Las versiones de Proaño y Serrano fueron solicitadas por Renato González,actual director general del Isspol. Lo que se buscaría es que ambos exfuncionarios públicos hablen de lo que conocen sobre la existencia de los malos manejos de las inversiones con dineros del Isspol.
Como parte del expediente Isspol, el nombre del exministro Serrano aparecería en varias conversaciones de chats entre Jorge Chérrez, empresario que estuvo a cargo de las empresas a través de las cuales se dieron la mayoría de las inversiones del Isspol que hoy son investigadas, y funcionarios del seguro social policial de la época.
En el caso Peculado-Anchamaza se investigaría el sobreprecio en la adquisición de la hacienda Anchamaza, propiedad ubicada en la zona de Uyumbicho, en el cantón pichinchano de Mejía. Con dineros de la Seguridad Social Policial en el 2015 se habrían pagado $ 14,8 millones por cerca de 26 hectáreas, pero los avalúos actuales señalan que las tierras adquiridas tienen costos menores.
La inversión del Isspol tenía como objetivo la construcción de 1.368 viviendas, como parte de un conjunto habitacional, proyecto que hasta el momento no se ha concretado.
Serrano actualmente reside en Estados Unidos y desde ese país deberá conectarse vía telemática para la versión. Su defensa, Juan Carlos Salazar, adelantó que asistirán y colaborarán con la investigación en todo lo que les sea posible, pero aclaró que esperan “que la investigación se la maneje de forma objetiva y seria”.
Respecto a las conversaciones en las que aparecería el nombre de su cliente, Salazar señala que son otros los que lo mencionan y no es que interviene directamente José Serrano.
Dentro de esta trama de corrupción ocurrida en la Seguridad Social de la Policía Nacional, este es el segundo peculado que investiga la Fiscalía. Falsedad de información es uno de los dos delitos que además se procesan en la megacausa Isspol en la provincia del Guayas.
El primer peculado, el cual está en manos de una jueza de Pichincha, según Fiscalía investiga la negociación de $ 216,2 millones en operaciones efectuadas entre el 2017 y 2019por el pacto de recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos.
Esa causa arrancó el 24 de febrero pasado con la formulación de cargos contra cuatro personas y el 9 de septiembre último se vinculó a seis ciudadanos más. Los diez eran sospechosos de participar en el pacto de recompra de Bonos Global 2024 entre directivos del Isspol y la empresa IBcorp Investments, y la operación efectuada con la empresa Capital Ventura.
Pese a esa hipótesis inicial y a once meses de abrirse el proceso penal por peculado, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, Martín Navarrete, decidió solo acusar a ocho de los procesados y emitió un abstentivo a favor de dos: el general (s. p.) Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del Isspol, y Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de Rusticussi S. A.
Solo serán acusados por la Fiscalía Jorge Chérrez, como representante de IBcorp Investments; el general (s. p.) David Proaño, exgerente del Isspol; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente; y a los directivos de empresas inversoras Carlos Carbo y Luis Álvarez.
La Fiscalía acusó del presunto delito de peculado a ocho de 10 procesados en el caso Isspol. Esto ocurrió durante una audiencia que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
También se conoció que el fiscal del caso, Martín Navarrete, se abstuvo de acusar a dos imputados: un empresario y un exdirector del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
En este caso, la Fiscalíainvestiga supuestas irregularidades en operaciones financieras de inversión que afectarían los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional.
De los ocho acusados, tres tienen orden de prisión preventiva, pero se encuentran fuera del país. El resto tiene medidas cautelares como presentación periódica ante una autoridad judicial o la prohibición de salida del país.
La fase de instrucción fiscalo investigación pública por el delito de peculado en este caso se abrió en febrero de 2021.
En esa diligencia, esa entidad debe detallar las evidencias que ha recopilado para sustentar su acusación en contra de las ocho personas. La defensa de los imputados también podrá exponer sus argumentos.
