El testimonio que Luis Gustavo Moreno ha dejado sobre el cartel de la toga

Luis Gustavo Moreno no ha cumplido ni dos semanas en Colombia desde que fue deportado, el pasado 4 de diciembre, y su nombre ya empieza a resonar en controversias. La más reciente estuvo relacionada con el lugar en el que debe ser recluido. Apenas llegó, la jueza de ejecución de penas que tiene a cargo su expediente informó a la Policía que Moreno, uno de los máximos protagonistas del cartel de la toga, debía pagar la sentencia de 58 meses de prisión que le impuso la Corte Suprema en 2018 en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (CESPO). El INPEC le pidió entonces al director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, el cupo. “CESPO es un instituto educativo de la Policía Nacional, no es un lugar de reclusión”, contestó Atehortúa el viernes pasado.

Su respuesta pasa por alto que, más de una vez, CESPO ha servido como centro de reclusión. Allí, por ejemplo, quedó detenido el general (r) Miguel Maza Márquez, luego de que la Corte Suprema lo hallara responsable, en 2013, por el magnicidio de Luis Carlos Galán. El INPEC dijo que tiene 132 cárceles disponibles para privar a Moreno de la libertad, pero la orden de enviarlo a CESPO vino, al fin y al cabo, de una jueza de la república, la cual pidió ser informada si el INPEC envía a Moreno a algún establecimiento penitenciario. Mientras la defensa de Moreno da esa pelea con la Policía, hay una pregunta que permanece en el aire sobre su presencia en el país: ¿qué podría contarle de nuevo a la justicia colombiana a lo largo de los cuatro años y diez meses que debe seguir detenido?

Ricaurte, en cambio, fue detenido y acusado. En agosto de este año, Moreno habló en su juicio para, una vez más, dar detalles que ya ha manifestado antes, como los “negocios” de corrupción que pactó con el exsenador Álvaro Ashton, amigo de Ricaurte. Dijo que al exmagistrado Camilo Tarquino —llamado este año a juicio por el cartel de la toga— lo conoció vía José Leonidas Bustos y reiteró que recibió un contrato de la Fiscalía de Montealegre como una “ayuda” para subvencionar los gastos de la oficina que había abierto con Ricaurte en una zona exclusiva del norte de Bogotá. Contó que Ricaurte le “soplaba” datos de capturas por realizarse desde la Corte Suprema “porque me iban a llamar, se me iba a dar poder”. Esa, en palabras de Moreno, era la manera de operar del cartel de la toga.

Malo tuvo una salida deshonrosa de la Corte: sus colegas cambiaron el reglamento para poder apartar del cargo a cualquier magistrado que esté en el radar de la justicia, y él fue el primer integrante con quien aplicaron la nueva norma, en abril de 2018. Según aseguró Moreno, Ricaurte puso a Malo. Explicó que tiene un principio de oportunidad vigente, razón por la cual está cooperando con la justicia, y que, desde el principio, “me convenzo de que hay mucha evidencia, y que uno no puede tapar el sol con una mano, hice el mea culpa de reivindicarme, sobre todo con mi hija. Tengo una hija, va a cumplir siete años, y esto no es lo que quiero que ella conozca de mí […] quiero enseñarle que, a pesar de que uno caiga en lo más profundo, uno se puede levantar”.