El plan retorno de los exjefes de la mafia narcoparamilitar

Los primeros siete ya empezaron a cumplir sus condenas en Estados Unidos y las autoridades monitorean un listado de más de 12 que estarían próximos a hacerlo.

Hernán Giraldo fue uno de los grandes artífices de la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tiene condenas pendientes por crímenes y delitos sexuales.

La alarma está activada porque varios están iniciando batallas judiciales –similares a la de Mancuso–, para quedarse en ese país y evadir a la justicia colombiana; o para buscar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los admita y, de paso, se contemple su libertad condicional inmediata.

En la listan sigue Hernán Giraldo, señalado depredador sexual que sembró el terror en la Sierra Nevada,�quien quedará libre el 4 de enero y cuya extradición se oficializó el pasado jueves. Y el siguiente es Éder Pedraza Peña, alias Ramón Mojana, otro sanguinario exjefe paramilitar que también fue pedido en extradición y al que lo esperan 8.636 víctimas a las que nunca les confesó sus delitos, tras haber sido expulsado de Justicia y Paz.

Solicitud de extradición de Hernán Giraldo.

Por la colaboración que entregaron y por el supuesto peligro que corren al volver, se corre el riesgo de que excapos como ‘Comba’ obtengan asilo del gobierno Trump. Y otros mueven hilos para no pagar las penas adicionales que les esperan en Colombia.

Por eso, además de la pandemia y de la alteración del orden público por masacres y por las protestas y vandalismo, el gobierno Duque se vio obligado a abrirle espacio en la agenda de prioridades a la llamada ‘operación retorno’ de estos exjefes de peligrosas organizaciones delincuenciales.

Como primer reto, desde mayo, se desplegó una estrategia diplomática, política y judicial para gestionar el retorno de estos excapos.

Pero la tarea apenas comienza e incluye incluso blindar al país para que algunos no regresen a recuperar, a sangre y fuego, sus estructuras, bienes y espacios en el hampa.

Éder Pedraza Peña, ‘Ramón Mojana’, capturado por la Policía Antinarcóticos, fue trasladado a Bogotá para su proceso de sometimiento a la justicia. Posteriormente fue extraditado a EE. UU.

Archivo particular

“En una acción articulada por el Presidente a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Cancillería, se viene avanzando en una estrategia que recurre a todos los instrumentos que ofrece la cooperación judicial con Estados Unidos, para que quienes fueron extraditados regresen a Colombia y respondan ante la justicia y ante las víctimas”, le dijo a EL TIEMPO Miguel Ceballos, alto Comisionado para la Paz.

Y explicó su rol articulador: “Como Alto Comisionado para la Paz soy responsable de buscar la voluntad real de quienes quieren hacer un tránsito pacífico a la legalidad. Además, de velar por que se cumplan las obligaciones de verdad, justicia, reparación y no repetición asumidas por excombatientes en procesos adelantados, que incluyen la desmovilización de las Autodefensas y de las Farc”.

Los 4 retos del Gobierno

Ceballos es contundente al señalar que “Mancuso, ‘Jorge 40’, el ‘Mellizo’ Mejía, ‘Comba’, Hernán Giraldo, Éder Pedraza y otros que pronto requerirán a Estados Unidos tendrán que regresar a cumplir con sus obligaciones frente a la justicia, las víctimas y la verdad.

El dispositivo oficial, sin embargo, ha sido blanco de fuertes cuestionamientos. Se han registrado inexplicables errores en las solicitudes de extradición por cuenta de jueces (como en el caso de Mancuso), y evidentes demoras en la petición de deportación de otros (como en los casos de alias Comba y del ‘Mellizo’ Mejía).

“Creo que cuando el avión de la DEA se llevó a los 13 jefes de las Auc, en marzo de 2008, y varios narcos empezaron a entregarse o a ser extraditados, creyeron que se habían librado de ellos para siempre. Pero ahora deben asumir su regreso”, explicó una fuente federal.

En ese orden de ideas, el primer reto es traerlos al país, ya sea deportados o extraditados. El otro es que, en el entretanto, se reactiven procesos dormidos y desempolven órdenes de captura que permitan judicializarlos.

A ‘Jorge 40’ le aparecen 35 órdenes de captura, 38 medidas de aseguramiento y 1.450 procesos.

Giraldo tiene una condena a 40 años, por concierto para delinquir; una orden de captura por delitos sexuales (como aborto sin consentimiento y acceso carnal abusivo en menor de 14 años) y tres más por desaparición forzada. Además, homicidios, violaciones, reclutamiento ilícito y conformación de grupos paramilitares.

En cuanto a ‘Ramón Mojana’, tiene una condena por homicidio agravado y cuatro medidas de aseguramiento por homicidio agravado y concierto para delinquir. Y algo similar anotan los prontuarios de ‘Comba’ y el ‘Mellizo’.

Y aquí entra el otro reto: evitar que con la libertad de estos excapos narcoparamilitares se reactiven sus estructuras y negocios.

Ya hay varios reincidentes en prisión, como Carlos José Robayo Escobar, alias Guacamayo, sicario del cartel de Cali, que fue extraditado, pagó condena y regresó a delinquir. El sicario armó ‘la Gran Alianza’ con otros narcotraficantes del cartel del Norte del Valle que volvieron al negocio.

Salvador Arana fue condenado por parapolítica y homicidio.

Caso Arana: ¿pista para la JEP?

Por ahora, el Gobierno trabaja a toda marcha para congelar –por vías legales y diplomáticas– las solicitudes de asilo y de permanencia en Estados Unidos que tramitan ‘Comba’ y el ‘Mellizo’, al igual que Mancuso.

Pero otros, que aterrizarán a finales de septiembre –como ‘Jorge 40’–, trabajan en un plan B: que la JEP los admita bajo el argumento de que esa instancia es el centro del sistema integral de verdad, justicia y reparación, y la única vía para garantizarles a las víctimas esos derechos.

Ya Mancuso y ‘40’ recibieron el primer no. Pero apelarán. Y allegados a ‘40’ creen que la reciente decisión de la JEP de admitir al exgobernador de Sucre Salvador Arana –en calidad de agente del Estado distinto a un miembro de la Fuerza Pública– abre un boquete por el que se pueden deslizar.

La Corte Suprema se opuso, bajo el argumento de que Arana –condenado en el 2009 por nexos con las Auc y el crimen del alcalde de El Roble Eudaldo Díaz– era un “paramilitar puro”.

Pero la Corte Constitucional determinó que la JEP es la única habilitada para decidir acerca del sometimiento a esa jurisdicción de los “agentes estatales no integrantes de la Fuerza Pública que hayan sido condenados por la jurisdicción ordinaria”.

“Se tiene que abrir el debate para que la JEP le abra las puertas a otros actores como los exjefes paramilitares. El propio expresidente Juan Manuel Santos�admitió la necesidad de que se le hagan ajustes a esa jurisdicción”, explicó un allegado al caso de ‘Jorge 40’.

Y agregó que, incluso, piensan proponer que ex-Farc que fueron extraditados puedan ser escuchados en esa instancia. Incluso, no descartan que alias Simón Trinidad, condenado a 60 años en Estados Unidos, tenga algún chance.

‘Jorge 40’ insitirá en que la JEP lo admita. No descartan inistir en que esa puerta se abra para ex Farc. Incluso, que se escuche a Simón Trinidad.

También le apuestan a que el llamado ‘bloque de la paz’ del Congreso respalde el proyecto de ley que presentó el senador Roy Barreras, de ‘la U’, para que exparamilitares puedan acudir a la JEP.

Lo que busca es que, por esa vía, se permita establecer quiénes fueron los actores y determinadores de crímenes de la maquinaria de guerra del paramilitarismo.

Y aunque dejó planteada una salvedad –que los exjefes ‘paras’ acudan en calidad de testigos, sin dejar de ser sujetos procesales de la ley de Justicia y Paz–, en el Congreso cualquier cosa puede suceder.