El dinero sucio de la mineria ilegal se lava a traves de las empresas
El dinero sucio de la mineria ilegal se lava a traves de las empresas
Fuente: CONECTAS (Ver Noticia Original)
El sistema de lavado de activos, según los gremios de mineros formales, se ha forjado sobre la base de una falta de reglamentos claros y actualizados para la venta de oro y de un régimen tributario simplificado.
Estos mismos elementos hacen que seguir la ruta del dinero proveniente de la minería ilegal sea casi que imposible para las autoridades judiciales, según la Fiscalía.
De acuerdo con la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en Ecuador existen cuatro focos de minería ilegal:
1. El distrito Carchi-Imbabura, ubicado a 114 kilómetros al norte de Quito.
2. Paquisha, Zamora y Yantzasa en la provincia de Zamora Chinchipe, ubicada en la frontera amazónica entre Ecuador y Perú.
3. Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay.
4. El distrito minero Portovelo-Zaruma, en la provincia costera de El Oro, también limítrofe con Perú.
Una de las crisis más fuertes vinculadas a la minería ilegal se vivió a mediados de 2019 en el sector de La Merced de Buenos Aires, Imbabura, al norte del país, cuando miles de mineros ilegales fueron desalojados de una concesión privada, perteneciente a la empresa Hanrine, subsidiaria de la australiana Hancock.
Ciudades de plástico
Uno de los aspectos que más impactó al país fue ver imágenes y fotografías de las llamadas ciudades de plástico en La Merced de Buenos Aires. Se trata de precarios campamentos construidos con plásticos y trozos de madera y cartón, en donde se apiñaban miles de personas.
Al sur del país la realidad no es distinta. Una ciudad de plástico, donde operaban unos 70 mineros ilegales fue desarticulada el 31 de julio de 2019, en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
La Fiscalía investiga si el dinero que llegaba producto de la venta del material minero era reinsertado en el sistema financiero, luego de ser comprado a través de adquisiciones ficticias a empresas fantasma, en las provincias de El Oro, Azuay y Guayas.
En Zamora Chinchipe la problemática es reciente y se centra en los puntos limítrofes entre Ecuador y Perú.
En el cantón de Paquisha, un operativo efectuado en junio de 2019 terminó con el desalojo de 40 mineros ilegales quienes habían tomado posesión de una área ambientalmente protegida.
El exministro de Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, señaló en ese entonces que los minerales extraídos eran trasladados a otras provincias para ser procesados. También reconoció que por la frontera ingresa material minero de Perú sin un origen lícito.
En el distrito Portovelo-Zaruma esta realidad está presente desde hace unos 20 años.
Ricardo Luna, quien trabaja en las minas de Portovelo, sostiene que mineros de la región se trasladan a Zamora, Camilo Ponce Enríquez y al norte del país para incursionar en la actividad de extracción ilegal de oro.
Los materiales obtenidos se llevan por tierra desde el punto de origen hacia Zaruma, donde se procesan para luego venderlos en el sur del país.
Miedo y dólares
Los mineros de Camilo Ponce Enríquez trabajan con miedo, pero están conscientes de cómo funciona la ruta del dinero. Carlos (nombre protegido), quien ha trabajado en pequeñas mineras y comercializadoras de oro, dice que nada es secreto.
Los mineros ilegales, asegura, conocen los sitios donde hay concesiones en marcha, se apoderan de la zona, compran terrenos e incluso pagan el alquiler de lotes si llegara a ser necesario.
Una vez allí abren pequeños túneles con perforadores impulsadas por compresores de aire, trasladan dinamita de forma ilegal hasta el punto y extraen el material que se desprende de la roca producto de la explosión.
El material viaja en sacos hacia sitios a los que acceden volquetes y camionetas. Luego es trasladado a molinos industriales denominados plantas de beneficio, en donde se mezcla con cianuro y mercurio para separar la piedra del oro.
El Ministerio del Ambiente prohíbe el uso de estos químicos por el riesgo de contaminación y su impacto en la salud humana, pero esto no impide que algunas plantas de beneficio los usen.
En abril del 2019 dos plantas de beneficio de Portovelo fueron suspendidas por usar mercurio en sus procesos de refinamiento de oro.
Deslice el cursor sobre la imagen para observar en 180 grados una de las plantas de beneficio.
Las plantas de beneficio son negocios legales de alquiler de molinos, tanto así que son usadas incluso por empresas mineras transnacionales como Ecuagoldminning, un consorcio chino-ecuatoriano a cargo del proyecto de minería Río Blanco.
Dichas plantas se ubican en los cantones Camilo Ponce Enríquez, Portovelo y Zaruma.
El tránsito de vehículos pesados con minerales es habitual por las vías que unen a estas tres localidades que, además, reciben material de la zona norte y de la Amazonía del país.
Tras el procesamiento, el material se convierte en pequeñas bolas, láminas o barras de oro para ser vendidas a comerciantes locales a un precio menor al del mercado internacional.
Convertir un delito en oro
Uno de los casos más relevantes tuvo lugar en 2014, cuando dos empresas ecuatorianas exportaron 177 por ciento más oro del que se había producido ese año en el país, según los registros legales.
Por este hecho fue abierto un proceso judicial que se encuentra bajo análisis en la Corte Nacional de Justicia puesto que la Fiscalía determinó que hubo una serie de extraños giros de dinero.
Con información recibida del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, la Fiscalía encontró que las empresas Spartan y Clearprocess registraron giros del exterior por valor de 26.010 mil dólares y 449.965 mil dólares en tan solo cinco días, en octubre de 2013.
Estos giros provinieron de la empresa CM Bullion LLC en Estados Unidos, sin que se hubiera registrado una relación comercial entre las partes.
Además, CM Bullion LLC se había declarado en bancarrota en Estados Unidos, según documentos oficiales de ese país.
Los ingresos percibidos por las empresas investigadas llegan a cerca de 500 millones de dólares según los expedientes de la Fiscalía presentados durante la investigación 09281201603513.
No solo el ingreso de capitales ha sido observado por la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador.
Resulta que los proveedores del oro que Spartan y Clearprocess aseguraron exportar lícitamente tampoco son reales.
Según el detalle de proveedores presentado por el SRI durante el caso, de 200 presuntos mineros que vendían oro a las empresas investigadas, 33 aseguraron no mantener una relación contractual con ellas.
Es más, las direcciones de las empresas llevaban a barrios peligrosos de Machala, capital de la provincia de El Oro.
Maletas de billetes
El traslado de los valores de las empresas también genera sospechas a la Fiscalía.
En lugar de hacer transferencias virtuales, los empresarios investigados solicitaron 51 cartas de autorización dirigidas al Banco Bolivariano para la movilización de dinero en efectivo a través de vehículos blindados desde octubre de 2013 a mayo de 2014.
Los destinos fueron los cantones de Machala, Piñas (a 10 kilómetros del distrito minero Zaruma-Portovelo) y Huaquillas todos en la provincia de El Oro, la puerta de ingreso hacia Perú.
Durante las investigaciones del caso Spartan, la Policía Nacional detuvo en una de las rutas antes mencionadas a un vehículo de procedencia peruana que transportaba maletas con una “gran cantidad de dinero”, informó el policía Segundo Luna, quien participó en el operativo.
El monto -que se mantiene en reserva- no pudo ser justificado por sus portadores y la detención del vehículo fue comentada en una conversación telefónica por uno de los administradores de Spartan, según lo revela un trabajo de inteligencia policial.
Uno de los administradores de estas empresas registra además “múltiples salidas” de Ecuador hacia Perú, por tierra, según la Policía de Migración. También ha efectuado ventas de acciones de empresas, algo que la Fiscalía considera una estrategia para reinsertar el dinero obtenido por la venta de oro ilegal.
Los abogados defensores de los directivos de las empresas investigadas, Luis Parrales y Vanesa Zabala, aseguran que el origen del dinero es lícito y producto de la carrera empresarial de sus defendidos, y señalan que la Fiscalía no logró probar la procedencia ilegal del oro exportado.
La Fiscalía analiza el sistema y vigila comportamientos similares con otras exportadoras de oro para determinar si el origen de sus activos es lícito o si obedece al lavado de los réditos provenientes de las actividades de minería ilegal.
