Emcali: las tres casas políticas que estarían detrás del carrusel de contratos

Un televisor de 55 pulgadas fue pagado por casi 43 millones de pesos; una silla ergonómica, casi 18 millones de pesos; videoproyectores de 800 millones de pesos c/u; teléfonos de 1.300.000 pesos; licenciamientos de softwares de 1.880 millones de pesos, y estaciones de trabajo de 800 millones de pesos, entre otros.

Cali volvió a encabezar los titulares en los medios nacionales de comunicación la semana que pasó por cuenta de estos sobrecostos, que hacían parte de un contrato de Emcali con la Unión Temporal Ami 2022, para la puesta en servicio de un sistema de medición inteligente por más de 215.000 millones de pesos.

Según las fuentes consultadas por CAMBIO, las contrataciones de Emcali benefician a tres casas políticas del Valle: los Ospina y a los exgobernadores Dilian Francisca Toro y Juan Carlos Abadía, quienes, al parecer, serían los grandes beneficiarios de los contratos corruptos.

El escándalo terminó cobrando la cabeza del gerente de la empresa de servicios públicos de la capital del Valle del Cauca, Juan Diego Flórez. Sin embargo, este contrato es solo la punta del iceberg de lo que se vive en la ciudad. CAMBIO revela las investigaciones que cursan contra algunos de los integrantes de la junta directiva que, según fuentes, son cuotas del alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina; de su hermano, Mauricio Ospina, y de los exgobernadores del Valle del Cauca: Dilian Francisca Toro y Juan Carlos Abadía.

El contrato con la Unión temporal AMI 2022, representada por Juan Camilo Ossa Hoyos, tenía un plazo de ejecución de seis años (2028) y la indignación de la opinión pública fue provocada por el valor de los elementos contratados.

Sin embargo, gracias a la lupa de la opinión pública, la Procuraduría ordenó la suspensión inmediata del contrato; la Fiscalía integró un equipo de fiscales seccionales y nacionales, que estarán dedicados a investigar los hechos, y el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, decretó la intervención funcional de las Empresas Públicas de Cali con el objetivo de revisar todos los contratos cuestionados.

La mencionada contratación está firmada por Juan Diego Flórez, exgerente de Emcali y Juan Camilo Ossa, representante de la Unión Temporal AMI. Sin embargo, algunos de los funcionarios que aparecen como revisores del contrato, o que hicieron parte del comité que decidió que el consorcio AMI era el ganador, son: Marino del Río Uribe, gerente de la Unidad Estratégica de Negocio de Energía, que, según fuentes, es cuota de la exgobernadora Dilian Francisco; Jorge Hernelio Saldarriaga, gerente de abastecimiento y quien, según fuentes, hizo parte de la UTL de Mauricio Ospina, hermano del alcalde; Diana Paola Urrego, jefe de la unidad jurídica, cuota del Mauricio Ospina; Gabriel Olaya, jefe contable, y Gonzalo Peñaloza, coordinador, contractual.

“Hay un cartel organizado para delinquir y su modus operandi utiliza todo tipo de artimañas como el fraccionamiento de contratos, los pliegos sastre, procesos de contratación con un solo oferente, urgencias manifiestas, cambio de objeto social de entidades descentralizadas y la contratación por convenios interadministrativos con entidades y fundaciones. Jorge Iván Ospina tiene la mira no solo en Emcali, sino en la Empresa Municipal de Renovación Urbana, y todos los contratos derivados del crédito por 650.000 millones de pesos que le aprobó el Concejo en 2020. ¿Cuántos escándalos más debemos aguantar los caleños para que el alcalde asuma su responsabilidad? Los entes de control deben dar resultados y tienen que judicializar a los que están implicados en el entramado de corrupción, empezando por el jefe de todos”, dijo a CAMBIO la exconcejala Diana Rojas.

Otro de los denunciantes de estos hechos de corrupción ha sido el concejal y excandidato a la Alcaldía de Cali, Roberto Ortiz. En diálogo con CAMBIO, dijo que es necesario que la lupa de la opinión pública, a nivel nacional, esté puesta en Cali, porque las investigaciones en contra de los funcionarios llevan años durmiendo el silencio de los justos en los diferentes organismos de control y de investigación. Enfatizó en que ha recibido importantes denuncias en contra la empresa Spectra, contratista de Emcali y representada legalmente por Mauricio Zuluaga Ramírez, quien vive en el mismo edificio del exgobernador Juan Carlos Abadía y del hermano del alcalde, Mauricio Ospina. Según los denunciantes, esa empresa sería la encargada de “estructurar” o “confeccionar” los pliegos de condiciones para que solo quede un oferente que termina ganándose los contratos.

Hasta la fecha, el alcalde Ospina, que es la cabeza de la junta directiva de Emcali, ha dicho que no conocía los hechos de corrupción y que, cuando conoció la noticia de los sobrecostos, se dirigió “inmediatamente” a la Fiscalía “para que se tomaran acciones sobre lo sucedido”. Sin embargo, elogió el desempeño del exgerente Flórez.

Las investigaciones contra los integrantes de la junta directiva de Emcali

Hasta el día en el que se conocieron las irregularidades del contrato con el Consorcio AMI, hacían parte de la junta directiva de Emcali Juan Diego Flórez González, exgerente de Emcali; Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde de Cali; Gloria Lucía Cifuentes Saavedra, abogada; Gloria Vega Granada, administradora de empresas; Luis Jaime Perea Ramos, exconcejal; Luis Hermes Ruiz, excongresista; Alejandro Varela Villegas, exsecretario de Salud de Cali; Fulvio Leonardo Soto Rubiano, director de Hacienda Municipal y Jairo Alfonso Prado Roldán, abogado e hijo de la gobernadora Clara Luz Roldán.

CAMBIO conoció que la mayoría de los integrantes de la junta directiva de la entidad tienen investigaciones disciplinarias que, en muchas ocasiones, han sido trasladadas a la Fiscalía. Hasta la fecha, nada ha pasado.

Juan Diego Flórez, quien renunció a la gerencia de Emcali horas después de que se conocieran los detalles del contrato AMI y que ha tenido diferentes cargos en la Alcaldía y en la Gobernación, tiene cuatro indagaciones disciplinarias abiertas entre 2020 y  2022, las cuales están: una en evaluación de investigación disciplinaria y las otras tres en etapa probatoria. Todas por irregularidades en la adjudicación de contratos.

Pero el drama parece no acabar. Fulvio Leonardo Soto, quien ya hacía parte de la junta directiva cuando se suscribió el polémico contrato y quien, el viernes que pasó, fue designado por el alcalde Ospina como el nuevo gerente de Emcali, también tiene anotaciones interesantes en la Procuraduría. Cuenta con dos procesos en la entidad, radicados en 2020, que aparecen inactivos porque son denuncias en su contra por cometer delitos contra la administración pública, es decir, por cometer actos de corrupción. Desde ese año, la Procuraduría traslado las copias de la investigación a la Fiscalía para que investigue si el funcionario cometió o no los delitos señalados en las denuncias en su contra. Por ahora, no se conocen los resultados de esas investigaciones penales en su contra.

Por su parte, Alejandro Varela Villegas, exsecretario de Salud del municipio e integrante de la junta directiva, alcanzó a tener 11 procesos en la Procuraduría por irregularidades administrativas. Sin embargo, solo tres de ellos fueron trasladados a la Fiscalía por considerar que había méritos para investigar la presunta comisión de delitos. El resto, fueron archivados, no aperturados o declarados sin responsabilidad disciplinaria.

Las empresas detrás del Consorcio AMI

CAMBIO conoció cómo se componen las empresas que hacen parte del Consorcio AMI que está conformado por AMS Unión SAS (con un 49 %), Deltec S.A. (con un 48 %) y la Unión Eléctrica S.A. en reorganización (con un 3 %).

La empresa AMS Unión SAS tiene como representantes legales a Carmen Lía Hoyos Alzate y Juan Camilo Ossa Hoyos, que también es representante del consorcio AMI. Esta empresa AMS aparece como participante del proyecto “Buena energía para ciudades inteligentes” para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que tenía como objetivo la implementación de este tipo de metodología que persigue el ahorro y la sostenibilidad energética.

Por su parte, Deltec está representada legalmente por César Humberto García Barrera, Luz Stella García (suplente), y Álvaro José Rosales, representante legal para asuntos judiciales. Sobre esta empresa, las autoridades se encuentran indagando una serie de denuncias en las que la vinculan con la supuesta red de corrupción del exsenador Mario Castaño y que la mencionan como parte de un cartel de energías renovables.

Sobre el tema, Jhoni Trejos, vicepresidente de Sintraemcali, dijo a CAMBIO que el hecho más grave del contrato es que la empresa Deltec haga parte del consorcio AMI, pues “hace parte de la red de corrupción de energías renovables liderada por el senador liberal Mario Castaño, quien esta semana se declaró culpable de los delitos de corrupción que le fueron imputados”.

Todas las fuentes consultadas coinciden en algo: este contrato no es nada si se le compara con lo que está pasando en Cali. Las denuncias vienen desde 2020 y tienen que ver con la adjudicación a dedo del PAE por parte de la Secretaría de Educación; la feria virtual de 2020, donde la Contraloría Municipal confirmó un detrimento patrimonial de 5.300 millones de pesos; el alumbrado móvil 2020 que contrató Emcali, por 10.000 millones de pesos, sin que esa actividad estuviera permitida en el objeto social del contratista; la contratación con la cuestionada Impretics (Imprenta Departamental Del Valle) del mantenimiento y adquisición de cámaras de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad de Cali; la intensión de crear una empresa denominada Calinteligente para manejar el alumbrado de la ciudad, entre otros.

CAMBIO continúa la investigación que parece derivar en un carrusel de contratos en Emcali que gira en torno a, por lo menos, cuatro empresas. A una de ellas se le adjudicaron contratos por más de 77.000 millones de pesos, solo en 2021. Espere la siguiente entrega.