Dos meses y 9 días después de la creación del Fondo Milagro, que tiene como objeto coordinar la irrigación de recursos para conjurar la crisis y los efectos del terremoto que golpeó Colombia el pasado 10 de agosto, se han entregado en contratos a terceros un total de 7.440 millones de pesos de los 624.656 millones que, por ahora, se tiene como presupuesto.
ra exgerente, Jaime Uribe, y miembros de su staff recibirían. Por eso, el presidente Abelardo De La Espriella solicitó y aceptó la renuncia de Uribe, y posteriormente anunció la llegada del exministro de Estado Luis Felipe Henao como nueva cabeza del Fondo.
La Unidad Investigativa de EL TIEMPO conoció una comunicación del Fondo Milagro, fechada el 11 de noviembre pasado, en el que dio una serie de respuestas frente a una solicitud de información por parte de la Comisión Accidental Bicameral de Seguimiento a la Atención de Damnificados del Congreso de la República.
En el documento, firmado por el entonces gerente Jaime Uribe, se empieza por señalar que los recursos disponibles provienen del Presupuesto General de la Nación. Y señala que, a la fecha, no ha recibido recursos de las demás fuentes, como donaciones, cooperación nacional o internacional, o aportes de entidades territoriales o de particulares.
Sobre la inversión de esos dineros se señala: «Se han adelantado estructuraciones contractuales por valor de $7.440.594.510, correspondiente a las demoliciones y sus interventorías (línea RT-P02 del Plan de Acción Específico): $4.624.852.638 en el departamento de Risaralda (Pereira) y $2.815.741.872».
El mismo documento consignan los contratos asignados hasta el 11 de noviembre pasado. En total han sido 9 contratos (de interventoría y demoliciones) otorgados a 8 empresas en Cali y Pereira.
El primero fue un contrato, por 949 millones de pesos, entregado a la empresa Voladuras Controladas de Colombia S.A.S, para la demolición controlada por implosión del Edificio Ana Pilar en Cali.
La empresa, matriculada en Bogotá, en noviembre de 2011, ha tenido contratos con la Unidad Nacional de Bomberos, la gobernación de Nariño e Idumil. Según expedientes de 2018, como dueño aparece Henry Mauricio Cabrera Morales.
Como interventores para la demolición también fue contratada la empresa Los Castores Constructores S.A.S., por 214 millones de pesos, firma creada en 1983 y con sede en Medellín.
Como accionistas aparecen Myriam Natalia Ramos Buitrago y Carolina Estrada Ospina.