Exalcalde, funcionarios públicos y un particular condenados por corrupción en Boyacá

El exalcalde de Combita (Boyacá), Edgar Aguilar, quien ocupó el cargo para el periodo de 2004 – 2007; así como cuatro funcionarios del Instituto de Tránsito de Boyacá (Itboy) y un particular fueron condenados a penas privativas de la libertad hasta por 9 años, luego de ser hallados responsables de incurrir en delitos contra la administración pública en el departamento.

En el primer caso, la Fiscalía 19 Seccional de Administración Pública en Tunja (Boyacá) demostró que entre julio y diciembre de 2006, el entonces alcalde Aguilar se apropió de dineros que debían ser utilizados para saneamiento básico en viviendas de la zona rural del municipio de Cómbita.

Para apropiarse de los recursos públicos, el mandatario local y un particular adquirieron una reconocida ferretería del municipio y, con la papelería de la misma, emitieron y cobraron 10 órdenes de compra por un valor de 26 millones de pesos.

Sin embargo, los cheques de pago a esas órdenes fueron girados a nombre de la anterior dueña del establecimiento quien alertó a las autoridades, pues nunca había tenido relación comercial con la alcaldía municipal.

Una vez conocida la denuncia, la policía judicial del CTI Boyacá ─bajo el liderazgo de la fiscal de caso─ comprobaron que a partir de generar documentos falsos y utilizando la firma o el nombre de una persona que tampoco estaba autorizándolo, se apropió de los dineros públicos.

Por estos hechos, la Fiscalía obtuvo la condena contra Aguilar por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales; por los cuales deberá purgar una pena de seis años de prisión y pagar $31.018.680 de multa. En la providencia, el togado también lo inhabilitó para desempeñar cargos públicos por 82 meses.

Irregularidades en el Instituto de Tránsito (Itboy)

Cuatro funcionarios del Instituto de Transito Boyacá fueron condenados por los delitos de  prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, y un particular condenado por el delito de estafa agravada.

De acuerdo con lo establecido por el mismo despacho fiscal de Administración Pública, los funcionarios del Itboy y el particular ─entre diciembre del 2004 y primer semestre de 2005─ realizaron de manera ilegal trámites de matrículas y registros de automotores en los puntos de atención de los municipios de Villa de Leyva, Paipa, Guateque y Tunja, entre otros, desconociendo los requisitos contemplados por el Ministerio de Transporte para vehículos de carga pesada de servicio público.

Se comprobó que los investigados realizaban las matrículas por vía de reposición y chatarrización de vehículos con documentos ficticios, certificaciones de chatarrización y reposición de un mismo vehículo, para materializar las matrículas de 22 tractomulas.

Se presume que por estos actos pudieron obtener una ganancia de manera indebida de 20 millones de pesos por cada trámite, aproximadamente.

Entre los funcionarios condenados está Maria Del Rosario Yordan Ramírez, directora punto de atención de Instituto en el municipio de Villa de Leyva, quien cumplirá una condena de 8 años y 6 meses de cárcel, multa de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por 120 meses.

La mujer fue hallada culpable de los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

Por otra parte, José Manuel Pedraza Torres, asistente administrativo del mismo punto de atención, fue condenado ─en calidad de cómplice─ por el punible de  prevaricato por acción, a 3 años y 6 meses de cárcel, multa de 40 smlmv  e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 40 meses.

Entretanto, Carlos Soto Galván, subgerente administrativo del Itboy, fue sentenciado como autor de los delitos de prevaricato por acción y concusión, por los cuales deberá pagar 9 años de prisión, multa de10 smlmv e inhabilitación para desempeñar cargos públicos de 120 meses.

También fue condenado Javier Adriano Sanabria Suárez, jefe de Control Interno Disciplinario del Itboy, el cual cumplirá 6 años y medio de prisión por el delito de concusión. Igualmente deberá pagar una multa de 60 smlmv e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 65 meses.

Finalmente, Víctor Ernesto Chaparro Jiménez, quien se desempeñaba como tramitador, fue condenado por el delito de estafa agravada y deberá pagar una pena carcelaria de 6 años y medio, al igual que una multa de 300 smlmv.

En la decisión del juzgado también fue aceptada la solicitud de la Fiscalía de cancelar las matrículas de estos vehículos.

Las sentencias fueron proferidas  por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja.

Estos resultados hacen parte de la política anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, Plan Bolsillos de Cristal.