El expediente contra Carlos Caicedo por posibles nexos con paramilitares
El expediente contra Carlos Caicedo por posibles nexos con paramilitares
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
El gobernador del Magdalena afronta una investigación formal por una serie de asesinatos de opositores a su rectoría en la Unimagdalena. En el proceso, a su vez, se le señala de pactos con jefes de las autodefensas y de entregarles contratos. Él sostiene tajantemente que es inocente.
Por años se ha vinculado al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, con tres homicidios de líderes de la universidad departamental mientras él era su rector. Caicedo, por su parte, ha dicho que solo son ataques de sus enemigos políticos. Recientemente, la Fiscalía vinculó al proceso a los exjefes paramilitares Jorge 40 y Hernán Giraldo, y ratificó la hipótesis de una posible alianza con altos miembros del plantel educativo, como el mandatario regional. El Espectador conoció los testimonios y contratos que, según el ente investigador, demostrarían nexos del mandatario, que ha sido abiertamente de izquierda, con grupos contrainsurgentes.
Las personas que han hablado sobre la seguidilla de asesinatos en la universidad han dado algunas pistas. Según la Fiscalía, el primer contacto de Caicedo con los “paras” fue con Jesús Ignacio Roldán, Monoleche, jefe de los Chamizos y una figura clave en la expansión. De acuerdo con el ente investigador, las versiones de cuatro ex-Auc confirmarían que Caicedo y Roldán se reunían en la Unimagdalena con alguna frecuencia para compartir información de personas “que tenían alineaciones de izquierda para que ellos realizaran el trabajo de ‘limpieza’”. “Carlos Caicedo nos pasaba la lista de quién era guerrillero y activista”, dijo alias Orejas, mano derecha de Monoleche.
En declaraciones de Justicia y Paz, los hermanos Rojas Mendoza, poderosos “paras” del Caribe, han dicho que el nombre de Caicedo también estaba en esas listas y que no se las entregaba alguien de la universidad, sino gente del extinto DAS y el Ejército. Por su parte, José Gelves Albarracín, alias el Canoso, comandante político del bloque Norte de las Auc, ha dicho que convenció a Jorge 40 de no matar a Caicedo y hacer una alianza con él para llenarse los bolsillos con todos los contratos que les podría otorgar a dedo. Mientras se desenvuelve este expediente, el Gobierno aprobó la extradición del Canosoa Estados Unidos hace unas semanas, como contó este diario.
En el supuesto pacto también le habrían entregado contratos a su gente para hacer las instalaciones eléctricas de la universidad y un programa de higiene oral. Otro ex “para”, Carlos Enrique Pareja, señaló que Caicedo les entregó a las Auc la contratación de vigilancia de la universidad, entre otros rubros. En el documento, el ente investigador dio detalles de los contratos que terminaron en supuestos testaferros: el primero, por $149 millones, terminó en Tecniseg, una empresa de vigilancia integrada por gente del Canoso y que habría sido usada para infiltrar el plantel e identificar militantes de izquierda.
La Fiscalía le da plena credibilidad al testimonio del Canosoy lo califica como “coherente”. No obstante, él se desdijo de sus acusaciones contra Caicedo y señaló en 2017 a Noticias Uno que este no participó en los asesinatos, que se trató de un montaje del DAS y que el Clan Cotes estaba detrás del supuesto plan para incriminar al gobernador. Esta hipótesis, que señala a la poderosa familia a la que pertenecen la exgobernadora del Magdalena Rosa Cotes y sus hermanos, los Mellos, también ha sido ratificada por otros ex “paras”. Adán Rojas, del Clan de los Rojas, por ejemplo, dijo este año en Justicia y Paz que los Cotes le ofrecieron $100 millones por enlodar a Caicedo.
León Valencia, compañero de Caicedo en A Luchar ―movimiento de desmovilizados del Eln―, declaró que en las investigaciones que han hecho en la Fundación Paz y Reconciliación han mirado a fondo el paramilitarismo en Magdalena y no han encontrado indicios de que Caicedo haya tenido algún vínculo con estos grupos. Asimismo, coequiperos de Caicedo como su secretario de Gobierno, José Humberto Torres, o como el exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez le dijeron a la Fiscalía que las acusaciones no tienen fundamento y que, si fueran verosímiles, ellos serían los primeros interesados en aclararlas para no ser relacionados con un parapolítico.
La defensa del gobernador reprocha, además, que el Canosohaya atribuido la asignación de estos contratos a un supuesto pacto con los “paras”, pues para la fecha de la firma de varios de estos el hombre ni siquiera estaba en las autodefensas. Asimismo, no se explican por qué la Fiscalía no ha comenzado las pesquisas contra la familia Cotes. Aunque el proceso contra Caicedo lo comenzó una fiscal ordinaria, por su condición de gobernador, ahora debe investigarlo un fiscal delegado ante la Corte. Según supo este diario, el expediente llegó a manos del fiscal quinto desde comienzos de 2020, pero el despacho ha dicho que sigue revisando el sinnúmero de testimonios antes de definir un siguiente paso.
