Exconsejero presidencial y alcalde de Montería, llamados a juicio por sobrecostos
Exconsejero presidencial y alcalde de Montería, llamados a juicio por sobrecostos
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
Exconsejero presidencial y alcalde de Montería, llamados a juicio por sobrecostos en coliseo Happy Lora, El Espectador conoció el documento, radicado hace un par de semanas, en el que se asegura que Carlos Correa y Marcos Pineda guardaron silencio frente a las irregularidades en la remodelación del coliseo.
En Montería, desde la comunidad hasta la clase política le adjudican el renacimiento de la ciudad a una dupla: Marcos Daniel Pineda, actual mandatario, y Carlos Eduardo Correa, quien ejerció el cargo entre 2012 y 2015 y fue hasta hace poco el consejero presidencial para las Regiones. Los dos, sin embargo, hoy enfrentan un proceso judicial por presuntas irregularidades en la remodelación del coliseo Happy Lora. En libertad, se defienden de las acusaciones por los posibles sobrecostos en los trabajos de reconstrucción del escenario deportivo, asunto que parece no tener reversa: hace un par de semanas se radicó su llamado a juicio. (Le puede interesar: Fiscalía llamó a juicio al alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda)
En el escrito de acusación de 50 páginas, el ente investigador señala que Pineda y Correa no tomaron medidas para evitar un detrimento del erario.“Con su silencio se avalaron los incumplimientos de un contrato que perjudicó a Córdoba, no han explicado cómo fue que se invirtieron recursos en unas obras que no se entregaron a tiempo”, señala el ente acusador.
El lío judicial comenzó en 2012, cuando Montería fue escogida para ser la sede de los Juegos Deportivos Nacionales. El Gobierno Nacional autorizó el giro de recursos para adecuar toda la infraestructura deportiva de la ciudad y se firmaron dos convenios interadministrativos. El primero, el 30 de diciembre de 2011, entre la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería, y el segundo, el 25 de junio de 2012, entre la Alcaldía y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social. Sin embargo, según la Fiscalía, en ambas contrataciones se denunciaron irregularidades que llevaron a incumplimientos en la obra y cambios de diseño, y se habrían alterado documentos.
Para el caso puntual de Marcos Daniel Pineda, la Fiscalía afirma que, en su función de alcalde, autorizó el giro de dineros sin que la obra se hubiera realizado en las condiciones acordadas. “En su administración, señor Marcos Daniel Pineda, el 18 de agosto de 2016 se giró la suma de $2.337 millones con el comprobante 58 de DNP5 con una obra que finalmente se entregó sólo en el mes de junio de 2017”. Es decir, la obra que debía estar lista para los Juegos Nacionales la recibió Montería cinco años tarde y, lo peor, señala la Fiscalía en su escrito, “fue entregada a la comunidad con pendientes por realizar”.
Dicho de otra manera, la obra no era ejecutable conforme a los estudios previos elaborados por la Gobernación y adoptados por el convenio. “Bajo tales circunstancias contractuales, el proyecto devenía en inconveniente para los fines de la contratación estatal y usted [Marcos Pineda] lo sabía, infringiendo con ello las normas constitucionales y legales ya citadas”, señaló la Fiscalía.
En cuanto a Carlos Eduardo Correa, quien hasta hace unos meses se desempeñó como consejero presidencial para las Regiones, fue acusado por las irregularidades en la firma del contrato entre la Alcaldía y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social. “Con su silencio se avalan los incumplimientos del Fondo Mixto que fueron visibles desde el inicio del convenio 013 de 25 de junio de 2012, no sólo en su desarrollo, sino en el desconocimiento de todos los lineamientos propuestos en el mismo texto del convenio”. (Le puede interesar: Carlos Correa: «espero demostrar mi transparencia»)
Para la Fiscalía, con estas omisiones, presuntamente permitidas por Correa, se dio lugar a demoliciones no autorizadas, “desapareció un edificio administrativo existente, columnas y vigas que no debían demolerse, cambios en los diseños de la obra, carencia de personal en las labores realizadas y suspensiones injustificadas de la obra”.
Las irregularidades en la firma del convenio, según el ente investigador, llevaron a que se registrara un faltante por más de $3.000 millones: “La apropiación de dineros para el Fondo Mixto, de acuerdo con el análisis de documentos, así como lo expuesto por la Contraloría y hallazgos desde la Dirección Nacional de Planeación, establece un faltante no soportado de $3.506’500.000”.
Ante estos señalamientos, el abogado Andrés Garzón señaló que tendrán las pruebas para desvirtuar la acusación del ente investigador en contra de Carlos Eduardo Correa. “La Fiscalía tendrá que probar sus afirmaciones en juicio. Ya un juzgado en Bogotá, al momento de negar por segunda vez una nueva solicitud de medida de aseguramiento, resaltó las falencias de la Fiscalía en la acusación. Estamos en el proceso de recolectar las pruebas. Vamos a demostrar que no hubo ningún detrimento. La obra está para el disfrute de los ciudadanos”.
A su turno, el abogado Iván Cancino, quien representa al actual alcalde de Montería, Marcos Pineda, señaló que la Fiscalía no tiene sustento para este llamado a juicio, pues “insiste en llevar a cabo una acusación en un caso inexistente desde el punto de vista penal. La defensa y los jueces han manifestado que no se cometió ningún delito. Se demostrará que todas las acusaciones carecen de sustento. Hay que preguntarle a la fiscal del caso cuál es interés de seguir con este proceso”.
La acusación también va en contra de Pascual Guerrero Arana, director ejecutivo del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social; Samuel Eduardo Mora, funcionario de la interventoría; Gilmar González Mora, funcionario de la interventoría, y Carlos Enrique Angulo Martínez, entre otros exfuncionarios para la época de los hechos. Asimismo, se compulsaron copias a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, para que investigue la posible participación de los entonces gobernadores Martha Sáenz Correa y Alejandro José Lyons Muskus, quien está en trámite de llegar a un acuerdo con la Fiscalía por otros actos de corrupción cometidos en su mandato.
