Elite la estafa financiera que clama justicia

Han pasado dos años y medio sin que se conozca realmente lo que sucedió con Elite International Americas S.A.S., la sociedad que captó ilegalmente alrededor de $1,2 billones a través del negocio de las libranzas. Sus directivos están libres. Uno de ellos en España y a la espera de saber qué sucede con su pedido de extradición. La Fiscalía aún no ha podido formalizar su llamado a juicio. Y la plata de las víctimas sigue refundida. Ese es el panorama de un escándalo financiero cuatro veces más grande que Interbolsa y que esfumó los ahorros de miles de familias colombianas que vieron en las libranzas un atractivo negocio en el que se prometían rendimientos anuales de entre 9,15% y el 12,4%.

Según el escrito de acusación, entre los posibles responsables de esta debacle están José Alejandro Navas Vengoechea, Marino Salgado y el español Francisco Javier Odriozola, socios fundadores de Elite, creada el 13 de mayo de 2011. Los tres son personajes reconocidos en el sector y con amplia trayectoria. Navas Vengoechea, presidente de Elite, tenía una carrera de 19 años y estuvo en la comisionista de bolsa Proyectar Valores, una de las que fue intervenida por realizar inversiones sin la autorización de los clientes. Marino Salgado trabajó durante 10 años en el departamento de investigaciones financieras del Banco de la República. Y Navas Vengoechea era un experto en mercados latinoamericanos.

Los tres son procesados por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad de documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dinero y no reintegro producto de la captación. Junto a ellos también son investigados Jorge Enrique Navas Vengoechea, hermano de José Alejandro Navas y vicepresidente financiero, y José Felipe Salgado, el encargado de auditar los negocios de Elite. A todos cinco la Fiscalía les abrió investigación en julio de 2018.

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La Fiscalía asegura que entre 2012 y octubre de 2016 Elite creó “un esquema ilícito que se ocultaba detrás de un modelo de negocios con apariencia de legalidad”, que tenía una fuerza comercial de 996 asesores. Asimismo, que contaron con el apoyo de Delvis Sugey y Ana Milena Aguirre, dos mujeres que trabajaron como representantes legales de once cooperativas que originaron pagarés falsos para soportar la operación de captación.

Para la Fiscalía, la alianza entre Elite y las cooperativas se trataba de un negocio en el que ofrecían altas tasas de rentabilidad para disfrazar la venta de pagarés libranzas sin respaldo. Es decir, que no existían y eran papelería basura. Las autoridades encontraron que de las 58.932 libranzas que Elite vendió entre 2012 y 2016, casi la mitad no estaban registradas en las bases de datos.

A pesar de que en Elite conocían las irregularidades e inconsistencias de los títulos, dieron el aval para venderlos y no se tomaron correctivos, afirma la Fiscalía. El encargado de avalar esas auditorias era José Felipe Salgado. Solo hasta julio de 2016, cuando los organismos de control ya sospechaban de las irregularidades, los socios de Elite implementaron auditorías para controlar las libranzas que estaban vendiendo y establecer si existían o eran falsas. “Por lo menos, desde mayo de 2014 la oficial de cumplimiento de Elite por correo electrónico advirtió a las directivas sobre las inconsistencias detectadas luego de auditorías realizadas”, estableció la Fiscalía.

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Desde mediados de 2014 en Elite ya estaban advertidos sobre anomalías. Por ejemplo, sabían que el número de ciertas libranzas no estaba en los listados de las pagadurías, que el valor del recaudo de algunas libranzas era menor al valor de las libranzas vendidas o que algunos pagarés no estaban siendo asumidos por sus deudores. La estrategia de Elite para no generar sospechas era cruzar cuentas con las cooperativas. Mientras la primera se aseguraba de pagar a los inversionistas con nuevas compras que generaban flujo de cartera, las segundas crearon libranzas falsas.

Para la Fiscalía, la sociedad financió su operación con la plata de sus clientes, lo que se conoce como el “jinetero de recursos”. Esa movida provocó un déficit financiero, pues las cooperativas no podían ponerse al día con los flujos que debían consignar, y día tras día se originaban nuevos títulos de libranza sin respaldo alguno. Fue tal el caos, que en Elite recibieron plata de inversionistas sin siquiera tener pagarés libranzas falsos.

El esquema explotó el 7 de julio de 2016, cuando la Superintendencia de Sociedades sometió a control a Elite por la cesación de pagos a inversionistas. Descubrieron que parte de las personas que aparecían como deudores no se encontraban en las bases de datos del Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP), desde el cual se descontaban los pagos de los créditos. “Se pudo establecer la falta de correspondencia entre los flujos vendidos a inversionistas y el descuento efectivamente realizado por las pagadurías a los deudores (empleados estatales), determinándose que los descuentos no alcanzaban a cubrir los flujos mensuales”, concluyó la Supersociedades.

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Lo mismo sucedió cuando analizaron las muestras de otras pagadurías como el Ministerio de Defensa, Gobernación del Magdalena, Universidad Popular del Cesar, Alcaldía de Barranquilla, Fondo de Pensionados del Distrito de Cartagena, Secretaría de Educación de Magangué, Gobernación del Atlántico, entre otras. En conclusión, la práctica era la misma: no cuadraban las cuentas entre lo que pagaban los deudores y lo que se debía entregar a los inversionistas. Por eso, la Fiscalía aseguró que en Elite captaba ilegalmente más plata de sus inversionistas para pagar sus deudas, pese a no tener libranzas como respaldo.

Cuando la Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención de Elite, se encontró que en cuatro años la sociedad adquirió de 17 cooperativas y originadoras más de 58.000 pagarés libranzas, que tenían un costo de $1,2 billones. Gran parte de las libranzas, el 42%, provenían de la Corporación Aliada para el desarrollo integral de los trabajadores al servicio del Estado (Corporser). El negocio era redondo, pues Elite las compró casi a la mitad del precio: $637.000 millones. Esas libranzas, más de la mitad falsas, fueron vendidas después a 6.487 inversionistas, que hoy son las víctimas de este desfalco y tienen cerca de $440.000 millones embolatados.

Las autoridades investigan si el dinero fue a parar a otras empresas a las que Elite traspasó millonarios recursos. Se indaga si se trata de sociedades de los directivos de Elite que se crearon a través de familiares o testaferros “con el propósito de ocultar el origen y destino del dinero producto de la estafa y captación ilegal (…) dándole apariencia de legalidad a través del pago de servicios inexistentes derivados y disfrazados en unos contratos de consultoría y colaboración. Recursos que luego se direccionaron a la compra de vehículos, apartamentos, negocios agropecuarios e inmobiliarios, pago de impuestos, lujos, donaciones entre otras cosas”.

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Entre las empresas a las que se les giraron recursos de Elite están: Afecafe, de Marino Salgado; Inversiones Alaya, propiedad de Claudia Esther Rojas, empelada y accionista de Elite; New Gaia Investments, de José Alejandro Navas; Think Cool y Serodri, de Francisco Javier Odriozola; t¿y R&R Consultores Financieros. Las autoridades tienen certeza de que cerca de $17.000 millones fueron a parar a las cuentas de estas sociedades que pertenecen a los socios fundadores de Elite. La preocupación es que muchos de los recursos no aparecen y las víctimas podrían perder todo y no ver un solo peso como reparación.

El 9 de diciembre de 2016 comenzó el proceso de intervención de Supersociedades a Elite, en el que terminaron implicadas 27 personas naturales. Un año más tarde se decretó que existió captación ilegal y la Fiscalía comenzó sus pesquisas. En abril de 2018 la Fiscalía capturó a los directivos, quienes tres meses después quedaron en libertad por orden de un juez. Por ahora las víctimas siguen siendo las principales afectadas, pues dos años y medio después de que se destapara el escándalo aún se desconoce que sucedió con su dinero. Una de las encargadas de encontrarlo es Maria Mercedes Perry, quien fue designada como liquidadora de Elite.

El abogado defensor de víctimas, Ricardo Romo, sostuvo que, desde hace siete meses, por dilaciones de los procesados, no se ha logrado avanzar en las audiencias. “Ellos han dilatado el proceso al no presentarse con su abogado o cambiarlo de forma imprevista. Además, la audiencia de acusación se aplazó en diciembre porque María Mercedes Perry quiso declararse representante de víctimas. El juez lo negó porque ella es la liquidadora y no la abogada. Ella apeló la decisión y esto tiene frenado el proceso. El próximo 22 de enero vamos a solicitar nuevamente la detención de los directivos de Elite por dilación injustificada y por la aparición de nuevos hechos delictivos, como el lavado de activos”, señaló Romo.