Un gran jurado federal del estado de Louisiana ha presentado una acusación de 12 cargos contra Carlos Alberto Zelaya Rojas por lavado de dinero, por afectar la jurisdicción del tribunal sobre la propiedad sujeta a decomiso, por impedir un procedimiento oficial y por perjurio.
Según la acusación, Carlos Zelaya, de 47 años, ciudadano de Honduras que residía en Nueva Orleans, conspiró con su hermano, el ex Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y otros, para lavar más de US$1,3 millones producto de sobornos. Esto pagos fueron realizados por dos empresarios hondureños en beneficio del Director Ejecutivo. Los fondos se lavaron luego a través de transferencias electrónicas internacionales y se usaron para comprar bienes inmuebles.
Como parte de la conspiración, Carlos Zelaya también utilizó la posición oficial de alto rango de su hermano para beneficiarse de lucrativos contratos con el gobierno hondureño y luego lavó los fondos malversados en el área de Nueva Orleans. Zelaya fue arrestado esta semana y tuvo su comparecencia inicial ante el juez de primera instancia Daniel E. Knowles III.
El gran jurado también acusa a Carlos Zelaya de gastar los ingresos del alquiler de propiedades adquiridas con el dinero producto de la corrupción mientras se encontraba bajo una orden judicial para preservar los fondos en espera de la resolución de una acción de confiscación federal. Además, se acusa a Carlos Zelaya de obstruir un procedimiento oficial cuando le mintió al gobierno de EE.UU. sobre la fuente de los fondos utilizados para comprar las propiedades del área de Nueva Orleans, y también de haber cometido perjurio cuando le mintió a un juez federal en Louisiana sobre los ingresos por alquiler.
Este caso fue presentado por un equipo de fiscales de EE.UU. en la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal, bajo la Kleptocracy Asset Recovery Initiative –Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia— trabajando en asociación con agencias federales de aplicación de la ley, dedicada a enjuiciar a quienes facilitan la corrupción oficial extranjera que afecta el sistema financiero de EE.UU., confiscar los activos comprados con el dinero producto de esa corrupción, y, cuando corresponda, repatriar el producto de la corrupción confiscado al país perjudicado.
Las personas con información sobre posibles ganancias producto de la corrupción extranjera localizadas o lavadas a través de Estados Unidos pueden enviar un correo electrónico a kleptocracy@usdoj.gov.
