Por fallos sistema de salud tiene embargados más de $300.000 millones
Por fallos sistema de salud tiene embargados más de $300.000 millones
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Constitución dice que no se pueden embargar, pero particulares se estarían quedando con dinero.
Al menos 300.000 millones de pesos que deberían ser usados para prestar el servicio de salud a los 24.000 afiliados actuales del sistema irían a parar a los bolsillos de particulares que han logrado que jueces ordenen embargar cuentas que, según la Constitución, no pueden ser tocadas.
Ese grave panorama, que terminaría ahondando la actual crisis del sistema de salud, fue denunciado por la Procuraduría General, que incluso advirtió que esa plata ya no está a disposición de las instituciones prestadoras de salud (IPS) y empresas prestadoras promotoras de salud (EPS), sino en depósitos judiciales.
Según el artículo 48 de la Constitución, los dineros del sistema general de seguridad social en salud no se pueden embargar ni utilizar en otros gastos distintos a la atención de los afiliados.
No obstante, la cifra de embargos ha llegado a los 500.000 millones de pesos. Este monto de embargos ha venido bajando, en parte como consecuencia de una circular de la Procuraduría emitida el 8 de junio de este año y que exhortaba a los jueces del país a que frenaran decisiones que comprometieran los recursos de la salud y pusieran en riesgo la atención en salud de los colombianos.
Fallos benefician a pocos
La Procuraduría evidenció que en muchos de los casos fallados por jueces civiles del país, los beneficiados son los mismos abogados que ya han sido identificados en Sincelejo (Sucre) y están siendo rastreados en Mocoa (Putumayo) y Valledupar (Cesar), donde era similar el modus operandi.
Luis Adolfo Diazgranados, procurador delegado para Salud, explicó que se detectó, por ejemplo, que en algunas ciudades hay juzgados que tienen el récord de órdenes de embargo que benefician a los mismos abogados.
En Sincelejo hay cuatro juzgados que han emitido ese tipo de fallos, y, según la Procuraduría, uno de ellos lo ha hecho en más de la mitad de los casos bajo la lupa.
Se trata del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo, que solo en un caso ordenó el embargo de cerca de 11.000 millones de pesos, que tenían como destino la ESE Hospital Universitario de Sincelejo.
La mayoría de las reclamaciones estaban firmadas por el mismo abogado, y aunque las deudas en ese caso no superaban los 4.000 millones de pesos, el juez ordenó que el embargó al hospital fuera por más del doble.
Según los hallazgos de la Procuraduría, en el caso puntual de Sincelejo se prestaron al hospital, entre otros, servicios de aseo y tecnología, y luego de que el centro asistencial se colgara en los pagos aparecieron los abogados y consiguieron que los acreedores les otorgaran poder para demandar y cobrar el dinero.
Después interpusieron las demandas respectivas, que fueron a parar casi todas al Juzgado Tercero Civil, el cual decretó los embargos que hoy tienen en problemas al centro asistencial.
La Procuraduría cuestionó que las decisiones pueden llegar a ser tan polémicas que no solo ordenan el embargo de cuentas, sino que determinan que otros pagos que hacen las EPS por servicios prestados no se hagan al hospital, sino que vayan directamente a los depósitos judiciales.
“Otro punto es que el abogado cobraba el crédito del depósito judicial, pero no se levantaba el embargo, y así se iba acumulando el dinero de otras demandas”, dijo Diazgranados, y agregó que también genera sospechas que haya registros de que un mismo abogado haga retiros en efectivo de ese depósito por casi 600 millones de pesos en un mismo día.
Otra de las arbitrariedades evidenciadas es el embargo del giro que la Gobernación de Sucre hace al hospital para la atención de la ‘población pobre no asegurada (PPNA)’, dejando al centro sin recursos para atender a estas personas.
En Mocoa, la Procuraduría investiga presuntas irregularidades que comprometen al menos 10.000 millones de pesos de la salud, y en Valledupar se indaga, incluso, si hubo alteración de facturas que sustentan millonarios cobros y demandas.
Según la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), en más de 20 departamentos hay órdenes de embargo a recursos de la salud. Carlos Mario Ramírez, director de la Adres, cuestiona que solo tres departamentos –Bolívar, Cesar y Atlántico– concentren el 40 por ciento de todos los embargos del sistema.
Ramírez alertó acerca de que no solo se están embargando hospitales e IPS, sino que también hay decisiones que comprometen cuentas maestras de pagos de EPS, es decir, cuentas a las que la Adres gira el dinero del Gobierno que les corresponde según el número de afiliados que tienen.
Así mismo, se han congelado recursos que están en las cuentas en las que las EPS recaudan el pago de la cotización de los afiliados.
Esta última irregularidad es mucho más grave, explicó el director de la Adres, si se tiene en cuenta que aunque esas cuentas están registradas a nombre de las EPS, el dinero no es parte de su patrimonio, sino que pertenece al sistema de salud, por lo que los dineros que allí están consignados son de todos los colombianos.
Según las cifras de la Adres, las EPS con el mayor número de demandas son Saludvida con 63 casos, Emdisalud (19), Coomeva (19), Solsalud (17) y Cafesalud, que hoy es Medimás, con 15.
Mientras que las IPS con el mayor número de demandas que ya tienen orden de embargo son el Hospital Universitario de Sincelejo con 41 casos, Previmedic (34), la Clínica Santa Teresa (15), la Clínica La Merced (4) y la ESE Municipal de Magangué, Bolívar, con 9 procesos.
Las investigaciones disciplinarias de la Procuraduría ya tienen capítulos judiciales en la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo Superior de la Judicatura, al cual se compulsaron copias sobre los hallazgos.
