El fin de una banda que enviaba armas por correo postal

 La Policía desmanteló una red integrada por cinco colombianos y un estadounidense. Desde 2011 las autoridades de EE. UU. le seguían la pista al grupo, y la agencia ICE apoyó a la Dijín en la investigación.

Desde hace varios años a Colombia entran armas a través del correo postal. Lo han detectado la DIAN, la Policía Aduanera y la Fiscalía. El mismo problema han registrado países como México, Paraguay, Ecuador y Bolivia, aunque aquí el agravante es evidente —y de México se podría decir algo parecido—: hay una guerra y un buen número de carteles de droga que se fortalecen día a día con el poder que dan las balas. Con esa preocupación en mente nació una investigación que culminó la semana pasada, con la cual vinieron los arrestos de cinco colombianos, luego de que un estadounidense fuera condenado en su país natal.

El pasado 13 de febrero, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía y la Interpol capturaron a Pablo Ortiz Betancourt, líder y coordinador de la banda; a Giovanny Álvarez, encargado de ensamblar las armas; a Óscar Eduardo Ruiz, coordinador y transportador del armamento, y a Ximena del Echeverry y María Cristina del Pilar Vallejo, quienes las comercializaban. Los hombres aceptaron los cargos imputados: tráfico de armas, concierto para delinquir y lavado de activos. Las mujeres se declararon inocentes y fueron enviadas al complejo carcelario El Pedregal, en Medellín.

De acuerdo con los detalles de esta investigación, conocidos por El Espectador, a la red de traficantes de armas le incautaron 269 armas, pero se calcula que habrían ingresado al país al menos el doble, más de 500. Aunque se investiga en qué manos terminaron, sólo se tiene claridad sobre dos casos: una pistola Springfield decomisada al frente 63 de las Farc en julio de 2011 —un año antes de que empezaran los diálogos de paz— y un fusil Bushmaster, que terminó en poder del clan del Golfo. Asimismo, fue bautizado el operativo para arrestar a toda la banda: Bushmaster.

Estados Unidos empezó a investigar el caso en 2011, cuando las autoridades de ese país le incautaron armamento a Patrik Brewer Reagan. El estadounidense, asegura la Policía colombiana, era el encargado de enviar las armas a Colombia a través de compañías de correo postal. Fue arrestado en 2014 y la justicia lo condenó en 2015 a 101 meses de prisión por el delito de tráfico de armas. Reagan, quien era el esposo de Ximena Echeverry, otra integrante de la banda, ese mismo año decidió colaborar con las autoridades colombianas y un investigador de la Policía viajó a entrevistarlo.

Reagan explicó que el armamento era enviado desde Houston, Florida y Oklahoma, y llegaba a distintas direcciones de Medellín y del Eje Cafetero, donde era recibido por el grupo de traficantes. La Policía pudo establecer que la red utilizaba direcciones e identidades falsas, pues los envíos llegaban a las casas de terceros que nada tenían que ver. Para asegurar que no se les cayera el negocio recurrían a maniobras, como sobornar a los vigilantes de conjuntos residenciales que les facilitaban nombres de residentes —que ignoraban que les estaban enviando armas— y luego recogían los envíos.

Para las autoridades era difícil identificar el ingreso de las armas porque se madaban por partes y, además, venían mezcladas con accesorios para carros y televisores. También pudieron confirmar que la red creó empresas de papel en Colombia para maquillar los dineros provenientes de la venta de las armas. La Policía estableció que hacían consignaciones bancarias inferiores a $10 millones para no levantar sospechas de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF). Vendían los fusiles entre $10 millones y $15 millones, mientras las pistolas oscilaban entre $5 millones y $7 millones. Podrían haber movido entre $5.000 millones y $10.000 millones.

Sobre los capturados se sabe que, por ejemplo, Ruiz Ospina, de 55 años, pertenecía a un club de tiro en Medellín, por donde simulaba la importación de armamento. María Cristina Vallejo trabajaba como secretaria en un colegio público en Armenia y era la encargada de recibir las partes de las armas en esa ciudad. Sobre el líder de la red, Ortiz Betancourt, se conoce que ya estuvo tras las rejas en los años ochenta, cuando la justicia lo halló culpable de un homicidio. Él y Reagan se conocieron en Medellín y empezaron a hacer negocios cuando Ortiz le dijo que hacía parte de la Oficina de Envigado.

Este no es el primer caso en el que las autoridades colombianas desmantelan una red de tráfico de armas que terminan en manos de las guerrillas o los grupos armados organizados. En septiembre de 2016, la Policía capturó a 40 personas que proveían armamento al Eln con el mismo modus operandi: las armas eran camufladas por partes en envíos y, además, eran robadas de algunas bases militares.

Según las autoridades, la frontera con Venezuela, la más extensa que tiene el país, es el verdadero fortín del negocio. Los ríos que recorren Meta, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés permiten el ingreso ilegal de armas a Colombia. A su vez, el río Atrato, en el Pacífico, también es una puerta de entrada para el armamento ilegal, ya que su desembocadura está en el golfo de Urabá, punto de enlace entre Centroamérica y Colombia a través del Tapón del Darién, donde históricamente el control del Estado ha sido nulo.

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