España apoya a su empresa pública luego de que le expropiaron la Triple A
España apoya a su empresa pública luego de que le expropiaron la Triple A
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
La empresa de acueducto de Barranquilla, Triple A, que era controlada por Inassa (filial de la reconocida compañía pública Canal de Isabel II), pasaría a ser controlada por la Alcaldía de la capital del Atlántico luego de una cuestionada “enajenación temprana”. Medios españoles dicen que el tema es de todo el interés del gobierno del país ibérico.
La venta de la empresa de aseo, acueducto y alcantarillado de Barranquilla, Triple A, que estaría beneficiando a empresarios cercanos a la casa Char luego de una “enajenación temprana” y sin que culminara el proceso de extinción de dominio, podría transformarse en un lío diplomático. Según la Agencia EFE, la embajada de España en Colombia apoya a la compañía ibérica Canal de Isabel II, dueña de las acciones de la empresa de servicios públicos, después de que el Gobierno del presidente Iván Duque expropió la compañía para entregarla a la Alcaldía de la capital del Atlántico.
La transacción ascendería a los $565.000 millones, según La Silla Vacía,y se dio luego de varios años en los que las acciones que tiene Inassa (filial en Colombia de Canal de Isabel II) estuvieran en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta entidad es la encargada de administrar los bienes incautados a narcotraficantes y otros criminales. Aunque inicialmente la SAE se rehusó a vender las acciones de Inassa, en enero de 2021 anunció un plan para que dichas acciones pasaran a ser controladas por el distrito de Barranquilla con inversión de particulares.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España le confirmaron a Efe que la embajada de España en Bogotá respalda en todo momento a la empresa española como lo haría con cualquier otra para solucionar el problema. Asimismo, una fuente de la misma cartera ibérica le dijo al diario madrileño El País:“No detallamos las gestiones concretas con empresas españolas debido a la necesaria confidencialidad, pero entre las misiones de nuestras embajadas se encuentra la defensa de los intereses de las empresas españolas allí donde estén”.
Según ese medio, oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores han sostenido contactos con personajes de alto nivel en Colombia para “solucionar el problema”. Jurídicamente, Inassa sigue siendo dueña de las acciones de Triple A, pues un juez no ha declarado aún la extinción de dominio. Y, al parecer, en España les ha molestado que se aplicara esta figura de expropiación usada para tomar posesión de bienes de narcos, pues Canal de Isabel II es una de las compañías con más historia en el país ibérico: fue fundada en el siglo XIX tras la construcción del primer acueducto moderno de ese reino.
El socio privado que consiguió la Alcaldía Barranquilla para tomar el control de Triple A, con anuencia de la SAE, fue Alumbrado Público de Barranquilla, una sociedad de economía mixta. Según La Silla Vacía,el 65% de esa compañía pertenece al distrito y el 65% restante a Barranquilla Capital de Luz. El medio sostiene que esta empresa, a su vez, es del empresario antioqueño William Vélez y de los hermanos Christian y José Manuel Daes, los contratistas favoritos de las alcaldías del hoy candidato presidencial Álex Char.
Así anunció la Alcaldía de Barranquilla el negocio:
Desde 2001 la empresa Triple A estaba controlada por Canal de Isabell II, a través de Inassa. Esta última compañía resultó investigada judicialmente en el caso Lezo, un expediente judicial nacido en España que reveló sobornos, contratos ficticios y favorecimientos a miembros del Partido Popular (PP) de ese país. En 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno aprobó la compra del 75% de Inassa, por 73 millones de dólares.
En 2017, estalló el caso Lezo con la detención del entonces presidente madrileño Ignacio González y exdirectivos de la compañía pública. Los alcances de ese proceso cruzaron el Atlántico y el 4 de octubre de 2018, la Fiscalía de Colombia anunció el embargo de acciones de Triple A por considerar que Inassa cobró unos 68 millones de euros a Triple A por un contrato de asistencia técnica que no se produjo, y ahora ha activado un mecanismo de “enajenación temprana”, es decir, de expropiación.
