El expediente de la mermelada tóxica que salpica a un senador

Alcaldes, diputados y contratistas desfilaban por una oficina privada que era propiedad del exfuncionario de Coldeportes Carlos Hernán Rivera Lozano, quien ofrecía el paquete completo para que plata de cupos indicativos de congresistas fuera a parar a sus regiones tras una cadena de pago de coimas.

El exfuncionario fue uno de los ocho capturados por la Fiscalía en la operación Mermelada Tóxica y señalados de integrar una organización criminal que se lucró de la firma de un convenio para construir una cancha de fútbol por 3.491 millones de pesos en El Peñón, Bolívar. Por ese caso, el ente investigador compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al senador Antonio José Correa, quien habría recibido el pago de una coima del 12 por ciento del contrato.

Un testigo le dijo a la Fiscalía que en la oficina funcionaba Constru Sport S. A. S., firma controlada por Rivera, que conseguía la mayor parte de “los negocios en Coldeportes” y quien negociaba los cupos y prestaba asesoría técnica para que los proyectos fueran aprobados.

Así aparece en la macroinvestigación de la Fiscalía, que ya tiene avanzados otros capítulos judiciales que comprometen a otros políticos y que por primera vez les ponen la lupa a las partidas presupuestales “que asigna discrecionalmente el Gobierno a los congresistas” y que estarían siendo usadas irregularmente.

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En sí misma, esa asignación de cupos no es ilegal, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional. Pero los organismos de control tienen por primera vez pistas claras sobre el saqueo de algunas partidas y además el lucrativo negocio de la venta de los cupos indicativos, lo que explica por qué en algunos casos políticos que nada tienen que ver con una región terminan llevando obras a esos lugares.

La Fiscalía asegura que se detectó que particulares y mandatarios regionales, incluso gobernadores, supuestamente acudieron a oficinas expertas en la estructuración de proyectos que canalizan plata de entidades como Coldeportes�y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

“Normalmente, a la oficina llegaban los proyectos que no habían sido aceptados por Coldeportes. Como los proyectos se elaboraban sobre el tiempo límite porque las convocatorias se realizaban en fechas límite, muchos municipios radicaban solo para obtener el radicado sin cumplir requerimientos. Ya con el radicado el alcalde buscaba al político que tuviera el cupo”, dijo un testigo. En una grabación en poder de la Fiscalía se escucha a dos de los capturados que hablan de un senador “que tiene unos cupos y que tienen citas con cuatro alcaldes para conseguir la viabilidad de algún proyecto en sus municipios”.

Reuniones en el Congreso

“Él (el senador Antonio José Correa) está pidiendo el doce (por ciento) del monto total y de eso está pidiendo que necesita como el 60 por ciento ya, porque empezó el tema político. Yo le había propuesto que con la firma del convenio no había problema, pero él dice que está afanado y que necesita para el viernes una plata. Yo tendría el 50 por ciento de la parte de nosotros, pero yo nunca he trabajado con él y me da cosa”.

Esa es una de las interceptaciones en las que la intermediaria Vanessa Margarita Martelo, otra de las capturadas, habla con el contratista Carlos Celestino Martelo sobre la coima que tendrían que pagar al congresista como parte del negocio con el cupo para la cancha de El Peñón. El contratista le respondió que llamara al congresista: “Listo, le damos eso, pero que nos salga a hablar y lo cuadramos”.

En el expediente hay conversaciones entre Martelo y Mariela Margarita Trujillo, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Correa en las que incluso coordinan una cita en la oficina del parlamentario. La Fiscalía señaló que “el senador direccionó un proceso contractual en el que se presentaron irregularidades” y por eso le pide a la Corte que lo investigue.�

En mayo de 2017, un año antes de que se suscribiera el contrato, dice la Fiscalía, hay evidencias de reuniones entre el senador, la funcionaria de su UTL y uno de los socios de la empresa que se ganó el contrato. Igualmente se afirma que el senador habría recibido dos pagos, el primero en mayo de 2017 y el segundo tras la firma del convenio.

La Fiscalía estableció que hace apenas unos meses, Mariela Margarita Trujillo, la funcionaria del congresista, habla con otras personas sobre la existencia de otros contratos por 5.100 millones de pesos para otros municipios. Incluso hablan de nuevos convenios que estarían tramitando con alcaldes de varias regiones del país.