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EPM denuncia penalmente al gobernador de Antioquia

EPM denuncia penalmente al gobernador de Antioquia

 

Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original)

El debate entre el mandatario y la firma subió de tono: esta acaba de interponer una denuncia por injuria en su contra.

Por medio de su oficina de prensa, EPM dio a conocer que la querella fue interpuesta ante la Fiscalía Regional en Medellín.

La decisión cobija también a la concejala de Medellín Luz María Múnera.

“Con sus afirmaciones sin fundamento, relacionadas con la existencia de una presunta ‘lista negra’ en la empresa, han afectado el buen nombre y la reputación de EPM. Sus imputaciones en distintos escenarios, desacreditan la manera de proceder de la empresa y sus directivos”, dijo la compañía.

“Las únicas listas que tiene EPM son las listas de las necesidades de las comunidades, por las que durante 63 años de historia ha trabajado para contribuir a su calidad de vida y bienestar”, agregó.

El debate entre la compañía y el gobernador se ha presentado en el marco de la emergencia de Hidroituango, lo que ha llevado a que el mandatario haga fuertes señalamientos por presuntas irregularidades en EPM.

Entre las acusaciones más fuertes está el de la existencia de una lista negra de personas a las que la compañía habría, según Pérez y la concejala, sometido a la prueba del polígrafo para verificar supuesta filtraciones de información a los medios de comunicación.

Esos señalamientos fueron negados por Jorge Londoño de la Cuesta, quien aseguró que el uso del polígrafo fue realizado bajo solicitud de algunos empleados de EPM y de manera voluntaria.

Según José Abad Zuleta, experto en el Código de Procedimiento Penal, lo que sigue en el proceso es que la Fiscalía designe un equipo de investigadores para que evalúe si hay cabida a una imputación de cargos. De ser así, el gobernador y la concejala serían citados ante un juez y en caso de que ellos acepten cargos o sean hallados culpables, luego de un juicio, podrían recibir una condena de entre 1 y 3 años de prisión (que podría ser excarcelable) y una multa de unos 10 salarios mínimos mensuales.

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