El desastre del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, tres grandes empresas barranquilleras detrás del fiasco
El desastre del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, tres grandes empresas barranquilleras detrás del fiasco
Fuente: LAS 2 ORILLAS (Ver Noticia Original)
Julio Gerlein, Samuel Azout y Edgardo Navarro son socios del consorcio que fracasó en la obra. El hueco supera los $600 mil millones y ya se declararon en quiebra.
En enero de 2022 el presidente Duque señaló con toda la seguridad que la modernización del Aeropuerto de Barranquilla, el Ernesto Cortissoz, estaba en un 98% lista, una obra que lleva ya seis años en ejecución y que ha hecho quedar mal a Barranquilla como gran puerta de entrada a grandes eventos internacionales promovidos por las alcaldías de Elsa Noguera y Alex Char. Las declaraciones presidenciales contrastan con la realidad. Los techos aún están incompletos, la infraestructura vial del aeropuerto avanza a paso de tortuga y las instalaciones hasta ahora hechas parecen insuficientes; sin contar la millonaria deuda que tiene el Concesionario Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., que administra el aeropuerto y ha estado al frente de las obras, con sus subcontratistas y acreedores.
La modernización del Ernesto Cortissoz, el aeropuerto más antiguo de Colombia, fue adjudicada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el 30 de diciembre de 2014 por $345.0000 millones. Los ganadores fueron unos viejos conocidos contratistas de Barranquilla: Julio Gerlein, Edgardo Navarro Vives y Samuel Azout. Los tres conformaron la unión temporal Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., con sus empresas Valorcon, Equipo Universal e Inversiones Milenium Azcipo, respectivamente. A pesar de que no tenían experiencia en aeropuertos, se quedaron con un millonario negocio: remodelar el puerto y quedarse su concesión hasta 2035. Las obras tienen un plazo mínimo de 15 años y máximo de 20 años.
Así como Gerlein, el socio mayoritario junto a Navarro, el entonces presidente Juan Manuel Santos, la ministra de Transporte Natalia Abello y el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, celebraron por lo alto el proyecto y viajaron a Barranquilla para darle el banderazo inicial a las obras con la promesa de convertir el Ernesto Cortissoz en uno de los aeropuertos más importantes del país.
Pero tanto Gerlein como Navarro Vives sabían que no iban a hacer la obra ellos directamente. Valorcon y Equipo Universal decidieron, junto a la firma de arquitectos Ghafari Asociados, crearon la empresa Nuevo Aeropuerto de Barranquilla S.A.S., que terminaron contratando para adelantar la modernización. Es decir, Gerlein y Navarro Vives se contrataron a sí mismos, todo para realizar la subcontratación de obras de forma directa y sin una vigilancia estricta.
Julio Gerlein estaba en el olimpo de los contratistas barranquilleros. El aeropuerto apenas era uno de los tres megacontratos que tenía en sus manos. En 2014 Valorcon, fundada en 1992, también se había ganado la Concesión Autopista Conexión Norte –con un 25% de participación–, una de las vías 4G en Antioquia, en el Bajo Cauca, por $875 mil millones en vigencias futuras. Y en julio de ese mismo año se asoció con la multinacional brasileña Odebrecht con la que se ganó la recuperación del río Magdalena con el consorcio Navelena por más de un billón de pesos, pero terminó siendo la grieta que haría su imperio derrumbarse.
En diciembre de 2016 estalló el escándalo Odebrecht y en una movida exprés el gobierno declaró la caducidad del contrato en marzo de 2017. Ese mismo año comenzaron los problemas para el aeropuerto de Barranquilla. Ese mismo año la empresa Nuevo Aeropuerto de Barranquilla S.A.S. comenzó a incumplir con los pagos a los subcontratistas de la obra: desde la remodelación del antiguo edificio del aeropuerto hasta la empresa que le prestó el servicio de baños portátiles. Todos pasaron sus facturas pero la empresa no pagó a tiempo.
En julio de 2019, Valorcon fue admitida en proceso de reorganización empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades, que informó que la empresa de Julio Gerlein tenía obligaciones vencidas a más de 90 días, por la suma de $39.027 millones, acreencias que representan el 10,71 % de su pasivo total por $364.497 millones. La empresa actualmente todavía se encuentra en un proceso de reorganización.
Por su parte, Equipos Universal, de Edgardo Navarro Vives, se encontraba al momento de la entrega del contrato bajo un acuerdo de reestructuración otorgado por la Superintendencia de Sociedades en 2008, lo que limitaba su maniobra dentro del sistema financiero; e inversiones Milenium Azcipo perteneciente a Samuel Azout, quien ha tratado de desvincularse en redes sociales aduciendo que por su posición de desventaja accionaria no tiene mayor capacidad de decisión.
Desde que el consorcio Grupo Aeroportuario del Caribe comenzó obras en 2015 ha firmado 8 otrosíes por retrasos, sobrecostos e incumplimientos. El último fue el 15 de diciembre de 2020 cuando se indicó la “Imposibilidad de Terminación de las obras del Primer y Segundo período de Intervención”. La obra, que comenzó por $345.000 millones ya ha ascendido a $610.153 millones. En total tiene ocho fases, que deben ser entregadas en los tiempos que dicta el contrato, pero apenas van en la tercera y con los retrasos que se han registrado.
El 7 de septiembre de 2021 presentó una demanda en contra de la ANI solicitando una compensación de $720.000 millones a causa de las afectaciones que la pandemia por el Covid-19 generó en las operaciones del aeropuerto. Ante la cual, la ANI respondió que se opone a cualquier reconocimiento de este estilo pues no existen supuestos para las reclamaciones ya que no existe una causal de terminación, ni desequilibrio económico del contrato. Al mismo tiempo, la empresa Nuevo Aeropuerto de Barranquilla S.A.S., que maneja el propio consorcio, se declaró en quiebra y entró en un proceso de liquidación dejando a sus contratistas viendo un chispero. Son más de 25 empresas las que están reclamando que les paguen varios miles de millones que les deben, pero hasta ahora la empresa no ha respondido y la presión recae sobre el grupo familiar fundado por Julio Gerlein cuyo declive se dio a la par del escándalo por compra de votos para ganar las elecciones en 2018 personificado en Aida Merlano, pero que ha sido una práctica de años para combinar el poder político con la contratación pública. El castillo se le derrumbó a los Gerlein.
En enero de 2022 la ANI multó al consorcio por el incumplimiento en la entrega de las obras: $3.000 millones fue la sanción que le impuso a Gerlein y sus socios. El empresario, que además de estar en el hoyo financiero, debe responder ante la justicia por haber, supuestamente, financiado de manera ilegal a la exsenadora prófuga Aida Merlano. Según pruebas que hacen parte del proceso, le habría inyectado por lo menos $6.000 millones a su campaña en 2018 que terminaron siendo utilizados para comprar votos, una realidad que no solo lo tiene enredado penalmente sino que ensombreció cualquier gran celebración de inauguraciones como acostumbraban hacer los Gerlein durante sus cuarenta años de reinado en el Atlántico.
El gobierno Duque ha sido condescendiente con los empresarios barranquilleros y puso como nueva fecha junio de 2022 para la entrega de la obra, que seis años después sigue con graves problemas mientras Julio Gerlein, el gran contratista, cae en picada y sin un lugar donde aterrizar.
