Esposa de “Papá Pitufo” construyó edificio con general de la Polfa nombrado por Pastrana
Esposa de “Papá Pitufo” construyó edificio con general de la Polfa nombrado por Pastrana
Fuente: VORAGINE (Ver Noticia Original)
El primer comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) hizo negocios inmobiliarios con la esposa del “zar del contrabando”. Un exdirector de la policía de Cali también participó. Ambos acumularon poder en la presidencia de Pastrana.
En 2002 Liset Samboní López inició proyectos comprometedores. El 21 de febrero se casó con Diego Marín Buitrago, conocido como “el zar del contrabando” o “Papá Pitufo”. Solo tres meses después de formalizar esa unión, empezó la construcción de un edificio de apartamentos junto a dos generales de la Policía. Uno de ellos fue el primer director que tuvo la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), nombrado y premiado por el expresidente Andrés Pastrana. Es decir, la esposa del hombre señalado de controlar gran parte del contrabando hizo negocios inmobiliarios con uno de los oficiales cuya obligación, apenas unos años atrás, era perseguirlo.
“Papá Pitufo” ha sido el personaje de la semana tras la revelación que hizo la Revista Cambio de que el presunto contrabandista entregó 500 millones de pesos para la campaña que llevó a la presidencia a Gustavo Petro. El dinero fue recibido por Xavier Vendrell, un empresario catalán cercano a la familia presidencial y a quien el propio Petro nacionalizó pocos días después de llegar a la Casa de Nariño. Según ha afirmado Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la plata fue devuelta al personaje sin haberla invertido en la contienda electoral.
Fue una mención de Rodríguez en medio del consejo de ministros televisado, el pasado 4 de febrero, la que volvió la atención hacia “Papá Pitufo”. El funcionario afirmó que Armando Benedetti, jefe de gabinete de la Presidencia, habría estado en una reunión con el “zar del contrabando” en medio de la campaña presidencial. El hecho hizo que los procesos contra “Papá Pitufo” fueran recordados en la prensa y empezaran a aflorar nombres de políticos, oficiales y altos funcionarios que tendrían vínculos con él.
Algunos oficiales de la Policía, como el general Tito Castellanos, han sido mencionados en expedientes. Pero hasta ahora no se conocían rastros de negocios entre generales y el entorno de “Papá Pitufo”.
El lote que compartieron los generales y Liset Samboní
VORÁGINE tuvo acceso a una serie de documentos que dan cuenta de un negocio inmobiliario entre Liset Samboní y los generales de la Policía en retiro Víctor Manuel Páez Guerra y Jorge Enrique Montero Piraquive, junto a sus esposas.
La historia se remonta a 2002, año en el que Samboní compró la mitad de un lote ubicado al norte de Bogotá, en la calle 104 con carrera 14. Al mismo tiempo, el general Páez Guerra compró junto a su esposa, Luz Clemencia Suárez, otra porción del mismo predio. La escritura en la que quedó registrado el negocio, en poder de VORÁGINE, da cuenta de que Samboní pagó 115 millones de pesos y la familia del oficial puso 25 millones.
El mismo documento registró la distribución de la propiedad del lote: 50% para Liset Samboní, 25% para el general Páez Guerra y su esposa; y el 25% restante le pertenecía al general Montero Piraquive y su esposa, Floralba Corredor.
El general Páez Guerra había tenido una labor que debía chocar con los intereses de Diego Marín, el esposo de Liset Samboní. En 1998 el presidente Andrés Pastrana lo nombró como el primer director de la Policía Fiscal y Aduanera, una división de 500 hombres que tenía la misión de luchar contra la evasión de impuestos y el contrabando. El respaldo de Pastrana al oficial se refrendó con la imposición de la Orden de Boyacá en mayo de 2000. En su discurso el mandatario exaltó a Páez y a otros generales: “¡Bienvenidos a la cumbre gloriosa de los patriotas que ostentan orgullosos el mayor galardón de la patria!”.
Páez Guerra exaltaba su labor en los medios de comunicación. El 5 de abril de 1999 la Revista Semana publicó un artículo en el parafraseaban al oficial diciendo que las operaciones contra comerciantes ilegales buscaban cortar el cordón umbilical entre el narcotráfico y el contrabando.
Un general retirado que habló con VORÁGINE bajo compromiso de no revelar su nombre, dijo que los primeros indicios de la vinculación de Diego Marín con actividades ilícitas se remontaban a 1994. “Debe haber una noticia criminal abierta contra ese señor por lavado de activos para el Cartel del Norte del Valle”, aseguró. A eso se suma que en el lanzamiento de la Policía Fiscal y Aduanera el entonces comandante de la Policía, el general Rosso José Serrano, resaltó el componente de inteligencia que iba a tener ese cuerpo élite. “El director de la Policía Nacional afirmó además que la inteligencia policial se convertirá en otra de las armas efectivas para perseguir y alcanzar a quienes realicen la actividad ilícita del lavado de activos, otra de las modalidades que se generan alrededor del narcotráfico y el contrabando”, se lee en un número de la revista de las Fuerzas Armadas.
La trayectoria de Páez refleja el poder que acumuló en la Policía: fue comandante departamental en César, Bolívar y Santander. Fue subcomandante en Bogotá. Además, tuvo a su cargo la Policía Portuaria en 1990, dos veces la Policía Fiscal y Aduanera y el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), este último también por encargo de Pastrana.
Por su parte, el general Montero Piraquive llegó a ese rango en 1996, durante el gobierno de Ernesto Samper. En agosto de 1998, tras la llegada de Pastrana a la Presidencia, fue nombrado comandante de la Policía de Cali. Esa ciudad es uno de los fortines de “Papá Pitufo”. La Fiscalía tiene en su poder testimonios de personas que aseguran que movilizaba mercancías de contrabando que llegaban en barcos al puerto de Buenaventura y luego eran comercializadas en Pereira y Cali.
Florecen los negocios
Después de que los dos generales y Samboní compartieron la propiedad del terreno se trazaron una nueva meta: la construcción de un edificio. El 14 de mayo de 2002 el general Montero tramitó una licencia de construcción ante la Curaduría urbana número 1 de Bogotá, a la cual tuvo acceso VORÁGINE. El documento deja ver que la idea era construir un edificio de 6 pisos con cuatro apartamentos y nueve parqueaderos.
El proyecto fue todo un éxito y dio paso a la creación del edificio Ciprés en Flor. En 2004 los dos generales, sus esposas y un abogado que representaba a Samboní se acercaron a la Notaría 41 de Bogotá. En la escritura pública quedó consignado que cada uno de los cuatro apartamentos tiene un área construida de 270 metros cuadrados. Además, mediante ese documento se creó el reglamento de propiedad horizontal.
La tarea estaba hecha. El edificio quedó en condiciones de albergar a los generales con sus familias y a Liset Samboní junto con su esposo, “Papa Pitufo”.
Mientras se construía el edificio, el general Páez fue nombrado Inspector General de la Policía. Fue durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. El alto oficial llegaba a uno de los cargos más importantes en la institución pues tenía como función investigar disciplinariamente a los miembros de esa fuerza. Ese fue el último puesto que tuvo en la policía debido a que en noviembre de 2002 fue llamado a calificar servicios. La decisión se dio luego de dos escándalos de corrupción que sacudieron la entidad: un grupo de oficiales les devolvió a unos narcotraficantes cinco toneladas de cocaína que habían sido incautadas. Durante aquellos días también se dieron a conocer una serie de facturas injustificadas para la compra de bolígrafos de lujo, esculturas, licores y grupos musicales. La salida del oficial no entorpeció el negocio con Liset y con el general Montero.
El nombre de Páez había sido mencionado en informes de violaciones a los derechos humanos. El 6 de febrero de 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un documento en el que se registraba la desaparición forzada de 13 personas en medio de operaciones efectuadas por el F2 de la Policía, entre el 4 de marzo de 1982 y el 13 de septiembre del mismo año. Dos de los desaparecidos fueron Orlando García Villamizar y Pedro Pablo Silva Bejarano, estudiantes de la Universidad Nacional. El 4 de marzo de 1982 ambos fueron secuestrados obligándolos a abordar una camioneta de placas HL 6794. La Procuraduría determinó que ese vehículo estaba asignado al entonces teniente Víctor Manuel Páez Guerra.
Las 13 desapariciones forzadas conforman uno de los casos emblemáticos de ese delito en Colombia al que se le conoce como Colectivo 82. Ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido condenado por los hechos. El 6 de junio de 2022 la Fiscalía declaró el hecho como un crimen de lesa humanidad, por lo que debe seguir siendo investigado por el Estado.
Otra mención a Páez se dio en el libro El terrorismo de Estado en Colombia, publicado en 1992 por varias organizaciones defensoras de derechos humanos. “La justicia y la Procuraduría comprobaron, en la mayoría de las 13 desapariciones, la utilización de vehículos del F-2 y el intercambio de placas de los automotores para despistar. El oficial Páez Guerra, como encargado de transportes del F-2, y como lo indican varios elementos de prueba, tomó un papel activo en ello”, se lee.
Liset Samboní y los generales siguen compartiendo propiedades en el edificio Ciprés en Flor. El artículo 40 del reglamento de propiedad horizontal establece las prohibiciones y reza: “Destinar su bien de domicilio particular a usos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o a fines prohibidos por la ley o por las autoridades”.
Páez nos mandó razón por medio de una secretaria del Colegio de Generales Retirados, dijo que no iba a conceder entrevistas porque tiene complicaciones de salud. La misma organización aseguró que hablaría con Montero sobre la posibilidad de atender una llamada, pero hasta la publicación de esta investigación no habíamos recibido respuesta.
“Papá Pitufo” está librando una batalla jurídica para retrasar al máximo su extradición a Colombia desde Portugal, país en el que fue capturado el 4 de diciembre de 2024. La fiscal general Luz Adriana Camargo declaró ante medios de comunicación que “al menos hay un grupo de oficiales retirados de la Policía que hacen parte en este momento de la investigación”. Sin embargo, hasta ahora no se había mencionado de manera pública a los generales Páez y Montero.
