El nuevo escándalo de chuzadas del Ejército
El nuevo escándalo de chuzadas del Ejército
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
Una vez más hay graves denuncias de posibles interceptaciones ilegales a las comunicaciones de políticos, magistrados de altas cortes y periodistas. De nuevo, las denuncias apuntan a que las irregularidades las cometieron servidores del Estado.
El Ejército recibe el 2020 afrontando el que podría ser uno de sus peores escándalos en tiempos recientes. Las revelaciones del sábado pasado sobre posibles chuzadas ilegales, ordenadas al parecer con la venia de altos mandos de la institución, ponen en jaque a las fuerzas castrenses y siembran dudas sobre la verdadera razón de la salida del comandante del Ejército, el general Nicacio de Jesús Martínez, que se dio hace unas semanas. Mientras el presidente Iván Duque aseguró el pasado 27 de diciembre, y repitió tras desatarse el escándalo, que el alto oficial pidió la baja por una situación familiar, este nuevo episodio de interceptaciones ilegales habría precipitado la salida del general Martínez.
El país conoció este nuevo escándalo de chuzadas gracias a las revelaciones hechas por la revista Semana. Según la investigación realizada por la publicación periodística, en el último año, dentro del Ejército se habría ordenado realizar múltiples interceptaciones de comunicaciones sin ningún tipo de orden ni justificación legal. Entre las víctimas de estas acciones estarían Roy Barreras, senador del Partido de la U; Camilo Romero, exgobernador de Nariño, y Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Las interceptaciones ilegales se habrían realizado desde dos guarniciones: una en Catam y la otra en el Cantón de Comunicaciones de Facatativá.
Para las interceptaciones ilegales, los uniformados involucrados habrían destinado dos costosas herramientas tecnológicas de inteligencia. La primera de ellas es un software conocido como El Hombre Invisible, que fue comprado a una empresa española por un valor cercano a los $3.000 millones. Esta plataforma, según la información publicada, tendría la capacidad de acceder a cualquier computador e incluso chuzar servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram. La otra herramienta supuestamente utilizada son dos equipos StinGray, que tienen la capacidad de interceptar líneas de teléfono celular que están cerca del dispositivo. Algunos de los uniformados involucrados en las chuzadas reconocieron a la publicación que en un primer momento sus superiores no les informaron la identidad de las personas a interceptar, pero al continuar con las operaciones de inteligencia se dieron de cuenta de quiénes eran sus blancos. Ese, tal parece, fue el caso de la magistrada Lombana, quien tuvo inicialmente a cargo la instrucción del caso de Álvaro Uribe, pero fue relevada por su pasado como oficial del Ejército. La información obtenida a través de las interceptaciones ilegales, según comentaron los militares involucrados, le fue entregada a un miembro del Centro Democrático, cuya identidad no fue revelada.
Las denuncias resultaron más graves aún cuando, el mismo día en que se divulgaron, se supo que en el despacho de César Augusto Reyes, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, se halló un micrófono oculto. Esta información, difundida por Noticias Uno, fue confirmada a este diario por personas cercanas al despacho del magistrado Reyes. Tras el hallazgo, se convocó a expertos de la Fiscalía para determinar la fecha en la que fue instalado el dispositivo y la posible presencia de otros. Reyes es el magistrado instructor del expediente contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.
Tras las revelaciones periodísticas, los mencionados reaccionaron a través de redes sociales. El exgobernador Romero, quien desde el máximo cargo de Nariño tuvo posiciones contrarias al Gobierno, dijo en Twitter: “¿De qué democracia hablamos, viejo? ¡Ahora informe de revista Semana revela que he sido interceptado desde las Fuerzas Militares! Como gobernador me amenazaron cuatro veces de muerte, desde la Fiscalía me hicieron montajes judiciales con fines políticos, me quitaron la visa. ¿Qué les falta?”. Tras este primer cuestionamiento, Romero le pidió garantías al Gobierno Nacional para su “ejercicio político”, ya que la UNP no le habría otorgado medidas de protección.
El senador Roy Barreras, otro de los posibles “chuzados”, recordó que desde 2019 denunció que fue declarado “objetivo político” y que se estaban realizando labores de inteligencia en su contra “que no cuentan con autorización ni órdenes judiciales y que, por lo tanto, son ilegales”. Además, aseguró que no se trataba de “unas manzanas podridas”, sino una estrategia “paraestatal” que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La magistrada Lombana, por ahora, no se ha pronunciado, con una condición especial y es que ella dirigió unas inspecciones al batallón de Ciberinteligencia en Facatativá.
