Exfiscal de ‘Cartel de la Toga’ no irá preso y pagará $ 34 millones

El exfiscal Alfredo Bettín fue condenado por retardar 6 años la imputación al exgobernador Abadía.

La Corte Suprema de Justicia condenó al exfiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettín Sierra por retrasar la imputación de cargos contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía. La Sala de Juzgamiento en Primera Instancia lo condenó por prevaricato por omisión aunque, por virtud de un preacuerdo, pagará la pena por abuso de autoridad.Â

Al cambiarse el delito por el que se le profiere la condena, Bettín no irá a prisión sino que fue condenado a pagar una multa de 34 millones de pesos, y también fue inhabilitado por 450 días para ejercer cargos públicos. La multa deberá pagarla tan pronto quede en firme la sentencia.

El proceso penal contra Bettín se inició porque en su despacho estaba una investigación contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía por irregularidades en un contrato de dotación de bibliotecas escolares en el departamento, negocio que se firmó por 1.071 millones de pesos.

En la indagación, ese despacho encontró irregularidades como sobrecostos en el contrato que superaban los 800 millones de pesos. En octubre del 2011 la fiscal de apoyo de Bettín proyectó una decisión para imputarle cargos al exgobernador.

En septiembre del 2013 otra fiscal auxiliar del despacho de Bettín le presentó un proyecto nuevo de imputación a Abadía. Todas esas imputaciones quedaron congeladas porque en octubre del 2014 Juan Carlos Abadía contrató como abogado a Luis Gustavo Moreno Rivera, para que lo defendiera en el proceso.

Con ayuda de Luis Gustavo Moreno, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte se contactó con el entonces fiscal Bettín Sierra para pedirle que archivara la indagación contra el exgobernador.

El exfiscal, según dice el expediente, se negó a archivar el caso pero postergó la imputación contra Abadía por más de cuatro años a pesar de que tenía las pruebas y evidencias para imputarle cargos.

«Se encuentra objetivamente probado que el entonces fiscal Bettín Sierra retardó un acto propio de sus funciones, como era hacer la formulación de imputación en contra de Juan Carlos Abadía, dentro del proceso seguido por los delitos de peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por contar desde varios años antes con los elementos probatorios y evidencia necesarios para ese propósito», dice el fallo.

Para retrasar el caso, a pesar de que Abadía ya había sido interrogado, el fiscal Bettín ordenó repetir tres veces el interrogatorio, adelantando el último el 25 de enero del 2017 en la oficina del entonces abogado (ya había salido de la Corte Suprema) José Leonidas Bustos Martínez.

El tiempo pasó hasta que el Fiscal Coordinador de la Unidad de la Fiscalía Delegada ante la Corte le dijo a Bettín que todos los investigados por los mismos hechos de Abadía ya habían sido incluso condenados, y lo cuestionó porque contra Abadía no avanzaba el caso.

Es por esto que a finales del 2016, Bettín le dijo a Ricaurte que debía imputarle cargos, imputación que radicó en noviembre del 2016, diligencia que se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá en marzo del 2017.

Ante estos hechos, Bettín llegó a un preacuerdo con la Fiscalía el 4 de junio del 2019 en el que se comprometió a aceptar su responsabilidad a cambio de que no se le impusiera la pena por el delito de prevaricato por omisión, sino la pena que corresponde al delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.Â

El exfiscal ofreció colaborar en los procesos contra Francisco Javier Ricaurte por el tráfico de influencias que ejerció para favorecer a Abadía. También, dijo que colaboraría para testificar contra Abadía por buscar decisiones favorables de la justicia, así como contra Leonidas Bustos.

Las declaraciones de Luis Gustavo Moreno en el caso Bettín

Uno de los testimonios que se tuvo en cuenta en el proceso contra Bettín es el del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien estuvo involucrado en el denominado ‘Cartel de la Toga’, y quien fue abogado de Abadía.

Según dijo, «Pacho», es decir, Francisco Javier Ricauarte era quien hablaba directamente con Bettín. «Le contó que con esa administración tenía que sacar la imputación de Juan Carlos Abadía. Se hizo todo lo posible por frenarla y toda esa información era la que le daba Bettín a Pacho y Pacho se la transmitía a Abadía».

Moreno también dijo en sus testimonios que el favorecimiento a Abadía se complicó cuando el entonces Fiscal Coordinador de la Unidad de la Fiscalía Delegada ante la Corte, Fabio Espitia, lcomenzó a presionar a Bettín para que sacara la imputación contra el exgobernador, cuestionándolo porque el proceso estaba quieto.

«Entonces Pacho le dice a Juan Carlos que hay que ahora darle poder al doctor Bustos. Nuevamente se cobran honorario creo que de 600  millones, sobre la base de que el doctor Bettín era el que instruía las indagaciones. Por eso Juan Carlos se ve obligado a continuar con poder del doctor Leonidas Bustos y con ese propósito incluso le muestra manejo, porque el doctor Bettín cuenta la presión que se tiene. Ya la preocupación no eran los archivos sino evitar una imputación donde el doctor Fabio Espitia estaba detrás de ese expediente».

Entonces, dijo Moreno, el compromiso con Bettín era que «por nada del mundo» se tratara de sugerir una medida de aseguramiento contra Abadía».

En las declaraciones, Moreno también dijo que estaba convencido de que Bettín no recibía dinero «y no recibía dinero porque él no participaba de las reuniones cuando se hablaba de honorarios ni en la distribución de los dineros se le daba ningún porcentaje.ÂEl actuar del doctor Bettín estaba sujeto a la permanencia en su cargo».