Exministra Cecilia Álvarez-Correa no aceptó cargos por el caso Odebrecht

Luego de que la exministra de Transporte y de Comercio Cecilia Ávarez-Correa Glen no aceptó los cargos imputados, el magistrado dio por concluida la audiencia.

Finalmente, el magistrado del Tribunal de Bogotá Efraín Adolfo Bermúdez le preguntó a la exfuncionaria si aceptaba o no los cargos imputados, a lo que ella tajantemente respondió que no.

Con su negativa, este proceso, en el cual por ahora la Fiscalía no pidió medida de aseguramiento, seguirá a juicio.

Ante algunas preguntas del magistrado que dirigió la audiencia para aclarar aspectos de la imputación, la Fiscalía aclaró que el interés indebido imputado habría sido en favor de terceros, y que el ente acusador no puede señalar, porque no está probado, si la exministra tuvo un incremento patrimonial por ello.

Luego de esto, el magistrado preguntó a todos los intervinientes si habían entendido la imputación, y todos, incluyendo a Álvarez-Correa, dijeron que sí.

Tras culminar su relato, el fiscal Gabriel Jaimes le indicó a la procesada que, si decidiera aceptar los cargos imputados, podría acceder una rebaja de pena con la cual la eventual condena iría entre 51 y 70 meses de cárcel.

También tendría una multa de entre 65,5 y 91 salarios mínimos mensuales. y una inhabilidad para ocupar funciones públicas de entre 40 y 108 meses.

Tras explicar los intereses de la exministra, tanto personales, por su relación con Parody, como profesionales, pues la única entrada a donde se construiría el puerto fluvial era la vía Ocaña-Gamarra, la Fiscalía señaló que Álvarez-Correa “actuó de forma dolosa, sabía que su actuar era ilícito en razón de sus funciones como ministra y por el concepto del Consejo de Estado. Tuvo un claro conocimiento e interés en violentar las normas, dándole prevalencia a intereses privados o particulares”.

Para la Fiscalía, la exministra convalidó irregularidades sustanciales en los otrosíes 3 y 6. Sobre el otrosí 6, para este la concesionaria debía cumplir con unas condiciones a las que solo ella podía darles vía libre, como la autorización para dos nuevos peajes. “A pesar de la ilegalidad que conocía, prefiriendo sus intereses privados, profirió resolución de concepto vinculante para dos peajes (…) Ella coadyuvó para que el pacto ilícito entre la ANI y Ruta del Sol pudiera ejecutarse”.

Sobre el otrosí 6, la Fiscalía recordó que la Ministra le preguntó al Consejo de Estado que le respondió que las obras adicionales son las excepcionales para cumplir el objeto contractual inicial. “Por ese concepto ella sabía que era inviable adicionar el otrosí 6” porque el objeto de la Ruta del Sol II era conectar el centro del país con la costa, y el otrosí 6 buscaba conectar Norte de Santander con Cesar, es decir, el oriente y el este del país, por lo cual debía hacerse un contrato separado.

El fiscal Jaimes se refirió a los otrosíes 3 y 6 como ilegales y dijo que aún sabiéndolo, la exministra Álvarez-Correa los coadyuvó y operacionalizó en detrimento de los intereses del país pero para cumplir los suyos propios.

“A pesar de haber declarado esos impedimentos, Cecilia Álvarez termina interviniendo en los dos ministerios en varias operaciones de la Ruta del Sol II y el otrosí Ocaña-Gamarra”, sostuvo el fiscal. Para el ente investigador, con sus intervenciones ella “favoreció el proyecto fluvial en el que tenía interés personal. Lo peor de todo es que era tanto el interés que tenía Cecilia Álvarez que intervino en sucesivas actuaciones irregulares en el contrato”.

El fiscal Jaimes sostuvo que para la época de los hechos, Álvarez-Correa tenía una relación sentimental con la también ministra Ginna Parody, cuyos familiares tenían, supuestamente, algunos intereses en la vía.

Así pues, la exmincomercio tenía unos intereses de tipo personal, pero también de tipo profesional, señaló la Fiscalía, por cuando desde 2010 ella hacía parte de empresas privadas interesadas en construir un puerto.

Por esos intereses ella presentó en su momento unos impedimentos.

Tras presentar la línea de tiempo de los hechos, el fiscal Jaimes señaló que la exministra no participó en la etapa precontractual, por lo que la Fiscalía, pese a destacar algunas irregularidades en los otrosíes 3 y 6, no imputa el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos, sino el de interés indebido en la celebración de contratos. «Usted participó con un interés particular en actuaciones directas dentro de la operación contractual que ponen de presente un actuar doloso”, indicó Jaimes.

La Fiscalía señaló que el 14 marzo de 2014 la ANI y la concesionaria Ruta del Sol suscribieron el otrosí 6 para adicionar el tramo Río de Oro-Aguaclara-Gamarra , siempre que la consecionaria cumpliera con condiciones como la autorización del Mintransporte para subir los precios de varios peajes e instalar dos nuevos. Ese otrosí también modificó el plazo total del contrato a 25 años. El 26 julio 2014 la ministra Álvarez-Correa expidió resolución con el concepto previo para los dos peajes nuevos.

El 2 de agosto de 2013 Sala de Consulta del Consejo de Estado respondió a la pregunta de la exministra aclarándole la irregularidad de las adiciones a contratos vigentes cuando estas excedían el objeto del contrato, o si estas se pretendían usar para evadir un procedimiento obligatorio o el cumplimiento de una norma.

El fiscal continuó presentando una línea de tiempo sobre las presuntas irregularidades, por ejemplo mencionó que el 4 enero de 2013 Corpocesar expidió una resolución que otorga a la Sociedad Portuaria Andalucía la licencia ambiental para la construcción del puerto; el 25 enero 2013, Álvarez-Correa se declaró impedida para integrar el Conpes para aprobar la expansión portuaria, pero tiempo después elevó una consulta a Sala Consulta del Consejo de Estado sobre la prórroga de contratos.

Según la Fiscalía, desde 2010 Cecilia Álvarez-Correa sabía que había estudios para la construcción de un puerto fluvial en Gamarra, Cesar, pues hacía parte de la junta directiva de Cartagena II SA, sociedad que pretendía hacer ese puerto. También sabía de la importancia para el futuro puerto de que hubiera cercanía con la Ruta del Sol II. El 13 julio de 2011 la exfuncionaria tomó posesión como gerente del Fondo de Adaptación y para ese momento ya sabía de la intención de hacer un puerto.

El fiscal Gabriel Jaimes comenzó por señalar que la imputación es por actuaciones de Álvarez-Correa como Ministra de Transporte y como Ministra de Comercio. Luego contextualizó la contratación alrededor del tramo II de la Ruta del Sol, en donde se habrían presentado los delitos, y mencionó que los hechos relevantes en el caso ocurrieron en los otrosíes 3 y 6 que se hicieron al contrato de Ruta del Sol II.

Pocos minutos después de arrancar la diligencia, la abogada Ingrid Parrado se conectó y le manifestó al magistrado que la Agencia Nacional de Infraestrcutura (ANI) desea constituirse como víctima en este proceso.

El magistrado le respondió que este no es el momento procesal para ello, pues se está en una etapa preliminar, pero le permitió seguir en la diligencia como pretendida víctima.

Sobre las 9:10 de la mañana, tras superar unos impases técnicos, pues la misma se realiza de manera virtual, comenzó la audiencia de imputación ante el magistrado del Tribunal de Bogotá Efraín Adolfo Bermúdez.

A la diligencia, además de Álvarez-Correa, asiste su abogado Guillermo Puyana, el procurador José Fernando Ortega, y el jefe de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, quien lleva el caso.