a las enti­da­des. De hecho, en diá­logo con El Espec­ta­dor, el regis­tra­dor Pena­gos dijo que en diciem­bre no se les pudo girar a varios pro­vee­do­res, pero que espera que desde este mes se nor­ma­li­cen los pagos. Eso sí, el fun­cio­na­rio aclaró que no cree que haya riesgo para los comi­cios. “Ya está con­tra­tado todo, pero la caja no deja de ser un tema en el que los pro­vee­do­res están per­ma­nen­te­mente escri­biendo, exi­giendo y soli­ci­tando lo que deben tener para su pago. Pero de ahí a decir que ponga en riesgo el pro­ceso elec­to­ral, para nada”, explicó. A comien­zos de este año, ade­más, debe­rán enviarle desde la enti­dad al Minis­te­rio de Hacienda la soli­ci­tud de recur­sos para las con­sul­tas inter­par­ti­dis­tas que se rea­li­za­rán en la misma fecha de las legis­la­ti­vas.

El fac­tor fis­cal tam­bién tiene al Gobierno de pelea con el poder regio­nal, pues esta semana los gober­na­do­res se rebe­la­ron con­tra su emer­gen­cia eco­nó­mica y plan­tea­ron echar mano de la figura de excep­ción de incons­ti­tu­cio­na­li­dad para fre­nar los nue­vos impues­tos con los que el Eje­cu­tivo busca fon­dear sus arcas. El pre­si­dente Petro y sus minis­tros ya ana­li­zan cómo res­pon­der en este frente de bata­lla, esto sin per­der de vista el obje­tivo de ree­le­gir a su pro­yecto, con mayo­rías en el Con­greso y con un pre­si­dente que man­tenga la línea petrista en la Casa de Nariño.

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